Rincón consaqueño
Por José Rodrigo Rosero Tobar
📩 roserotobarjoserodrigo@gmail.com
Un día lunes 22 de septiembre de 1959, los trabajadores de la entonces hacienda Bomboná se rebelaron iniciando un paro, tomándose el fundo y decidiendo no ir a trabajar, argumentando la imposición de arduas labores a las que eran sometidas las 104 familias (que sumaban 711 personas), vinculadas al feudo en calidad de aparceros. Así surgió el conflicto de Bomboná, considerado el primer Conflicto Social Campesino en el departamento.
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A las familias se les impusieron contratos de arrendamiento en los que constaba la entrega de sementeras y plantaciones, junto con la vivienda existente, de parcelas explotadas por ellos desde tiempo atrás. Este artificio jurídico convirtió una relación laboral en una relación de derecho civil, con el propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y desconocer el derecho de mejoras a los trabajadores ocupantes.
Los propietarios iniciaron juicios de lanzamiento fallados a su favor en primera instancia por el Juzgado Municipal de Consacá y, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Pasto. Esto produjo la reacción de los trabajadores, que decidieron conformar el Sindicato de Agricultores Siete de Abril, al que se afiliaron quienes luchaban por sus derechos llamados “Los Rebeldes”. Otros, en cambio, decidieron permanecer al lado de los propietarios y fueron llamados “Los Leales”.
El sindicato, conformado por los señores José Antonio Erazo, María del Carmen López, Florentino Melo, Neftalí Torres y Campo Elías Rosero (presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero y secretario, respectivamente), luchaba por el reconocimiento de mejoras y el pago de prestaciones sociales por el tiempo trabajado, derechos que en 1960 fueron estimados en un millón de pesos.
Con este acontecer, se motivó la intervención del entonces Incora, que en 1963 decidió expropiar la hacienda. Según Edgar Bastidas Urresti, ello condujo a la negociación y venta forzosa de 2.656,5 hectáreas por valor de $3.018.735,40, de los cuales el 50 % se entregaría en dinero y el resto en bonos agrarios a pagarse en 15 años. Los propietarios se reservaron 202 hectáreas —las mejores tierras en opinión de técnicos y agricultores—, estableciéndose 2.020 hectáreas como zona de exclusión, 20 para solución de vivienda, 86 para áreas de pancoger y 751 para parcelación.
Hoy, quien visita la zona, difícilmente puede determinar la naturaleza del conflicto y los alcances que tuvo en su momento. Las brumas del olvido se han encargado de cumplir su función, y el tiempo se ha encargado también de ir desapareciendo a los protagonistas, transeúntes de la vida, de estos acontecimientos.
Consacá, 26 de septiembre de 2025
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