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| Panorámica de Pasto, Nariño Foto pinterest.com |
abierta al Presidente de la República Juan Manuel Santos, la bancada
parlamentaria de los departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo, le
solicitaron que derogara la Resolución 40005 de 2017 emanada por el Ministerio
de Minas y Energía la cual estipula un recorte presupuestal de 30 mil
millones de pesos en el rubro que financia el subsidio del GLP o gas propano
para usuarios de estratos 1 y 2.
congresistas entre Senadores y Representantes a la Cámara, los que suscribieron
en conjunto esta carta abierta y pública
al confirmar que están preocupados por los efectos que esto traerá para las
tres regiones que se verían afectadas por el recorte del subsidio.
aseguraron que serían más de 214 mil familias, es decir, 740 mil colombianos
los que perderían automáticamente este derecho y beneficio, logrado por arduas
conquistas sociales desde hace más de tres años.
del Gobierno significa un grave retroceso de las conquistas sociales de las
comunidades usuarias del servicio público del GLP, logradas luego de 22 años de
promulgada nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, además de
contravenir el compromiso público realizado por usted Doctor Juan Manuel
Santos, en la plaza de Nariño de Pasto, durante su campaña presidencial; por si
no fuera suficiente, la resolución 40005 de 2017 contraviene el Decreto 2195del 07 de octubre de 2013, emitido por el Jefe de Estado: una resolución
ministerial, no puede desconocer un decreto presidencial”, dice la carta.
apartes, dice la misiva, “Señor Presidente, estos departamentos de la periferia
de Colombia han sido afectados por las inclemencias de la guerra. La paz solo
inicia con equidad social”.
bancada de congresistas solicita no sólo la derogatoria de la mencionada
resolución del Ministerio de Minas, sino que le piden al jefe de Estado,
adicionar una cifra no inferior a los 40 mil millones de pesos, en el
presupuesto adicional que el gobierno presentará al Congreso para su estudio y
aprobación en los meses de febrero y marzo.
La carta es firmada por todos los congresistas de
Nariño, Caquetá y Putumayo, lo mismo que por sus gobernadores y alcaldes de las
tres capitales, más los gremios representados en las Cámaras de Comercio.
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