¿Firmes por cuál patria?

Por Aníbal Arévalo Rosero
nautilus2222@gmail.com

El debate en torno a los posibles conflictos de interés de Abelardo de la Espriella debido a su doble nacionalidad (colombiana y estadounidense) ha cobrado gran relevancia en el ámbito político y jurídico del país, sobre todo por la demanda de nulidad presentada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez.

El foco principal de la controversia radica en la naturaleza del Juramento de Lealtad (Oath of Allegiance) que exige Estados Unidos para otorgar la ciudadanía, el cual incluye una cláusula donde se declara bajo juramento renunciar a toda fidelidad a cualquier soberanía o Estado extranjero. Lo que quiere decir que el señor De la Espriella tiene un conflicto ético y político, si en el ejercicio del poder obedece los intereses de EE. UU. o de Colombia; por lo que es bien traída la propuesta de renunciar a la nacionalidad gringa mientras ejerce el poder en Colombia.

Entre los principales conflictos que plantean los doctrinantes se incluye el conflicto de lealtad institucional y soberanía. Al haber jurado defender la Constitución y las leyes de EE. UU., se argumenta que se genera una contradicción ética y de legitimidad. Se cuestiona cómo un jefe de Estado podría priorizar de forma absoluta la soberanía de Colombia en escenarios donde los intereses de ambas naciones entren en conflicto directo, como en disputas diplomáticas o comerciales.

Por otro lado, también se mencionan las decisiones estratégicas y bilaterales. Se señala que el mandatario se vería sometido a constantes conflictos de interés en asuntos clave de la agenda binacional, tales como: tratados de extradición y cooperación judicial, acuerdos sobre la lucha contra el narcotráfico e interdicción, asignación de recursos económicos y asistencia militar de Washington.

Algunos más críticos afirman que el presidente podría tener dificultades para actuar con total independencia al negociar estos temas con el gobierno estadounidense.

Hay un tema de medular importancia que tiene que ver con los vínculos políticos y de seguridad nacional. El Gobierno estadounidense busca blindar su seguridad teniendo en cuenta los antecedentes de actos de terrorismo y la penetración de ilegales.

El senador Iván Cepeda ha expresado su preocupación por la cercanía de De la Espriella con movimientos políticos específicos en Estados Unidos (como el movimiento MAGA del Partido Republicano) y ha exigido aclarar si existen nexos o compromisos vigentes con agencias de seguridad o de justicia norteamericanas, argumentando que esto afectaría la autonomía judicial del país. El senador Cepeda ha manifestado su inquietud frente al pronunciamiento de De la Espriella cuando dijo: «Es el triunfo del Partido Republicano en Colombia».

La controversia surge cuando se confrontan las cartas políticas de Colombia y EE. UU. en términos éticos y políticos. La Constitución Política de Colombia permite expresamente que los ciudadanos colombianos por nacimiento tengan doble nacionalidad y ejerzan sus derechos políticos, incluyendo el derecho a ser elegidos.

Mediante la Resolución 2990 de 2026, el CNE determina que no se pueden restringir derechos políticos ante los hipotéticos escenarios de actuación política. No obstante, un experimentado y conocedor del tema por dentro —como es el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, del propio Consejo Nacional Electoral— se atreve a impulsar una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por la doble nacionalidad y otros elementos fácticos.

Y, si un exmagistrado la impulsa y la divulga con tanto vigor en medios y redes, quiere decir que de alguna parte hay de dónde agarrarse. Lo que exige el Consejo de Estado es pruebas de manera estricta. El Consejo de Estado está conformado por 31 magistrados; no tienen una filiación política oficial ni representan a ningún partido. La Constitución de 1991 buscó apartar por completo a las altas cortes de la militancia partidista en el ejercicio de la justicia.

Pero si las cosas fueran sin intereses políticos y totalmente transparentes, y se presentaran pruebas rigurosamente, pues verían a De la Espriella cogido el mentón con las dos manos diciendo: «¿Qué nos pasó?».

De acuerdo con las normativas del Departamento de Estado de los EE. UU., el hecho de que un ciudadano estadounidense (por adopción o nacimiento) asuma formalmente el cargo de jefe de Estado en un país extranjero puede ser interpretado legalmente como una renuncia voluntaria y tácita a la ciudadanía estadounidense.

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