Endulzando las palabras

Por Iván Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

Ya han trascurrido dos debates de ocho que
oficia el Acto Legislativo para la Paz, de los que se observa la posición,
desconocimiento y compromiso de los senadores colombianos. La propuesta
presentada por el gobierno nacional cuando se suponía que los temas
estructurales ya se habían discutido con la bancada oficialista, parece ser que
no ha quedado claro; al contrario, se vislumbra un enmadejado transcurrir en lo
que falta. Esta reforma constitucional es el primer paso que se da en Colombia
fuera de las negociaciones que se efectúan en Cuba.

Según la iniciativa gubernamental, con este
acto legislativo se abre las puertas para un eventual posicionamiento de la paz
en nuestro país. En este documento se incluiría facultades extraordinarias para
el ejecutivo, así como la creación de una Comisión Legislativa Especial para la
Paz y un fondo de inversión para la paz, que serían la estructura del
postconflicto.

Ya eliminado el artículo cuarto donde
expresaba la participación política de las Farc, esta proposición se traslada a
la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para surtir dos debates más
que irían hasta el 16 de diciembre. Los cuatro pendientes se evacuarían hasta
junio del próximo año.

Con lo anterior, se concluye que por efectos
de procedimiento legislativo, esta sonada reforma le falta mucho camino por
recorrer, y más que eso, muchos micos y trabas en torno al polémico tema. Ya se
observan posiciones contrarias a las intenciones de la mayoría de colombianos;
algunas discusiones se caracterizan por argumentos razonables; mientras que
otras, simplemente giran alrededor de demagogias populistas cuyo fin es atenuar
la intencionalidad nacional.

Los días corren y aumenta la expectativa por
la firma del acuerdo final, conllevando a emociones encontradas dentro de este
devenir histórico, que indudablemente ya alcanzó una página en cuanto a la
concreción de la paz. En el momento se discute la posibilidad de un cese
bilateral del fuego, tema que a muchos preocupa por la trascendencia que pueda
tener en el caso de no lograrse. Necesariamente hay que ponerle freno a las
confrontaciones bélicas, para abrir el área de pacificación total.

Lo complejo de este proceso no es llegar a
definir acuerdos, sino la implementación de los mismos en la vida real, ya que es
en la población civil donde se debe iniciar la ejecución de los compromisos
pactados en la Habana. Los guerrilleros reinsertados de alguna manera el gobierno puede
solucionarles su problema laboral y aceptación en la sociedad; sin embargo, la
ciudadanía afectada de qué manera se beneficiaría con la firma de la paz?  Esta es la pregunta que deja muchas dudas,
entendiendo que hasta la fecha las respuestas no han sido coherentes.

Es un deber y responsabilidad del Congreso de
la República, legislar para la paz, ya que por las funciones que ostenta
el poder legislativo, no puede
escabullirse preparando un simple plebiscito, donde los colombianos
irresponsablemente determinen en favor o en contra sobre un asunto vital para
el desarrollo y progreso de la nación.

Claro está que mientras no se concluya el
proceso en Cuba, no se puede tener el compendio de la estructura pactada; sin
embargo, esto no limita a los que tienen la responsabilidad directa de legislar
y sancionar, para exponerle claramente al país la dimensión de su contenido.

La angustia crece a medida que las
circunstancias se confunden en medio de opiniones diversificadas sin estructura
temática. Es cometido de toda la institucionalidad pública, llevarle al pueblo
el significado real de los logros alcanzados. Los nuevos gobernantes locales y
regionales deben estar en la capacidad de administrar en medio del
postconflicto, que al inicio será desordenado, y solo su éxito se alcanzará
cuando las organizaciones sociales y el gobierno armonicen alrededor de la
prosperidad ciudadana. De lo contrario, la miopía legislativa entregará un
letal resultado.

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