Aníbal Arévalo Rosero
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Hemos sido testigos en los últimos años de una serie de hechos de corrupción enormes, hasta el punto que un obispo le dice a un presidente que como es posible que no haya visto pasar un elefante por sus narices. Se roban 70 mil millones de pesos y no pasa nada; son inmaculados. Obras inconclusas, sobrecostos, elefantes blancos, abusos de poder y ahora los medios de comunicación nos vienen a decir que no podemos protestar, siendo el constituyente primario de un Estado Social de Derecho.
De verdad que da mucha grima que los medios de comunicación defiendan a un Estado corrupto y mafioso. Entiéndase que no es lo mismo Gobierno que Estado. El Gobierno administra, ejecuta un plan de gobierno y proyectos, atiende la educación, salud, la gestión ambiental, otorga licencias, entre otros. El Estado es una parte ideológica conceptual regida por las leyes acorde a su misión. Se conforma por los tres poderes del Estado, que son independientes uno del otro, dentro de un esquema de pesos y contrapesos.
Esto quiere decir, que para ocupar altos cargos de la justicia y el legislativo, se debe postular a personas no solo con la acreditación académica y experiencia en la docencia universitaria en el campo del derecho penal (en el caso del judicial), sino que sean probos en su ética profesional. En concreto, que no lleguen a proteger bandidos que se pasean por nuestro país, México y Estados Unidos traficando con el polvo blanco. Y a ellos les llaman honorables, cuando las investigaciones y las imputaciones indican que los honorables son de la misma calaña.
En lo que escucho todos los días en las principales estaciones de radio es que los malditos, los despreciables, son los que no llevan el título de honorables, por el solo hecho de protestar en contra de unos togados.
Así es la inversión de los valores en mi país: al pueblo soberano, al constituyente primario lo acusan de vándalo y violento cuando sale a marchar pacíficamente, exigiendo que se investigue y que la justicia ordinaria lleve a juicio a los responsables del tráfico de polvo blanco y sus cómplices. Pero en Colombia nada pasa, todo sigue igual o peor por la complicidad de los togados en un círculo vicioso de nunca acabar, porque están corridos hasta la médula.
El fiscal saliente hizo remodelar su casa con un monto de 600 millones de pesos con dineros del Estado, se gastó 180 millones haciendo imprimir 5 mil libros de su gestión; puso placas por la remodelación de algunas sedes regionales. Tiene asignados escoltas para sus dos perros, utiliza los helicópteros al servicio de la Fiscalía para llevar a pasear a San Andrés y Caño Cristales a su familia y los amigos de sus hijos. La impunidad de la Fiscalía ronda el 94 por ciento. Y cuando entrevistan al fiscal sobre su gestión habla casos de violencia intrafamiliar, pero nunca de sus amigotes del polvo blanco.
Del fiscal saliente se oye hablar de, presuntamente, grandes capitales ahorrados en bancos extranjeros y de propiedades lujosas en el país.
De la vicefiscal, que asume el poder de manera interina, se conoce de investigaciones por la permisividad en la exportación de la sustancia en un acto de cooperación de las santas madres de Sinaloa. Se sabe del engavetamiento de la investigación del asesinato de un agente del CTI en Buenaventura que, en un acto de sigilo, cumplía con su deber, pero por ser honrado en un país mafioso, llevó la peor parte.
A través de la estación de radio La FM, en su portal virtual se conoció que se radicó nueva denuncia penal en contra de la fiscal interina, Martha Mancera: “De acuerdo a la denuncia de la veeduría, la vicefiscal presuntamente habría ayudado a eludir la acción de la autoridad y entorpecer investigación por narcotráfico de funcionarios de la entidad en el Valle del Cauca.”
Desafortunadamente, este tipo de hechos pasan a formar parte del paisaje, y sencillamente no pasa nada. Si no pasó nada con la señora Abudinen, en el caso de los 70 mil millones que se perdieron cuando era alta consejera de la presidencia para las regiones.
Es inconcebible que en un tiempo de cuatro meses los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no hayan podido revisar en detalle las hojas de vida de tres valientes e inteligentes damas que aspiran a ser fiscal. Esto es inconcebible que 23 magistrados no se pongan de acuerdo. Más bien tiene visos de corrupción de los honorables magistrados, que al parecer no son tan honorables.
Son favores políticos de los magistrados y el fiscal Barbosa, quienes politizaron el cargo en una especie de puerta giratoria. A los honorables no se le puede decir nada por su calidad de inmaculados; pero no se les olvide que el pueblo colombiano es el que les paga sus salarios de 60 millones de pesos con el pago de nuestros impuestos. Pero estos al no cumplir el mandato del pueblo soberano, le están fallando al constituyente primario, a la ética, a la democracia y las libertades constitucionales.
El fiscal se reserva el derecho de insultar al presidente Petro (este sí honorable) en un abierto abuso de las funciones de su cargo, en una clara carrera política por buscar llegar a la Casa de Nariño. Pobre fiscal en su desespero descuida su cargo dejando pasar lo que no debe pasar.
Pero el pueblo debe indignarse y salir a protestar las veces que sea, porque en Colombia nos quedamos sin periodismo, ahora lo que hay es propaladores prepagos. Es la excepción que un medio de comunicación tenga un poco de equilibrio informativo. Con el gobierno del cambio se logró la presidencia, pero no el poder; el poder lo siguen teniendo ellos, una cáfila de manidos.
El pueblo es el soberano, el pueblo es el constituyente primario en un Estado Social de Derecho. Al pueblo se le obedece por el poder de la democracia a través del voto o de las marchas, que, por supuesto, han sido pacíficas. Los honorables no son más que unos mantenidos sinvergüenzas; y el pueblo soberano es el honorable mancillado.