No podía dejar pasar esta semana sin opinar acerca del feminicidio y secuestro de Sofía Delgado, el precioso ángel de 12 años del municipio de Candelaria Valle, por la impotencia que se siente al ver una legislación paquidérmica que no se conduele con el dolor ni de sus progenitores ni de Colombia entera.
Solo en los primeros meses de este año se registraron 19.192 casos de abuso sexual contra menores, cerca de 53 casos diarios, eso significa que aproximadamente 20.000 depredadores en su gran mayoría hoy están en las calles y se encuentran al acecho de nuestros hijos, situación que ha sido una constante en aumento, pues en todo el año 2023, se registraron 24,774 casos de violencia sexual, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el año 2018 al 2022 se reportaron 100.132 casos por presunto delito de violación sexual en menores de edad, pero veamos como están esas cifras, de estos, el 87.3% fueron mujeres, el 76.4% sucedieron en la propia vivienda del menor y pongan mucho cuidado a este dato, el 70.4% de los casos fueron perpetrados por familiares y amigos. La Fiscalía General de la Nación lanza otra cifra peor, indica que de 2017 a 2022 se reportaron 202.512 delitos sexuales contra menores, cifra que duplica los datos anteriores, y eso que no se tiene en cuenta los subregistros, o sea los que no se denuncian donde los expertos señalan que en Colombia podría estar entre el 70% y 90%.
Lo anterior, evidencia además del aumento de las cifras año tras año, desorden y falta de articulación interinstitucional, un sistema judicial poco efectivo por la cantidad de vericuetos para la judicialización, si no revisemos lo que manifiesta el Comité Nacional para la Ejecución de la Política de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 2018-2030, a esa política no se le ha hecho seguimiento y nadie sabe cómo va eso, ni en gobiernos anteriores ni en este.
Aquí podemos desgarrarnos las vestiduras pidiendo justicia y mensajes en plataformas, que hay que hacerlo, sin embargo, hasta que el sistema y los procesos sigan teniendo graves falencias estos engendros seguirán delinquiendo a sus anchas, pues de los casos reportados solo son judicializados entre el 10% y 20%, hágame el favor, y perdónenme, pero las organizaciones de derechos humanos y la institucionalidad deben velar por nuestros hijos, o acaso por qué no continuó por ejemplo la publicación en vallas publicitarias de esta gente, pues dentro de tantas causas que lo impidieron fue la protección de derechos humanos fundamentales, pero no la de los niños, sino la de estos sinvergüenzas, por eso, propuestas como la de la ministra Ángela María Buitrago para disminuir penas por confesos a esta gente… hombre ministra, mejor actúe de manera interinstitucional, mejore los procesos y deles herramientas jurídicas sólidas al sistema.
Con base en lo anterior, se evidencia que la aplicación de las normas en contra de la violencia infantil enfrenta retos significativos. Si bien el marco normativo internacional proporciona una base sólida para la protección, su éxito depende de la voluntad política, la asignación de recursos, y la creación de conciencia pública. La educación y el fortalecimiento de los sistemas de protección son cruciales para asegurar que las leyes se traduzcan en una disminución efectiva de la violencia contra los niños, porque si la justicia no actúa con diligencia y protege a nuestros hijos e hijas personajes como Brayan Campo, siguen en las calles buscando su próxima víctima.
Que sea Dios quien los perdone, porque como madre, hija, hermana y una mujer, el corazón no da para tanto.
