Por Oscar Gutiérrez Reyes

Director ejecutivo de

Dignidad Agropecuaria

Una amenaza se cierne sobre la producción
azucarera y panelera de Colombia por la decisión del gobierno de Santos, la
ministra de comercio exterior, el ministro de hacienda y el de agricultura, que
sin importarle la suerte del sector, aceptan la reducción escalonada del
arancel para la producción de azúcar colombiana, facilitando de esa manera el
ingreso de la producción de azúcar subsidiada extranjera.

Particularmente grave es que el ministro
Irragori, encargado de la cartera de agricultura -y que mantiene haciendo
demagogia sobre la seguridad alimentaria y la reactivación del campo- acuerde
dar semejante trato a un sector básico para la seguridad alimentaria y clave en
su departamento y en los del Valle del Cauca y Risaralda donde el sector genera
188 mil empleos, en más de 38 municipios e ingresos para el sostenimiento de no
menos de 720 mil personas que dependen de la producción de azúcar.

Y, los colombianos se preguntan, ¿qué es lo
que sucede para que el gobierno tome semejante medida? Y, la respuesta es
sencilla. A raíz la apertura económica y los tratados de libre comercio
promovidos desde el gobierno de Cesar Gaviria hasta nuestros días, los
gobernantes se comprometieron a facilitar el ingreso de todo tipo de géneros
industriales y agrícolas con aranceles cero, así ello signifique la quiebra de
la producción nacional.

En el caso de la producción panelera, de la
cual dependen en el país más de 40 mil productores que a su vez son
propietarios de 28 mil trapiches y generadores de 25 millones de jornales al
año, se afectarán por el mayor ingreso de edulcorantes que reemplazarán la
producción de azúcar y panela del país y que se verán obligados a salir del
mercado por la competencia de azucares producidos en el extranjero. Es sabido
que la panela es parte de la cadena del dulce.

El decreto en mención “determina reducir el
efecto estabilizador de la franja de precios del azúcar, estableciendo en su
artículo 1, un máximo de 70% de arancel para este producto”, rebajándolo, del
117% que tenía por acuerdos con la comunidad andina y, “en el parágrafo primero
de ese artículo”, se señala que cada seis meses se reunirá una comisión para,
como dice el ministro, rebajarlo nadie sabe hasta dónde. “No se dice que la
reducción irá hasta el 40 %, pero sí quedó establecida una revisión semestral
de los efectos que tendrá esta medida, para continuar con reducciones
adicionales. Así lo dice el texto del decreto”. La ministra de comercio
exterior afirmó -en debate en el Senado de la República- “el Gobierno no va a desmontar
Fepa ni SAFP (Sistema andino de franja de precio)” y que las afirmaciones de
Asocaña, la CUT y el Senador Robledo entre otros, no era cierta y que no se
aplicaría la reducción de aranceles.

Sin embargo, pocos días después expiden el
decreto que permitirá la competencia subsidiada de productores extranjeros a la
producción azucarera y panelera del país. Y ya ni siquiera es que establezca un
tope para el arancel mínimo sino que tendrá reducciones adicionales que pueden
incluso llegar a aranceles cero, según lo explicado por el ministro Irragori.
Lo que quedo, finalmente en el decreto, fue la propuesta de la ministra de
llevar el arancel del azúcar a cero. Más claro no canta un gallo.

Ante esta realidad, Dignidad Agropecuaria
buscará establecer una gran alianza de todos los sectores afectados para
enfrentar la desprotección del sector azúcar-panelero que se dará a partir de
la firma del decreto y luchará por aclarar que no se trata de impedir se rebaje
el precio del edulcorante a los consumidores colombianos. La realidad que se
quiere esconder con ese argumento es la de que, con la rebaja del arancel, se
facilita el ingreso del azúcar que producen -con elevados subsidios- en Estados
Unidos y la Unión Europea. 

No hay competencia entre iguales en la producción
de azúcar. Lo que hay es el interés de entregar ese renglón del agro a los
importadores no para beneficiar a los consumidores sino para aumentar las
ganancias de unas cuantas multinacionales que ganarán más, a costa de los
productores y trabajadores de la agro-industria en Colombia.

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