Por Iván Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

El diecinueve de noviembre del dos mil doce
será recordado como un nefasto día para la historia política administrativa de
Colombia; esa fecha ha quedado grabada en la mente de millones de compatriotas
que creyeron en las ‘folclóricas’ afirmaciones disque de funcionarios expertos
en la materia, cuando en el fondo se sabía que el fallo de la Corte de Justicia
Internacional sería más negativo que positivo.

Detrás del concepto emitido en el año 2007,
cuando la Haya ratificó que la zona insular de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina son parte del territorio colombiano, más no expresó si los cayos
anexos también lo eran, desde ese momento queda evidenciada la duda;
incertidumbre que el gobierno colombiano jamás previno, más bien se limitó a
alimentar una expectativa sin medir consecuencia.

Es en este veredicto donde prácticamente se
fortalece el argumento para Nicaragua de continuar en su lucha por la
adquisición de una importante franja marítima, y porque no, pensar en la
sustracción de tierra nacional. Hoy, los nicaragüenses celebran con bombos y
platillos ese importante logro; para ellos trascendental debido  a la riqueza que posee dicha área,
especialmente en yacimientos de recursos naturales como gas y petróleo. Lo
ganado en esta última decisión del Tribunal de la Haya equivale aproximadamente
al 80% de tu territorio, significando una conquista sin precedentes que
cualquier país anhelaría ganar.

Es entendible el malestar generalizado del
pueblo del archipiélago, son ellos quienes verdaderamente sienten esa inmensa
pérdida. Aunque para el país es un duro golpe después del sucedido con Panamá
cuando se separó en 1903, y que hoy, la historia permite determinar que detrás
de la separación del istmo panameño estuvo Estados Unidos, ya que para ese
entonces el país del norte diseñaba la explotación del canal centroamericano.
Nada raro tiene que en esta oportunidad, Nicaragua este patrocinado por fuerzas
oscuras de países interesados en explotaciones petroleras o afines.

Son doscientas millas náuticas las que nuestro
país ha perdido de acuerdo al pronunciamiento internacional, esto significa
alrededor de unos noventa mil kilómetros cuadrados de área marítima, que para
los isleños ha sido la fuente de vida, siendo el espacio predilecto para sus
labores de pesca. La pérdida equivale a dos departamentos en suelo continental,
en otras palabras, es una clara desmantelación de la soberanía y ultraje a la
dignidad nacional.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia
no posee ningún soporte jurídico, legal, histórico o técnico, solo procedió en
un juicio sentimentalista. No basta con el simple rechazo de la errada
sentencia y retirarse del pacto de Bogotá, por el que en 1948 el país aceptó la
jurisdicción de la CIJ, sino que el gobierno debe tomar una posición práctica y
defensiva, sin descartar la vía de hecho, que sería la última alternativa para
hacer respetar la soberanía y autonomía gubernamental.

Esta acción ha servido para que el resto del
país conozca de cerca el abandono del departamento caribeño, tanto que un irresponsable
expresidente no le importó dejar en manos de una corte extranjera la
determinación de una decisión trascendental a los intereses patrióticos, que
desde el inicio se sabía que el país saldría perjudicado. Ahora queda
retribuirle a esta ciudadanía todo el abandono e inversión pública.

Es la única vitrina que la población caribeña
tiene para mostrar sus potencialidades, cultura y también el atraso en el que
ha vivido sumergido por muchos años.

Domingo, noviembre 25 de 2012

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