Crónica de una Ira Sagrada: El Levantamiento de los Comuneros del Sur de 1800

El viento frío de la sabana de Túquerres siempre ha arrastrado murmullos de azufre, de fe y de antiguas rebeliones. En mayo de 1800, bajo la mirada imponente de los volcanes andinos, la opresión fiscal de la Corona española y el despotismo colonial encendieron una chispa que la historia oficial tardó siglos en reconocer.

Esta es la crónica del historiador Enrique Herrera Enríquez, de aquellos días de furia e insurrección popular que sacudieron la Provincia de Los Pastos.

El Domingo de la Discordia (18 de mayo de 1800)

La mañana en Guaitarilla amaneció expectante, cargada de una tensión silenciosa. Los murmullos corrían de casa en casa: los Clavijo, amparados por la complicidad de los párrocos locales, planeaban imponer una nueva y asfixiante tributación. No bastaban ya los diezmos tradicionales aplicados al maíz, el trigo y la papa. El decreto de “recudimiento de diezmos”, ideado por la Real Audiencia de Quito para costear las lejanas guerras de España contra Inglaterra, extendía ahora sus garras sobre las hortalizas y, lo que colmó la paciencia comunal, sobre los cerdos, las aves de corral y los prolíficos cuyes. El cuy, sustento alimentario y ritual indispensable de la comunidad de Los Pastos, pasaría a ser objeto del recaudo real.

Aquella mañana, el templo de Guaitarilla estaba a reventar. El cura doctrinero, Jacinto Rivadeneira, subió al púlpito dispuesto a cumplir con la orden real enviada por el corregidor de la provincia, Francisco Rodríguez Clavijo. Con tono solemne, el sacerdote exhortó a la multitud a la obediencia ciega, recordando que el poder de los reyes proviene de Dios, y procedió a dar lectura al pliego impositivo.

Pero el espacio sagrado se quebró. Dos mujeres indígenas de origen campesino, Manuela Cumbal y Francisca Aucú, se abrieron paso con determinación entre la feligresía, subieron decididas al presbiterio y confrontaron al clérigo. Con las manos firmes y la indignación de su pueblo a cuestas, le arrebataron el decreto real, lo rompieron con energía frente al altar y lo pisotearon ante la mirada atónita del sacerdote.

—¡No pagaremos! ¡Abajo el mal gobierno! —gritaron al unísono, desatando la tormenta contenida.

La iglesia se convirtió en un torbellino. Afuera, la plaza estalló. Los bastones de mando de madera golpeaban rítmicamente el suelo, las campanas de la iglesia repicaban a rebato y el estruendo de los churos y los antiguos tambores de guerra indígenas comenzó a resonar por toda la sabana. En medio del alzamiento, Lorenzo Piscal tomó su tambor y se colocó al frente de la multitud. Con paso firme e incansable, organizó la marcha hacia Túquerres, el cuartel general de sus opresores.

La Marcha y el Asalto a la Villa

La indignación corrió como pólvora encendida por toda la comarca. A la furiosa columna que descendía desde Guaitarilla se sumaron presurosos los comuneros de Imués, Sapuyes, Chaitán y Yascual, consolidando un contingente de hombres y mujeres armados con lanzas, piedras y una ira acumulada por una década de abusos agrarios.

Al llegar a Túquerres, el panorama era desolador para el poder real. Francisco Rodríguez Clavijo, un corregidor forastero originario de Cartago que desde 1792 administraba la provincia con nepotismo y manejaba a su antojo el monopolio del aguardiente, el tabaco y la pólvora, observó con horror el avance de la masa insurrecta. El pueblo enfurecido asaltó su vivienda, incendió las instalaciones de la Real Fábrica de Aguardiente y se apoderó de las armas de la Corona.

El cura de Túquerres, Ramón Ordóñez de Lara, intentó desesperadamente frenar la marea humana. El sacerdote organizó una procesión apresurada, alzando la custodia sagrada e implorando piedad junto a la imagen de la Virgen de la Concepción. No obstante, los manifestantes atropellaron la comitiva religiosa, casi derriban la iconografía sagrada y obligaron al corregidor y a su hermano Atanasio a refugiarse de urgencia en el interior del templo parroquial.

El Ajusticiamiento (20 de mayo de 1800)

Durante dos días interminables, la iglesia de Túquerres permaneció sitiada por cientos de comuneros que exigían la entrega del documento impositivo original para romperlo y la destitución inmediata de los odiados funcionarios. El martes 20 de mayo, la paciencia se agotó por completo. Julián Carlosama y Ramón Cucas Remo asumieron la dirección del asalto final y forzaron la entrada del templo.

Los hermanos Francisco y Atanasio Rodríguez Clavijo se habían escondido temblando de pánico en los nichos de las imágenes religiosas de la iglesia. Desde allí fueron bajados a la fuerza por los insurrectos. En el mismo presbiterio del templo, bajo las sombras de los altares, los Clavijo fueron ejecutados a lanzazos, pedradas y garrotazos. Sus cuerpos ensangrentados fueron arrastrados fuera del recinto eclesial y expuestos en mitad de la plaza mayor de Túquerres para el escarnio público. El tercer hermano, Martín Rafael, logró escapar de la carnicería al escabullirse del pueblo disfrazado con ropas de mujer.

Al día siguiente, con los ánimos más calmados, el cura Ramón Ordóñez de Lara, tembloroso, asentó las partidas de defunción de los funcionarios ajusticiados, sepultando sus restos bajo el suelo del mismo templo que profanaron con su huida.

La Geología del Miedo y la Represión Colonial

A pesar del éxito militar de la asonada, la insurrección colapsó súbitamente a los tres días. Los dirigentes indígenas no intentaron establecer un nuevo gobierno autónomo. Sorprendentemente, apenas veinte días después del levantamiento, los cabecillas pagaron misas cantadas y un novenario solemne a la Virgen de las Lajas y al Crucifijo de Sapuyes para “obtener un resultado favorable” ante la justicia divina y terrenal.

Este inesperado giro se explica a través de la geología y la manipulación del temor sagrado. Durante las semanas posteriores a los linchamientos, la intensa reactivación volcánica de la cordillera andina (como la del volcán Azufral o el Galeras) provocó fuertes réplicas y temblores de tierra en toda la sabana. Los curas doctrineros aprovecharon el pánico geofísico de la población creyente, inculcando la idea de que los sismos eran pruebas irrefutables de la furia de Dios por el sacrilegio cometido en los templos de Guaitarilla y Túquerres. El terror metafísico de “si sufro, es porque soy culpable” desarticuló la resistencia de los resguardos, llevándolos a buscar la expiación y la entrega sumisa.

La Corona española, una vez recuperado el control militar, actuó con implacable rigor judicial. Mientras que las familias de las élites criollas locales —quienes habían azuzado la rebelión de forma indirecta para librarse de los administradores forasteros de Cartago— salieron libres de cargos, el peso de la represión recayó por entero sobre los hombros indígenas. El 22 de noviembre de 1802, Ramón Cucas Remo, Julián Carlosama y Lorenzo Piscal fueron ahorcados y cruelmente descuartizados en la plaza mayor de Pasto. Sus cabezas y manos amputadas fueron enviadas a Túquerres y Guaitarilla para ser expuestas en jaulas de hierro a la vista de todos. Por su parte, Manuela Cumbal, tras conmutársele la pena de azotes, fue condenada al destierro y a limpiar diariamente el templo de una parroquia lejana.

El Retorno del Fuego

A pesar del trágico desenlace y del terror sembrado por los verdugos coloniales, el levantamiento de los Comuneros del Sur de 1800 dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Hoy en día, el escudo municipal de Guaitarilla recuerda la gesta con el lema “Ciudad Precursora” y la leyenda “aquí nació la libertad americana”. El eco del tambor de Lorenzo Piscal, la valentía insumisa de Manuela Cumbal y Francisca Aucú, y la digna rabia de la sabana de Los Pastos permanecen grabados en la historia de la nación con la misma fuerza incandescente de la tierra volcánica que los vio luchar.

Investigación realizada con Gemini.

Fuentes consultadas: Informativo del Guaico, El Diario, Gobernación de Nariño

Foto de las estatuas de Manuela Cumbal y Francisca Aucú en el parque de Guaitarilla