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MOE alerta sobre riesgos para las elecciones en Colombia: fraude, violencia y polarización

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral
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En medio del inicio del calendario electoral con miras a los comicios legislativos del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo de 2026, organizaciones de observación y análisis político han lanzado las primeras alertas sobre factores de riesgo que podrían comprometer la transparencia y normal desarrollo del proceso democrático en varias regiones del país.

Departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Santander se destacan entre los territorios más vulnerables, debido al accionar de grupos armados ilegales, el aumento de la violencia, la polarización política, y otros riesgos como la trashumancia electoral y la financiación ilegal de campañas.

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Fraude, polarización e intervención indebida

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que el país enfrenta un panorama preocupante de cara a las elecciones. “Los principales peligros son el fraude, la violencia y la polarización. A eso se suman prácticas como la intervención indebida de funcionarios públicos, la inscripción irregular de cédulas y el uso de recursos públicos para fines electorales”, señaló.

La MOE también ha expresado inquietud frente al uso de tecnologías con fines poco éticos, como la propagación de noticias falsas mediante redes sociales, campañas de desprestigio, manipulación de encuestas y falta de privacidad en el tratamiento de datos personales.

Violencia y presencia armada, una amenaza creciente

La Fundación Paz y Reconciliación (PARES), en conjunto con Vivamos Humanos y la Coordinadora Nacional Humanitaria, publicó un informe en el que se revela que la violencia política y armada en Colombia ha aumentado en un 45 % durante el presente año.

Entre los departamentos más afectados se encuentra Nariño, donde el accionar de grupos armados ilegales como el ELN, el Estado Mayor Central (EMC) y el Clan del Golfo ha generado desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas directas a la población civil.

PARES advierte que el EMC ha declarado como “objetivo militar” a comunidades indígenas en zonas del suroccidente del país, particularmente en Nariño, lo que agrava aún más la situación de riesgo en esos territorios de cara al proceso electoral.

Desafíos institucionales y llamados al fortalecimiento

A los riesgos identificados, se suma la limitada capacidad institucional para dar respuesta oportuna y efectiva a las irregularidades. La MOE señala la necesidad urgente de reforzar el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente en lo que respecta a la revocatoria de candidaturas y al control del censo electoral frente a la trashumancia.

Asimismo, se hace un llamado al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y participación en los territorios más afectados por la violencia y el control territorial de estructuras armadas.

La transparencia, el acceso a información electoral confiable y la vigilancia ciudadana son elementos que deberán ser fortalecidos para garantizar unos comicios legítimos, seguros y democráticos en 2026.

Con información de Diario del Sur

Foto: El Nuevo Siglo

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