Por Carlos Eduardo Lagos Campos

Abogado y experto en Conflictos
Internacionales

Los antecedentes de este conflicto se remontan
a 1928 cuando se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas, el cual fijó  los límites marítimos entre Colombia y
Nicaragua en el paralelo 82. Así las
cosas, Colombia manifiesta que en virtud de este tratado, los territorios en
disputa históricamente le han pertenecido, mientras que Nicaragua alega la  invalidez del tratado, con la tesis de que
este, se realizó sin la autonomía de su
voluntad por estar en ese momento bajo la ocupación de los Estados Unidos, de igual manera alega que en
la época de suscripción del tratado aún no estaba en vigencia el Derecho del
mar, violándose así el derecho de exclusividad marítima que se reconoce en la
actualidad a los Estados.

El Problema Jurídico.

La república de Nicaragua presentó en
diciembre del año 2001 una demanda en contra de la república de Colombia ante
la Corte Internacional de Justicia organismo de carácter judicial de la
Organización de las Naciones Unidas encargado de decidir conforme al Derecho
Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir
opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas
por órganos o instituciones especializadas de la ONU; la demanda está
relacionada con el título sobre el territorio y la delimitación marítima”
en el Caribe occidental.

En el año 2007, la Corte Internacional de
Justicia resolvió la solicitud, dando lugar a las excepciones preliminares
invocadas por Colombia, en contra de la demanda presentada por Nicaragua, en
dicho fallo se reconoce la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; no obstante, el Alto tribunal de Justicia
Internacional dejo sin definir la frontera marítima entre ambos países,
situación que definiría en la sentencia de Merito.

La sentencia.

Esta se expidió el día 19 de noviembre de 2012
ratificando que el archipiélago le pertenece a Colombia , confirmando de esta
manera la soberanía de Colombia en relación a las islas de San Andrés y
Providencia, y los cayos de Alburquerque, Roncador, Serrana, Bajo Nuevo,
Quitasueño y Serranilla; despojando a nuestro País cerca del 43% de su
territorio marítimo en el  Caribe.

El estado 
Colombiano denunció ante la OEA el Pacto de Bogotá, tratado  por medio del cual Colombia aceptó  la jurisdicción de la Corte Internacional de
Justicia. El retiro se produjo bajo el argumento de que “Los límites no
deben quedar en manos de una Corte“, también que “dicho principio es
compartido por otros países que han tomado la misma posición que hoy toma
Colombia”

En la misma sentencia la CIJ  recordó que el Pacto de Bogotá sigue
aplicándose al denunciante hasta un año después de realizada la renuncia, esa
es la razón Por la cual las demandas realizadas durante ese año como la de
Nicaragua en noviembre de 2013 siguen siendo de su competencia, lo que
significa que ante este proceso seguimos actuando tarde!

La Nueva Demanda.

En la nueva demanda de noviembre de 2013
Nicaragua solicita fijar el “rumbo exacto” de su plataforma
continental con Colombia más allá de las 200 millas marítimas de su costa, o sea
ampliar su plataforma continental hasta cerca de las costas de Cartagena y
supuestas violaciones de sus derechos soberanos. Colombia sostuvo que ese
organismo de Justicia Internacional ya se había pronunciado sobre este asunto
en la sentencia de noviembre de 2012 y que el caso estaba cerrado; por su parte
la diplomacia colombiana pretendió impedir la causa, argumentando la falta de
jurisdicción de la corte. Como es sabido la Corte Internacional de Justicia de
La Haya se declaró competente para examinar este Litigio, lo que desató una
serie de reacciones por parte del gobierno de Colombia y de sus diferentes
actores de la política, la diplomacia y del Derecho Internacional; lo que
desemboco en la decisión del gobierno Colombiano en el sentido de  que “Colombia no seguirá
compareciendo” ante la Corte Internacional de Justicia frente la nueva demanda
de Nicaragua.

Las Incongruencias En Este Caso.

El Bloque de constitucionalidad junto con el
Pacto de Bogotá, establecen la fuerza vinculante del tratado, por lo tanto si
Colombia no comparece a este proceso como se ha venido sosteniendo se presentaría
el fenómeno jurídico denominado 
contumacia que consiste en la renuencia de una parte para comparecer al
proceso, cuyas consecuencias son nada más ni nada menos que al no contestar la
demanda, que es la oportunidad o etapa procesal para pedir y presentar las
pruebas de la defensa, Colombia se
quedaría si un acervo probatorio que le permita demostrar sus razones que entre
cosas son COMPLETAMENTE VALIDAZ y JUSTAS; luego no hacerlo es un acto de
irresponsabilidad por parte del estado Colombiano y su grupo asesor, pues en
estas circunstancias el sentido del fallo se prevé poco prometedor; una vez
dictaminado este fallo, las partes quedarían obligadas a cumplirlo, en
consecuencia si la parte que pierda el litigio no cumple con las obligaciones
impuestas en el fallo, la corte correrá traslado al consejo de seguridad de la
ONU, el cual tomara las medidas necesarias para el cumplimiento de la
SENTENCIA, toda vez que de no hacerlo, se violaría la seguridad internacional
según lo ha conceptuado este organismo.

El Consejo de Seguridad tiene la facultad de
establecer cuando determinados actos pueden constituir una amenaza para la paz
mundial. El hecho de desconocer la jurisdicción de la Haya es un acto de
temeridad jurídica, aparte de una grave incongruencia por parte del Estado
Colombiano, porque por un lado estamos pidiendo a la ONU que sea Garante de
nuestro proceso de paz y por otro lado le estamos diciendo que no confiamos en
ella y no aceptamos la competencia de su Corte Internacional.

Colombia ha cometido muchos errores en la
elección de los equipos jurídicos, hemos tenido más de cinco, mientras que
Nicaragua solo uno y compuesto por asesores extranjeros. Es de temer que para
el equipo jurídico Colombiano es mejor dejar las cosas así, igual ya le fueron
cancelados sus no despreciables honorarios.

Concluyo con una afirmación realizada por la
periodista Salud Hernández  “Lo que
resulta incoherente es acudir a la Corte de La Haya, que implica respetar su
decisión, y pegar luego una patada pública a los magistrados porque te disgustó
el fallo”.

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