El departamento de Nariño se perfila como una de las zonas de mayor vulnerabilidad electoral del país de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026, según el más reciente informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo a la Alerta Temprana 013-2025. La entidad advierte que la persistencia de grupos armados ilegales, el control territorial y la escalada de ataques contra autoridades locales configuran un escenario crítico que pone en riesgo la transparencia y la participación democrática.
Amenazas contra autoridades y líderes políticos
Uno de los hechos más graves reportados es el plan para atentar contra la vida del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, detectado por la Fiscalía General de la Nación el 31 de diciembre de 2025. A este se suma el atentado armado contra un concejal de Chachagüí, ocurrido el 26 de diciembre, cuando su vivienda fue atacada a disparos, evidenciando el avance de la violencia selectiva contra servidores públicos y líderes políticos.
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Control armado y restricciones a la participación
En las zonas rurales, el litoral Pacífico y la frontera, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), de las disidencias de las Farc, ejerce una gobernanza armada ilegal, mediante censos poblacionales, prohibiciones de reuniones políticas y la delimitación territorial con grafitis.
La situación es especialmente crítica en la CITREP 10 (Pacífico Nariñense), que incluye municipios como Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, donde se reportan restricciones a la movilidad fluvial y amenazas contra candidatos, en particular líderes de organizaciones de víctimas, con el fin de condicionar el comportamiento electoral de las comunidades.
En la frontera con Ecuador, la alianza entre grupos armados colombianos y bandas criminales ecuatorianas ha intensificado la disputa por corredores estratégicos, incrementando el riesgo para las poblaciones del cordón fronterizo.
Impacto diferencial en mujeres y víctimas
El informe destaca un impacto desproporcionado sobre las mujeres líderes y personas OSIGD, concentrando Nariño el 25 % de las atenciones nacionales por agresiones relacionadas con el ejercicio del liderazgo. Además, durante las consultas internas de octubre de 2025, se registraron cierres y suspensiones de mesas de votación en zonas rurales y étnicas, debido a la falta total de garantías de seguridad.
Llamado urgente a reforzar la seguridad
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Fuerza Pública a fortalecer su despliegue en vías terrestres y fluviales, así como a mantener medidas de protección reforzadas para candidatos y servidores públicos bajo amenaza directa. La entidad insiste en que sin garantías de seguridad no es posible un ejercicio democrático libre, especialmente en territorios históricamente afectados por la violencia.
El informe concluye que, sin acciones integrales y urgentes, las elecciones de 2026 en Nariño enfrentan un riesgo extremo, con potenciales afectaciones a la participación ciudadana, la libertad política y la legitimidad de los resultados.
Informe completo a nivel nacional
Fuente: Defensoría del Pueblo
Foto: Radio Nacional de Colombia
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