Pacífico nariñense en llamas

Por Pablo Emilio Obando Acosta
peobando@gmail.com

Para entender la dinámica del proceso de paz territorial en el departamento de Nariño, concretamente en la región Pacífico, se hace necesario armar el rompecabezas que se esconde en cada una de sus fichas:

“En la región hace presencia tres grupos armados: ELN, EMC (ala de Iván Mordisco) y la Segunda Marquetalia. Con el fraccionamiento del EMC, las estructuras de esta disidencia de las Farc se levantaron de la mesa de negociación y anunciaron que se mantenían en guerra en el suroccidente del país, por lo cual con este grupo armado las apuestas de paz quedaron archivadas. Con el ELN el proceso de paz se ha mantenido en crisis severas, en un primer momento porque el gobierno nacional decidió impulsar en el departamento de Nariño procesos de paz regional, incluyendo al Frente Comuneros del Sur que desde tiempo atrás venía pidiendo pista y se mostró dispuesto a negociar con el gobierno nacional y local la paz en la región; esta decisión no causó simpatía en la Dirección Nacional ni en el Comando Central del ELN, que decidieron congelar las negociaciones con el gobierno acusándolo de fraccionalista y de infiltrar al ELN para minar su unidad de mando. Con la Segunda Marquetalia apenas se ha formalizado e instalado la mesa, y a mediados de septiembre se logró realizar, en el marco de ese proceso de paz, un encuentro en Tumaco entre delegaciones de paz de la Segunda Marquetalia, el gobierno nacional, entidades nacionales y regionales y las comunidades”.
https://indepaz.org.co/paz-territorial-de-las-comunidades-del-pacifico-narinense-salomon-majbub/

Desde un inicio de los fallidos diálogos de paz se vislumbró el deseo de los diferentes actores de tomar posesión del territorio. Las comunidades indígenas fueron las más afectadas, pues según su testimonio “sentaron a las organizaciones a solo escuchar lo que ellos iban a hacer con los territorios; y en plena reunión le fueron diciendo a los indígenas que tenían que irse del territorio porque esos ya eran suyos (del EMC)”. No es casual que líderes campesinos sean asesinados, desplazados o confinados a su suerte.

Desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pasando por los intentos de Iván Duque por sellar pactos o acuerdos de paz en este territorio, únicamente se ha visto un fracaso que se materializa en la permanente guerra entre facciones y el desplazamiento masivo de las comunidades:

“Para las comunidades todo lo plasmado en el Acuerdo de Paz, todo lo que se soñó y trabajó no se materializó en el territorio, catalogando la implementación y el propio Acuerdo como un fracaso. Ante esta decepción y desesperanza, manifestaron que si los acuerdos de paz no se van a cumplir deberían imponerse unas penalidades y dejar de desgastar a las comunidades en un sinfín de reuniones y espacios institucionales que solo han servido a los funcionarios para la legalización de gastos, porque el Estado sigue sin llegar a los territorios”.

En lo referente al actual gobierno y su política de paz territorial, se señala claramente que:

“Con el gobierno de Petro la implementación ha ido más enfocada en el tema de tierras, y en otros escenarios las comunidades no han visto grandes avances. A finales de septiembre se conoció un borrador de un plan de choque del gobierno Petro para acelerar la implementación de los acuerdos de paz, en donde la prioridad son los temas de tierra, seguridad de comunidades y firmantes y transformaciones territoriales, más allá de los PDET”.

Se afirma y señala que los avances no han sido significativos y se sustentan en borradores de documentos que no permiten avizorar acuerdos que permitan expresar que el camino expedito hacia la paz territorial está trazado.

Es tal la violencia que los rotativos nacionales titulan diferentes informes como una especie de “gobernanza criminal” en la cual se observa una especie de cesión de los territorios por parte del Estado a las estructuras criminales, que imponen normas, impuestos y reglamentan hasta los mínimos aspectos económicos y administrativos.
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asi-se-ha-fortalecido-la-gobernanza-criminal-en-tumaco-buenaventura-y-arauca-en-medio-de-la-paz-total-3447593

Quizá uno de los aspectos más relevantes y de mayor incidencia se observa en un titular del diario capitalino El Tiempo y suscrito por el connotado periodista Mauricio De La Rosa:

“Este es el municipio de Nariño, cuyo alcalde y personero tuvieron que dejar el pueblo por amenazas; concejales y líderes analizan hacer lo mismo”, haciendo referencia a la dramática situación del alcalde del municipio de Ricaurte, el personero y los concejales.

En el informe se expresa que:

“Desde el exilio y desplazados, el alcalde de Ricaurte, Ricardo Benavides, y el personero de la misma localidad, Diego Rosero, cumplen con sus funciones y con la responsabilidad que juraron al asumir sus cargos, aunque con la gran incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a su terruño”.

También se señala que “no solo el alcalde Benavides y el personero Rosero tuvieron que dejar su pueblo de manera intempestiva, tras recibir amenazas, también estarían pensando hacer lo mismo seis concejales, y algunos líderes indígenas y sociales que buscan por encima de todo salvar sus vidas”.

El periodista Mauricio De La Rosa, valientemente y en una especie de grito solitario y solidario, denuncia que:

“En este municipio del piedemonte costero de Nariño, con más de 20.000 habitantes y localizado a 142 kilómetros de distancia de la ciudad de Pasto, la violencia se pasea por sus calles, veredas y corregimientos y el miedo cada día se apodera de sus pobladores, en su mayoría indígenas del pueblo awá”.

Todo apunta a que las amenazas y señalamientos de los grupos armados contra las comunidades indígenas y población civil se estructuran en una política de miedo y terror, donde quien no acata su voluntad debe someterse a la muerte, al destierro o al desplazamiento.

A pesar de que el alcalde de Ricaurte cuenta con esquema de protección personal y manifiesta el deseo permanente de volver a su tierra y estar entre su gente, es claro al manifestar que:

“A mí toda la gente y amigos me dicen tenga mucho cuidado, la situación en el pueblo está horrible, anda mucha gente rara que uno ni conoce”.

En este municipio de Nariño la paz es el mejor pretexto para la guerra. Desconcertado y con el miedo ardiéndole en el pecho, afirma que:

“Lo que el funcionario no acaba de entender es que, no obstante la entrega de armas por parte de los integrantes de ‘Comuneros del Sur’, tras acogerse el año anterior al proceso de paz territorial del Gobierno Nacional, la situación de seguridad en el municipio en vez de mejorar ha empeorado”.

Y todo indica que seguirá empeorando mientras el Estado juegue con dados cargados a una paz que únicamente existe en sus deseos y en los papeles ensangrentados de un proceso que arrancó mal y que vive postrado ante el terror de quienes manejan los hilos del miedo y el terror.

Advierte que este malestar no es exclusivo de su municipio, pues:

“Desde que se hizo ese anuncio en el vecino municipio de Mallama hay demasiada gente rara, ahora hay mucha delincuencia, se ve gente armada que uno no conoce”.

La paz no es este mar de sangre que nos rodea y nos amenaza como un tsunami que cada vez se acerca más a la Sierra. Existen serios indicios de que este proceso no nos conducirá a nada bueno y, por el contrario, nos terminará acechando de una manera insospechada y cruel.

Es hora de que el gobierno y el Estado colombiano tomen cartas en el asunto y nos permitan expresar que esta horrible noche de muerte y violencia no se perpetuará en nuestro departamento. Esta Paz es sospechosa por cuanto proyecta una sombra de duda y muerte.

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