Según  Andrés 
Hernández, Director  Ejecutivo de
Transparencia  por Colombia,  Capítulo de Transparencia Internacional, “sin
lugar a duda los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave
problemática en los últimos años, no ha sido suficientes, y la corrupción está
poniendo al Estado contra la pared”.

Entre los países de América Latina,
Colombia obtiene el mismo puntaje de Panamá y se ubica por debajo de Uruguay
(70), Chile (67) y Argentina (40). Brasil y Perú tienen una calificación
similar (37). Algunos de los países que obtienen puntajes más bajos que
Colombia son Ecuador (34) y Venezuela (18). Entre los países OCDE el puntaje de
Colombia es aún más preocupante: el país ocupa el penúltimo lugar entre 36
países, superando únicamente a México (28).

Con los resultados del 2018, el país
termina cuatro años de estancamiento en un puntaje de 37 sobre 100, para  caer 
a  una  calificación 
de  36  puntos. 
“En  un  contexto 
en  el  cual 
la  corrupción  es 
el  tema  más preocupante para los colombianos, la
caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso
si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la
corrupción”, indicó Hernández.

Aún más, Colombia regresa a los
niveles de percepción de corrupción que tenía en el 2012, año en el cual obtuvo
esta misma calificación. Aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la
corrupción, ni recetas que se repliquen de un país a otro con el mismo efecto,
sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios
estructurales y una voluntad inquebrantable de no tolerar ningún acto de
corrupción.

La calificación del Índice de
Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por
ocho  fuentes  distintas 
que  consultan  la  opinión  calificada 
de  analistas,  académicos 
e  inversionistas extranjeros
respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido
en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos,
trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a
casos de corrupción por parte del sistema judicial.

¿Hacia dónde avanzar?

En este contexto, Transparencia por
Colombia considera necesario avanzar en tres frentes:

1.  
En primer lugar, el gobierno del Presidente Iván Duque debe ser
completamente consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción que
ha manifestado públicamente. Su liderazgo es imprescindible para impulsar
cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo público,
mejorar las condiciones de protección a denunciantes de corrupción, y poner un
fuerte énfasis en la prevención y sanción de la corrupción en sectores de alto
impacto para la ciudadanía como la salud, la educación y la infraestructura.
Todo esto deberá recogerse en una nueva estrategia nacional de lucha contra la
corrupción clara y efectiva, anclada en el Plan Nacional de Desarrollo.

2.  
En segundo lugar, es urgente hacer todos los esfuerzos necesarios para
recuperar la legitimidad en el sistema judicial. Los escándalos de corrupción
que han involucrado a ex magistrados de altas cortes y el fuerte
cuestionamiento al Fiscal General de la Nación por sus conflictos de interés en
el caso Odebrecht afectan gravemente la credibilidad del sistema. El sistema judicial
debe incorporar mecanismos de prevención y manejo de conflictos de interés para
evitar la influencia de intereses particulares, fortalecer los canales internos de denuncia y la protección a denunciantes de corrupción, y garantizar la imparcialidad
de quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia. También es necesario
hacer uso de todos los recursos legales disponibles para asegurar la reparación
del daño causado por los actos de corrupción.

3.  
En  tercer lugar, es urgente reactivar la discusión de una agenda de reformas normativas técnicamente sólidas, sustentadas
en los compromisos internacionales que el país ha adquirido, y apoyada en un
diálogo con distintos sectores. El Presidente de la República y el Congreso deben
cumplir con los compromisos públicos que hicieron ante los resultados de la
Consulta Anticorrupción y adelantar una agenda legislativa donde resulta
imprescindible fortalecer un régimen de control a los conflictos de interés y a
la puerta giratoria de altos funcionarios del Estado, avanzar en legislación en
materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, y reactivar las
reformas política y a la justicia.

“En medio de esta grave situación,
genera esperanza el amplio rechazo que cada vez más expresa la ciudadanía
contra la corrupción. Esto se evidenció en la alta votación de la Consulta
Anticorrupción de agosto de 2018, en un sinnúmero de expresiones y
movilizaciones ciudadanas reclamando acciones efectivas contra la corrupción, y
en el incansable trabajo de medios de comunicación y periodistas independientes
que contribuyen a ejercer contrapeso al abuso del poder”, indicó Hernández.

Fuente: Transparencia por Colombia