Agradezco al Gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo por acompañarnos en este evento y por que hemos organizando este evento con la Gobernación, lo que demuestra su gran compromiso con la garantía y la mejora de los derechos humanos en el departamento de Nariño. Le deseamos mucho éxito en su función. Cuente con nosotros para acompañar a las autoridades en buscar mejores respuestas institucionales para proteger los DH en los territorios y prevenir más abusos.

Agradezco a la Universidad de Nariño que nos ha abierto las puertas y que nos acoge para presentar el informe anual.

Además es esencial escuchar las voces de los y las defensoras de derechos humanos y dialogar con ustedes para fortalecer la llegada del Estado a las comunidades, la gobernabilidad y la paz territorial.

Gobernador – la riqueza más grande que tiene Colombia además de la diversidad de su territorio y sus recursos naturales – son los procesos organizativos.

La situación de riesgo que enfrentan cotidianamente – es deplorable y tenemos que hacer todo lo que esta en nuestro alcance para garantizarles un entorno protector. Incluso el día de hoy personas defensoras de derechos humanos no pudieron asistir a esta presentación por los controles ejercidos contra ellas y por la violencia que sufren sus territorios.

Saludos para todos los presentes, en particular la Comunidad internacional – por priorizar los DH y porque sin su respaldo sería difícil asegurar la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, porque sin su respaldo sería más difícil fortalecer la respuesta institucional a situaciones de DH y porque con su apoyo se fortalecen los procesos organizativos de base.

El 28 febrero presenté el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2023 – producto del trabajo de monitoreo y asesoría técnica de ONU Derechos Humanos.

Hoy me encuentro acá en Pasto para presentar el informe en Nariño, enfocándome en la situación de DH que se vive en el departamento. La idea es visibilizar esta situación de derechos humanos porque creemos que es prioritario darle otra respuesta, no sólo a nivel local y departamental, sino como una prioridad nacional. Les hablaré de las cifras, de los avances que vemos, de nuestras preocupaciones y haré algunas recomendaciones.

En Colombia y en Nariño, nos preocupa la expansión de la violencia territorial ejercida principalmente por grupos armados no estatales y organizaciones criminales. En varios territorios de Nariño la población sufre cotidianamente el accionar de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que agreden los procesos organizativos de base y las autoridades étnicas para ejercer control sobre el territorio y sus recursos, regulando la vida comunitaria, extorsionando a la población, amenazándola, restringiendo su movimiento, reclutando niños, niñas y adolescentes, cometiendo abusos de violencia sexual y de género, secuestros, desapariciones y homicidios.

Creemos que es necesario fortalecer la presencia del Estado y de sus instituciones para mejorar la protección de los DH en los territorios. Si el Estado no cumple con su responsabilidad de proteger a la población, de construir el Estado de derecho frente a los actores generadores de violencia y si persiste la impunidad, la situación seguirá deteriorándose. Hemos venido para sonar la alarma.

Estos días compartía con la prensa que rara vez ONU Derechos Humanos ha tenido una relación tan fluida con el Gobierno en Colombia. El Gobierno demuestra un compromiso real y genuino con los DH y acepta la mirada crítica de la situación que hacemos, sin ocultar la realidad.

Creemos que con este Gobierno y con esta Gobernación hay una oportunidad de hacer Estado, de llegar a los territorios, con transformaciones que no solo favorezcan el desarrollo y la inversión pero que también frenen los abusos de los derechos humanos que cometen actores armados diariamente contra la población. Fortaleciendo así, el Estado de derecho, la capacidad de respuesta de las instituciones, fortaleciendo la capacidad de las autoridades étnicas y los procesos organizativos de los territorios. En este sentido esperamos que “el Pacto por la transformación territorial para la vida y la paz” promovido por usted, Gobernador, tenga como eje central la protección de los derechos humanos.

Entre los avances de derechos humanos que hemos resaltado a nivel nacional, que son claves para mejorar la situación de derechos humanos en Nariño está la adopción de una nueva política de seguridad humana – se trata de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para la Vida y para la Paz – esta es una nueva política de seguridad con un enfoque integral de derechos; con un cambio de paradigma importante y necesario – que pone la protección de las comunidades y del medio ambiente en el centro de su acción; que parte de un diagnóstico realista y acertado de la situación territorial y de las causas estructurales del conflicto; que busca proteger la vida precisamente construyendo una nueva relación de confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad – a través de la participación y que reconoce que la seguridad no es un tema exclusivamente militar y policial, pero que es un asunto fundamentalmente político que concierne a toda la sociedad.

Esta política tiene que implementarse de manera urgente en territorio – de manera articulada por las distintas entidades de Gobierno y de estado en coordinación con la ciudadanía.

También saludamos la adopción de una política para el desmantelamiento de estructuras generadoras de violencia y una política de drogas donde se integra un enfoque de derechos no punitivo.

Gobernador, creemos que estas políticas son claves para darle respuesta a la grave situación de derechos humanos en los territorios, pero tienen que traducirse en planes estratégicos y territoriales para su implementación, a la par del plan departamental de desarrollo.

Índice de violencia

Quiero compartir con ustedes nuestras cifras y preocupaciones sobre la situación territorial:

En el 2023, a través de su índice de impacto de la violencia, ONU Derechos Humanos identificó 206 municipios a nivel nacional en los que la violencia ha impactado más gravemente en los derechos de la población. Estos municipios se ubican en 28 de los 32 departamentos del país.

En Nariño, de los 64 municipios del departamento, (24) se encuentran impactados gravemente por la violencia.

El índice toma en cuenta el homicidio de personas defensoras, el homicidio de excombatientes; los confinamientos por 100,000 personas, los desplazamientos por 100,000 personas y las masacres.

En el 2021 habíamos identificado 17 municipios más afectados por la violencia en el departamento de Nariño, y 18 en el 2022 y ahora, en el 2023, se trata de 24 municipios – lo que denota la expansión territorial de la violencia y su afectación sobre la población.

Seis de los municipios del departamento de Nariño se ubican dentro de los primeros lugares del Índice a nivel nacional, se trata de San Andrés de Tumaco, Santacruz de Guachaves, Ricaurte, La Llanada, Ipiales y Barbacoas.

Nariño sigue encabezando los listados de departamentos con más afectaciones por minas antipersona, confinamientos y desplazamientos, homicidios a personas defensoras de DDHH, masacres y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

También nos preocupa especialmente la persistencia de desapariciones forzadas, dinámicas de trata de personas y violencia sexual.

Personas Defensoras

Nariño es el segundo departamento del país con más homicidios de personas defensoras de derechos humanos donde el móvil del homicidio estaría relacionado con la labor de defensa de derechos humanos. En 2023, verificamos 105 casos de homicidios de defensores en todo el país, la cifra más alta en el mundo, 25 homicidios ocurrieron en Cauca y 15 casos en Nariño, entre ellas los casos de 3 mujeres defensoras de derechos humanos.

Uno de los principales patrones identificados por la Oficina es que las personas defensoras son asesinadas en Nariño cuando alzan su voz o se convierten en un obstáculo ante las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales en los territorios. Los homicidios también buscan desarticular los procesos sociales de defensa de derechos humanos y generar temor entre las comunidades.

Nos preocupa especialmente que, de los 15 casos de homicidios contra personas defensoras verificadas por ONU Derechos Humanos en Nariño, 9 corresponden a personas defensoras étnicas, se registraron 5 casos de homicidio de personas defensoras indígenas Awá y 4 casos de defensoras afrodescendientes; y otros 3 casos las víctimas pertenecían a las juntas directivas de las Juntas de Acción Comunal. Tumaco fue, de nuevo, el municipio con mayor número de casos en Nariño, seguido por Ricaurte.

Los grupos armados no estatales tratan de destruir los liderazgos indígenas, afros, campesinos y comunales para debilitar a las comunidades y fortalecerse en el territorio, consolidando intereses económicos que no benefician a las comunidades.

Además de los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, en Nariño identificamos agresiones, amenazas y otras modalidades de ataques contra las personas defensoras de derechos humanos. El caso de William Castro Muñoz, defensor afrodescendiente y promotor comunitario de paz y convivencia ciudadana de Nariño, ilustra los abusos de derechos humanos que los defensores han enfrentado. Pese a contar con medidas de la Unidad Nacional de Protección, de noviembre de 2022 a agosto de 2023, fue retenido por un grupo armado no estatal y sometido a torturas, malos tratos y trabajo forzado.

La violencia de los grupos en Nariño pone en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos indígenas y afrodescendientes.

Las comunidades, los procesos organizativos y los pueblos étnicos continúan con valentía y con poca protección del Estado sus procesos de resistencia a pesar de la violencia, el señalamiento y la estigmatización de los grupos armados.

También las personerías municipales experimentaron altos niveles de riesgo, exacerbados por las limitaciones financieras bajo las que realizan su labor, particularmente en aquellos municipios remotos, con menores recursos y con los mayores índices de violencia.

Masacres

Por otro lado, Nariño registró 10 de las 98 masacres verificadas por ONU DH en el 2023, lo que le hace ser el tercer departamento con mayor número de masacres. Los municipios de Tumaco e Ipiales concentraron el mayor número de casos, con 4 masacres cada uno.

Desplazamientos

Según OCHA, en Nariño, la población afectada por desplazamientos pasó de 34751 en 2022 a 31,030 en 2023 – lo que equivale a una reducción del 10%. Sin embargo, el Departamento de Nariño es el departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el país. Los municipios de Ricaurte, Santacruz de Guachaves, Samaniego y Magüí Payán aportaron casi el 58% de la población desplazada de Nariño.

Confinamientos

En cuanto a la población afectada por confinamiento, y no obstante la reducción observada a nivel nacional de personas afectadas por este hecho, Nariño registró un aumento de 2% de estos casos en el 2023 – pasando a 11,099 personas confinadas, siendo el segundo departamento a nivel nacional con el mayor numero de población confinada luego de Chocó. Siendo los municipios más afectados Santacruz de Guachaves, Barbacoas y La Llanada.

Violaciones en el marco electoral

En el marco de las elecciones departamentales y municipales celebradas en el 2023 en Nariño, ONU Derechos Humanos recibió información sobre abusos cometidos por grupos armados no estatales que afectaron el ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a la vida. En 5 casos de homicidios verificados en Nariño, las víctimas eran precandidatas en las elecciones o lideraban campañas políticas de candidaturas municipales.

Asimismo, se documentaron casos de amenazas, atentados, hostigamientos y prohibiciones de actividades de campaña, incluyendo casos de violencia de género contra mujeres y personas LGBTIQ+.

Violencia Sexual

En el 2023, ONU Derechos Humanos también verificó en Nariño casos de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, en el marco del conflicto armado. En Nariño, se documentaron casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas por parte de grupos armados no estatales, que las estarían transportando a sus campamentos para ser explotadas sexualmente por sus integrantes. ONU Derechos Humanos documentó también algunos casos de violaciones de mujeres y niñas en el marco del control social ejercido por estos grupos, incluyendo casos que habrían ocurrido en la presencia de familiares.

Recomendaciones específicas para Nariño:

1. Es urgente fortalecer la gobernabilidad y el estado de derecho en los territorios dada la preocupante situación de inseguridad. Esto se puede lograr con la implementación coordinada de las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y de drogas. Con planes territoriales para mejorar la protección de la población, con el acompañamiento del Gobierno nacional.

2. Aunque la negociación y el diálogo con actores armados no estatales puede contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en los territorios, no hay que perder de vista que el Estado es el garante de los derechos humanos y que la prioridad para Colombia y en particular para Nariño es reforzar la capacidad de respuesta del Estado a graves situaciones de derechos humanos en los territorios. Es necesario, fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población en los territorios y elaborar estrategias concretas para lograrlo, sin que esté condicionado por diálogos con actores armados no estatales.

3. La garantía, la protección y el respeto de los derechos humanos en el departamento son clave para lograr la paz y el desarrollo en Nariño. Se deben reforzar las líneas sobre prevención de la violencia, rutas de protección para personas defensoras, articulándose desde nivel nacional, departamental y municipal.

4. Subrayamos que garantizar el acceso a la justicia y luchar contra la impunidad es fundamental para desmantelar la macro-criminalidad que sostiene la violencia de los grupos. En ese sentido, el Plan de Desarrollo Departamental debe articularse con las políticas de desmantelamiento y de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que el Gobierno ha elaborado a nivel nacional.

5. Recomendamos fortalecer los mecanismos de protección y garantía de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, quienes desempeñan un papel crucial en Nariño. Para ello, se debe asegurar la asignación adecuada de recursos financieros y humanos y fortalecer los espacios como las Mesas Territoriales de Garantías (para Nariño y Costa Pacífica), las rutas de atención para personas defensoras de derechos humanos, con enfoque diferencial -étnico y de género.

6. Es importante que el Gobierno fortalezca la capacidad de las autoridades étnico-territoriales, con recursos y acompañándolos en su labor de hacer estado en sus territorios. Es crítico, reconocer y fortalecer las instancias de gobierno propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante asesoría y acompañamiento técnico para ejercer su función pública en el marco de su derecho a la autonomía y auto-determinación.

7. Se hace indispensable que el Plan de Desarrollo Departamental cuente con acciones y líneas presupuestales para proteger a estos pueblos étnicos en situación de riesgo. El Pueblo Awá, el Pueblo Eperara Siapidara y el Pueblo Afrodescendiente requieren una acción integral del Estado para acceder al ejercicio y goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos.

8. En Nariño recomendamos establecer diálogos directos y permanentes entre el Gobierno y las autoridades étnico-territoriales y las organizaciones de base de la sociedad civil, independientemente de los diálogos que se den con actores armados no estatales. La participación efectiva de la sociedad civil en la formulación, implementación y monitoreo de las políticas públicas, planes y programas de derechos humanos es esencial.

9. Llamamos a los actores armados no estatales en Nariño a respetar los derechos humanos de la población y el derecho internacional humanitario. A respetar los derechos de las mujeres y permitir a la niñez de este departamento gozar de sus derechos sin miedo a ser reclutados. Hacemos un llamado a los grupos del Departamento a liberar a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de sus filas, para que puedan volver a sus familias.

Muchas gracias.

Fuente y foto: ONU Derechos Humanos