Una grave situación de orden público azota al municipio de Linares, en el occidente del departamento de Nariño, donde los recientes combates entre grupos armados ilegales han desencadenado un éxodo masivo de campesinos y un panorama de zozobra. La tensión en la región alcanzó un punto crítico tras el trágico descubrimiento de dos cadáveres en avanzado estado de descomposición en un sector rural del municipio.
El macabro hallazgo fue realizado en el sector conocido como La Golondrina, perteneciente a la vereda Parapetos. Campesinos que transitaban por senderos boscosos alertaron a las autoridades tras percatarse de fuertes olores. De acuerdo con las primeras hipótesis, las víctimas —un hombre y una mujer de entre 20 y 30 años— habrían fallecido en medio de las intensas confrontaciones del pasado 11 de mayo. Sin embargo, la inspección técnica de los cuerpos se retrasó debido a la inestabilidad de la zona y a las dificultades topográficas.
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Los violentos choques se libran principalmente entre grupos ilegales. Estos grupos disputan a sangre y fuego el dominio de corredores estratégicos esenciales para el tráfico de narcóticos y el cobro de rentas ilícitas.
Éxodo campesino y crisis en el coliseo
El impacto de las hostilidades sobre la población civil es devastador. Según el censo consolidado de las autoridades, al menos 415 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en veredas como Tambillo de Bravos, Pueblo Viejo, Parapetos, La Cocha, Providencia, Bella Florida, Oratorio y el sector de El Arenal. Los desplazados han buscado refugio en el coliseo municipal y el polideportivo de Linares, compartiendo colchonetas e insumos básicos en condiciones de hacinamiento. Paralelamente, se estima que al menos 40 personas de unas 10 familias permanecen bajo confinamiento estricto en las veredas afectadas, incapaces de huir debido al peligro circundante.
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A la gravedad del desplazamiento masivo se suma una alarmante degradación de las tácticas bélicas en el territorio. Los habitantes del sector han denunciado ataques directos mediante artefactos explosivos lanzados desde drones, los cuales impactaron las instalaciones de dos escuelas rurales. Asimismo, la siembra indiscriminada de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados en las vías y caminos veredales impide un retorno seguro de los campesinos a sus parcelas agrícolas en el corto plazo.
Solidaridad ante la lentitud institucional
El alcalde de Linares, Iván Zambrano Lucero, junto con líderes locales, activó los protocolos de emergencia de manera inmediata. No obstante, ante la alarmante demora de ayudas humanitarias centralizadas por parte de los gobiernos departamental y nacional durante las primeras 72 horas, la supervivencia de los refugiados dependió por completo de la solidaridad ciudadana. Habitantes del casco urbano, colonias linareñas en Pasto y comunidades de municipios vecinos como Ancuya y Sandoná se movilizaron para suministrar víveres y abrigo. La administración local y líderes sociales incluso crearon una cuenta de donación virtual auditada por la parroquia local para la compra de alimentos y kits de aseo.
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Por su parte, el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, justificó la dilación en la asistencia argumentando que la información formal del desplazamiento masivo no fue recepcionada por la gobernación sino hasta el martes 12 de mayo.
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Para tratar de mitigar la crisis y asegurar el orden público de cara a las próximas elecciones presidenciales fijadas para el 31 de mayo, la Gobernación de Nariño y el secretario departamental de Seguridad, Alex Javier González, confirmaron el despliegue de tres unidades militares pertenecientes a la Brigada 23 del Ejército Nacional para custodiar la zona. A pesar de los patrullajes preventivos de la Fuerza Pública, el temor y la incertidumbre continúan latentes entre los habitantes, quienes claman por una intervención estatal de largo plazo que devuelva la paz definitiva a la región.
Investigación realizada con Gemini
Con información de El Tiempo, El País, Informativo del Guaico
Foto: Alerta Nariño
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