Por Duvian
Sánchez

duvianjair@gmail.com

Uribe, mediante
un comunicado. dio a conocer las propuestas de modificación del acuerdo de paz
que se realizó en la Habana Cuba.

“La impunidad
total a los mayores responsables de delitos atroces, que se convierte en mal
ejemplo, creador de nuevas violencias, además de generar incertidumbre jurídica
futura. Insistimos en la reclusión efectiva, pena privativa de la libertad,
entre 5 y 8 años, no obstante que sea en sitios alternativos como granjas
agrícolas” fue la primera propuesta, sin embargo, la propuesta ya se encontraba
incluida en los acuerdos, lo único que cambia es el trabajo en las granjas
agrícolas.

En el primer
acuerdo, a parte de las condenas privativas de 5 a 8 años y el servicio
comunitario, se acordó desminar los
suelos del país.

“El
narcotráfico, en las circunstancias de Colombia, no debe ser calificado como
delito político” como segundo punto. Lo que da pie a que  políticos vinculados con el narcotráfico sean
juzgados jurídicamente, pero sin el agravante de que sean inhabilitados para
ejercer cargos políticos, lo que trae como consecuencia que mandatarios y
líderes políticos, estén en proceso de investigación y al mismo tiempo, sigan
ejerciendo su cargo.

Delito
político: rebelión, sedición, atentados contra la autoridad y sus agentes,
desordenes públicos, terrorismo, propaganda ilegal

“Se suelen
considerar delitos políticos aquellos del Código Penal bajo el título de
delitos contra el régimen constitucional y legal en el cual se agrupan los
tipos de rebelión, sedición y asonada, como lo reconoce la Sentencia C-986 del
2010”: Ámbito Jurídico

Tercer punto
“Los privilegios al partido de la Farc y la elegibilidad de responsables de
delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes
no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y
parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de
representación y los 140 mil presos”, lo que puede traer como consecuencia que
todos los judicializados e investigados por procesos mencionados en los
acuerdos del No en este párrafo, tengan derecho a lo que se dice en el artículo
40 de la constitución política, lo que puede ser confuso, porque este punto se
insinúa una ligera inclinación hacia beneficios particulares y no colectivos.

 “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser
elegido.

2. Tomar parte
en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática.

3. Constituir
partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar
parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el
mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.

5. Tener
iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer
acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento
o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades
garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la Administración Pública.” Constitución Colombia.

Cuarto punto
“Hicimos múltiples observaciones al Tribunal Transicional, que entre sus
facultades exhorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos.
Estamos de acuerdo con el Fiscal General de aplicar la Ley de Justicia, Paz y
Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la
doble instancia, retroactiva por cierto.”, esta modificación corre el riesgo de
dilatar los procesos en el tiempo.

Quinto, “Es
urgente el trámite en el Congreso de una norma de alivio judicial para nuestros
soldados y policías, el Centro Democrático ha presentado varios proyectos,
alivio sin impunidad y sin igualarlos a Farc”. 
Según Luz Edilia Palacio, madre de Jáder Andrés Palacio, “Él está untado
con la muerte de los falsos positivos de Soacha”, reacciones que se generaron
al conocer este punto de modificación del acuerdo, ya que se corre el riesgo de
que miembros de la fuerza pública 
procesados e implicados en delitos atroces como falsos positivos, queden
en impunidad.

Madres victimas
por la matanza de sus hijos en Ocaña por falsos positivos, rechazaron la
propuesta de Uribe, ya que “Nosotros las víctimas necesitamos una verdad,
necesitamos justicia” y agregaron “Que nos respeten a las víctimas”.

Sexto, “Se debe
privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno
pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el
cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos
naturales”, recordemos que en el acuerdo de paz, se pretende que las familias
realicen la erradicación de manera manual y voluntaria, donde el Gobierno
Nacional, les brinda alternativas para la producción de otros cultivos, con
proyectos que equivalen a subsidios por un millón de pesos mensuales de uno a dos
años. Con la aclaración de que si las familias inciden y desacatan el acuerdo
voluntario se entraría a erradicar de forma manual.

En el punto de
Uribe y el Centro Democrático representantes de los votantes del “no”, no se
habla de los beneficios a las familias que erradicarían y además, con un
agravante que es el uso de glifosato que según la OMS (Organización Mundial de
la Salud) produce cáncer, afectando la vida humana y los ecosistemas que lo
rodean.

La información
divulgada mundialmente indica que la Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés, dependiente de la
OMS) ha incorporado el glifosato a la lista de sustancias probablemente
carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC). censat.org

Séptimo,  “Los acuerdos no deben afectar propietarios o
poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de
ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de
la empresa agropecuaria transparente”. Este punto es uno de los más críticos en
el proceso de negociación, ya que puede beneficiar a personas que se valieron
de terceros como grupos armados para amenazar y desplazar a propietarios de
tierras y comprarlas a precios bajos.

Según Joaquín
Robles Zabala, en la revista Semana afirma que uno de los opositores a la
restitución de tierras es el ex procurador Ordoñez, uno de los defensores del
“No”, lo que deja una enorme duda de objetividad en estas modificaciones,
además, la honestidad es algo ambiguo para ser tomada en algo coyuntural para
el país, con este punto se limitaran las formas para investigar a los
responsables de violencia por tierras.

“Alejandro
Ordóñez, ese señor que Cecilia Orozco Tascón definió en una de sus columnas de
El Espectador como “un politiquero abusador de los recursos estatales”, recorra
el país en una campaña irrestricta para que las tierras arrebatadas por los
hombres de Castaño y Mancuso no regresen a manos de sus verdaderos dueños, que
se opone por igual a que los miembros de la guerrilla tengan asiento en el
Congreso, el mismo recinto que ha albergado a paramilitares y a sus
descendientes, a dinastías enteras de saqueadores de los recursos del Estado,
es una vergüenza para Colombia”: Joaquín Robles Zabala.

Y agrega: “Estas
fincas, que hoy reclaman sus dueños con documentos en mano y que les obligaron
a traspasar a otras manos bajo la amenaza de quitarles la vida, son las mismas
fincas en las que aparecen como propietarios personas tan cuestionadas como el
magistrado de la Corte Constitucional 
Jorge Ignacio Pretelt, a quien el procurador Alejandro Ordóñez ha
defendido a capa y espada desde que fue acusado de recibir coimas para
favorecer con sus fallos a una de las partes en un pleito sumamente
publicitado”.

Para finalizar
un punto controversial, “Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el
tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el
desarrollo equilibrado de la Nación”, lo que nos viola el derecho a la democracia,
en pocas palabras no se colocaría a prueba un nuevo plebiscito para avalar los
nuevos acuerdos, sino que se nos impondrían por decreto.

Mis preguntas:

•           ¿Esto, es lo que realmente estaban
buscando los votantes del “No”, o qué esperaban, están de acuerdo?

•           ¿Qué pasa con los votantes del No que
no se sienten representados ni con Uribe, Ordoñez o Pastrana, necesitaran una
nueva representatividad?

•           ¿Qué va a pasar con las denuncias que
se realizaron a Uribe por utilizar publicidad engañosa en la campaña política,
confesada por Juan Carlos Vélez Uribe?

Nota: el uso de
publicidad engañosa para engañar y meter miedo a las personas, se considera
delito político y se clasifica como una acción de terrorismo.

Fuentes:

•           Ámbito Jurídico

•           Constitución Política

•           El Espectador

•           Semana

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