El presidente Gustavo Petro lamentó la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se declaró la Emergencia Económica y Social.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró: “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”.
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El jefe de Estado agregó que “en el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país; solo basta esperar”.
En otro mensaje, el presidente aclaró que la decisión de la Corte Constitucional no tiene carácter retroactivo y explicó que “se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”.
La determinación del alto tribunal se adoptó con seis votos a favor y dos en contra, lo que permitió avanzar en la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien solicitó la suspensión del decreto mientras la Sala Plena se pronuncia de fondo.
País en riesgo
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su profunda preocupación por la decisión de la Corte Constitucional y recordó que la declaratoria de emergencia fue adoptada para enfrentar una situación fiscal y financiera crítica que compromete la capacidad del Estado para cumplir con obligaciones constitucionales fundamentales.
“El levantamiento de la Emergencia Económica termina generando una emergencia social. Esta decisión protege a los sectores más ricos y bloquea recursos que podían destinarse a la población que más los necesita. No es justo ni responsable que, en medio de una crisis, se impida que quienes más tienen aporten más”, manifestó el ministro.
Benedetti advirtió que la suspensión del decreto limita gravemente las herramientas del Gobierno nacional para actuar de manera oportuna frente a la coyuntura económica y tiene efectos directos sobre la estabilidad del país. Al impedir la adopción de medidas extraordinarias de recaudo, se reducen los recursos destinados a programas sociales, inversión pública y al cumplimiento de obligaciones esenciales del Estado, afectando de manera directa a las clases populares.
Finalmente, explicó que la decisión se produce en un contexto marcado por un déficit fiscal estructural y un elevado nivel de riesgo que impacta la capacidad de pago de la deuda pública y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Fuente: Presidencia de la República
Foto: 360 Radio
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