En un esfuerzo por erradicar el flagelo de la trata de personas en la región fronteriza, se llevó a cabo el segundo Comité Departamental de Trata de Personas. El encuentro, liderado por la Gobernación de Nariño y el Ministerio del Interior, reunió a siete organizaciones que trabajan en la protección de migrantes y la atención a personas desaparecidas.
El objetivo de este comité fue realizar un seguimiento a las acciones adelantadas durante el mes de abril y establecer un plan de acción en el marco del Plan Departamental de Desarrollo “Nariño Región País Para el Mundo”. La zona fronteriza, debido a su ubicación geográfica, se convierte en un punto importante de atención para las redes de tráfico de personas, quienes aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes para explotarlos laboral o sexualmente.
Durante el comité, se analizó la preocupante realidad que enfrentan las víctimas de trata de personas en el departamento. Según cifras de Naciones Unidas, en los dos últimos años, los casos se incrementan considerablemente, hasta tanto, informes de la OIM y la Defensoría del Pueblo revelan que la mayoría de los casos de trata de personas en Nariño están relacionados con la explotación sexual. Sin embargo, existe una creciente preocupación por el aumento de la explotación laboral, con un 8% de las víctimas siendo menores reclutados para el conflicto armado, lo que se considera una forma de trata interna.
En 2024, la situación ha empeorado aún más. Un reporte del Ministerio del Interior indica que la zona fronteriza ha experimentado un aumento del 30% en el flujo migratorio hacia Ecuador y América del Sur, lo que ha hecho que las personas sean aún más vulnerables a la trata. El informe también señala que las mujeres entre 18 y 26 años son el grupo más vulnerable a este delito.
En respuesta a esta problemática, la Gobernación de Nariño anunció la inversión de recursos importantes en la prevención y seguridad ciudadana en la zona de frontera, con estrategias que fortalezcan la atención a las víctimas, un acompañamiento psicológico y jurídico y mecanismos que permitan su reintegración social.