Por Pablo Emilio Obando Acosta
peobando@gmail.com
Escuchamos en diferentes medios periodísticos la denuncia formulada por el alcalde del municipio de Pasto, doctor Nicolás Toro Muñoz, sobre amenazas recibidas por parte de mafias conformadas por extranjeros, debido a su valerosa y oportuna defensa del espacio público.
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Este hecho obligó a solicitar medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección –UNP–, de autoridades de policía locales y de organismos de seguridad. Igualmente, se determinó una reubicación domiciliaria como medida que permita garantizar la vida del alcalde municipal. Su familia tuvo que salir de la ciudad y se incrementó la seguridad en las instalaciones de la Alcaldía de Pasto.
Lo insólito es que la UNP exige que sea el mismo municipio quien adquiera los elementos de seguridad y se haga cargo de otras medidas como camionetas blindadas, gasolina y otros medios de protección que al municipio de Pasto le significarían la derogación de más de veinticinco millones de pesos mensuales. Lógicamente, y ante estas exigencias, se opta por acudir a la protección de la Policía Metropolitana.
Más insólito aún es que se deje a su suerte, por parte de la UNP, a un mandatario seccional que, como es lógico, vive y padece una tragedia personal que sobrepasa y alcanza los lazos familiares. Una insensibilidad que bien puede catalogarse como negligencia estatal ante una eventual situación de peligro del doctor Nicolás Toro Muñoz.
Estas actitudes indolentes, inhumanas y estremecedoras son más comunes de lo que se piensa, al punto que muchos líderes asesinados dejaron constancia de amenazas y ultrajes contra su humanidad. El desenlace fatal es nota característica y las reacciones institucionales, tardías y fatales.
Personalmente, debo exponer, una vez más, la indiferencia e indolencia de la actual secretaria de educación municipal, Piedad Figueroa, quien, enterada de múltiples amenazas, actos cruentos y peligrosos en contra de mi integridad personal y emocional –debidamente sustentados y formulados en medios periodísticos–, se limita a ignorarlos, desestimarlos y menospreciarlos. No toma medida alguna, exponiendo al peligro a niños, docentes y comunidad educativa en general, por cuanto algunos de los actos de amenaza y agresión se realizaron en las instalaciones educativas del municipio de Pasto.
Más doloroso aún es que una rectora de institución educativa, conociendo los hechos punibles ocurridos en el plantel bajo su responsabilidad administrativa, se limite a expresar que la debida protección y seguridad del personal docente no es de su competencia, y en consecuencia deje expuestos a sus docentes al escarnio público y quizá a un desenlace funesto y fatal. Falta de humanismo, sensibilidad y carisma directivo. Total anticristianismo ante la angustia y el dolor humano que se cierne sobre un docente que denuncia actos que involucran a la institución. Afortunadamente, la valerosa expresión de una docente, integrante del Consejo Directivo, ha dejado constancia de ese actuar que raya con lo criminal y macabro.
Nuestra solidaridad con el doctor Nicolás Toro Muñoz ante esta insensibilidad institucional del Estado colombiano, de funcionarios ajenos al dolor humano, faltos de empatía por la angustia ante hechos tan deplorables y carentes del pudor necesario que les permita aliviar ese momento tan angustioso para un ser humano, cuyo delito consiste en velar por el bien público o denunciar los atropellos contra una sociedad.
Pésimo actuar de la UNP, de una secretaria de educación municipal y de una rectora que se constituyen en una expresión de indolencia y negligencia administrativa. Pero más que eso, de ausencia de humanismo y sentido cristiano. Esperamos que las medidas adoptadas por el alcalde del municipio de Pasto impidan un desenlace fatal.
En mi simple condición de maestro de escuela, únicamente me resta elevar una plegaria ante tantas amenazas que interrumpen mi pluma, impidiendo el libre ejercicio de la libertad de expresión y condenándome a una autocensura como única medida de protección.
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