Por Marcela Eslava

Blogoeconomia

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El país, gobierno incluido, se ha puesto de
acuerdo en torno a que los campesinos tienen unas demandas justas. “Hay una
deuda histórica con el agro” es frase que se repite sin encontrar
contradictores. También está claro ya que los problemas del campo son estructurales
y se remontan a la falta de una política coherente de desarrollo rural. Este
bienvenido consenso implica una oportunidad única para solucionar carencias de
fondo.

Pero puede tornarse en peligro si nos lanzamos
a adoptar medidas que, aunque populares, son sólo transitorias o incompletas, y
si permitimos que éstas tranquilicen la conciencia colectiva ante el agro,
alejándonos de la discusión de una política de Estado integral. El alto costo
de los agroinsumos, uno de los elementos que ha estado en el centro de la
discusión, es un buen ejemplo de cómo el debate tiende a desviarse de factores
estructurales que resultan centrales.

El gobierno ha propuesto dos medidas para
bajar el precio de los fertilizantes (el ítem más importante de estos insumos:
casi la mitad del costo de producción en varios sectores agrícolas,  según un informe en La República la semana
pasada). Ese precio está cerca de 50% por encima del internacional, según datos publicados hoy en El Espectador.

Las medidas que propone el gobierno son
reducir los aranceles a las importaciones de estos bienes y adoptar un régimen
de vigilancia de los precios al final de la cadena, para intervenir cuando
éstos sean excesivos. Excepto por nacionalizar la venta de fertilizantes, lo
que generaría la justa protesta de sus productores y comercializadores, en el
tema de precios de estos insumos el gobierno se estaría “bajando los
pantalones” todo lo que puede. Y esto es positivo.

Pero, la reducción de precios no es una
solución completa al problema de los altos costos.  Las cifras que hemos conocido en los últimos
días indican que los agricultores colombianos usan muchos más fertilizantes que
sus competidores de otros países. El Espectador de hoy, por ejemplo, dice que
los agricultores colombianos usan cuatro veces más fertilizantes por hectárea
cultivable que los de Ecuador o Perú.

Así las cosas, aún si se logra eliminar por
completo ese 50% de exceso en el precio, en términos de fertilización la misma cosecha le cuesta a los colombianos
cuatro veces más. Así no hay cómo competir.

La pregunta obvia es por qué el consumo de
agroinsumos es tan alto. Una respuesta, que no resulta del todo convincente por
lo que se sabe de los suelos colombianos, es que éstos son tan mucho más
complejos de manejar que los de todos los países vecinos que exigen ese costoso
tratamiento. Si esto fuera cierto, nos dejaría en la sinsalida: implicaría que
producir bienes agrícolas en Colombia sencillamente no se puede convertir en
rentable. Afortunadamente, eso también resulta difícil de creer.

Una respuesta más plausible es que los
colombianos no hemos aprendido a producir de manera tan eficiente como los del
lado. La buena noticia es que en ese aprendizaje el gobierno podría jugar un
papel clave, a través de los programas de investigación y asistencia técnica
que los productores individuales no pueden financiar, y que tan útiles
resultaron en el país hace varias décadas y tan útiles resultan en otros países
en la actualidad. Ese tipo de programas son los que deberían hacer parte de una
política integral de desarrollo agrícola.

Como los costos por agroinsumos, los otros
puntos centrales de la discusión tienen dimensiones estructurales de
fundamental importancia, que deben ser objeto de una reflexión cuidadosa entre
el gobierno y el agro. Los efectos negativos que acuerdos como el TLC y el
Pacto Andino tienen sobre sectores perdedores se pueden paliar activando
cláusulas de salvaguardia o con subsidios temporales. Otras dificultades
podrían tener soluciones temporales similares.

Pero todas éstas (incluyendo las
salvaguardias) tienen límites que imponen la necesidad de buscar soluciones más
de fondo a los problemas de competitividad del agro. Tales soluciones
estructurales incluyen un diagnóstico serio del campo—que empieza por el
compromiso del Estado hacia la generación siempre pospuesta de estadísticas
sólidas sobre el agro, para que dejemos de depender de lo que los periódicos
cuentan que les dijeron los gremios–, apoyo técnico, una política de
reconversión de los sectores no sostenibles, y provisión de bienes públicos en
lo rural (incluyendo seguridad, por la vía de la paz o la protección del
Estado). No son ajenas tampoco al problema fundamental de la pobre
infraestructura, que no nos permite sacar máximo provecho de los TLC ni para
exportar bienes agrícolas ni para otras exportaciones. 

Por supuesto, estas soluciones de largo plazo
no se pueden discutir en los afanes que imponen las graves consecuencias del
paro. Por eso uno de los compromisos que debería salir de la mesa de
negociación es que, más allá de las soluciones de emergencia, se establecerá un escenario de construcción
conjunta (gobierno-productores) de una política integral de desarrollo agrario.

Qué oportuno sería que esos temas se discutan
desde el lado pacífico de la sociedad colombiana, y no solamente en la mesa de
la Habana, donde el afán de no bloquear la posibilidad de paz limita el menú de
posibilidades que entra en la discusión.

Vie, 2013-08-30 13:54

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