Por: Iván Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

Como ya es costumbre en nuestro país, el
pasado mes de junio se llevó a cabo la celebración del Día del Campesino en
honor al trabajador del campo, que aunque se ha vuelto solo un simple
formalismo y ‘saludo a la bandera’, no deja de preocupar la realidad del sector
agrario colombiano. Es una excelente oportunidad para hacer un alto en el
camino y analizar la crisis que atraviesa este importante sector de la economía
nacional. Más ahora cuando una verdadera reforma agraria se esfuma con la bruma
de la anarquía y retórica.

Fue en la presidencia de Guillermo León
Valencia en el año 1964, cuando se presenta por primera vez la idea propuesta
por un funcionario de la desaparecida Caja Agraria, para establecer un día en
el calendario y hacer homenaje a todos los labriegos del país. Hecho que fue
formalizado en el año de 1965 mediante el Decreto 135, donde se
institucionaliza el primer domingo del mes de junio como “Día Nacional del
Campesino”. Desde esa fecha para acá solo se ha mantenido como un acto
simbólico, cargado de folclorismo e irresponsabilidad por parte de los entes gubernamentales
en todos sus niveles; decantándose en solo una fecha más.

El clamor del sector rural es demasiado grande
y cada vez se hace más notoria la ausencia de los gobiernos de turno. No se
puede desconocer el ingente esfuerzo de las organizaciones sociales tanto
campesinas como indígenas en busca de mejores alternativas para trabajar el
campo, sin embargo todo queda en simples actos pintorescos, matizados con
propuestas politiqueras solo para salir de paso.

En la última década, se ha agudizado la problemática
agraria, debido a la depravada globalización de mercado, donde los productores
han llevado la peor parte. Aunque actualmente más del 60% de las personas se
han concentrado en las ciudades y centros poblados, no deja de ser vital la
población rural, siendo esta la primera abastecedora de productos agropecuarios
destinados especialmente a los ciudadanos de estratos bajos, donde el poder
adquisitivo es bastante limitado. Aclarando que el 80% de los citadinos
califican para este fin.

Es inadmisible desde todo punto de vista
entender que en Colombia la economía anda sobre ruedas, especialmente en la
generación de empleo, disminución de la pobreza y fortalecimiento de la
economía solidaria; todo esto es un grosero sofisma, a razón que el 82% de los
nacionales no sobrepasan la línea de la pobreza, siendo la población campesina
la de mayor índice de vulnerabilidad. En ningún momento se tiene como
referencia las condiciones sociales, culturales y económicas del colombiano de
“a pie”. Es muy lamentable y deshonroso para el resto del mundo saber que en un
país con una extensión de 1.141.748 kilómetros cuadrados y 45 millones de
habitantes; solo el 0.06%, es decir 2428 colombianos son los que poseen más de
44 millones de hectáreas, equivalente al 53.5% de la tierra fértil. Mientras
que 1.3 millones de compatriotas, que son el 35.8%, solo poseen alrededor de
345.000 hectáreas, o sea, el 0.42% de la tierra apta para la explotación
agropecuaria (Datos IGAC).

Con la entrada en acción del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, el campo será el más perjudicado, ya que sus
productos perderán aún más el valor de lo que hasta el momento se presenta,
debido a la arcaica manera de producir; quedando demostrado el abandono
estatal. Con las incipientes industrias campesinas, no se dará abasto para
competir ni mucho menos surtir una demanda acorde a la endémica crisis
económica de la ciudadanía colombiana. El Estado y los gobiernos siguen en
deuda con los forjadores del agro nacional, con una reforma agraria que suena
bonito en los escritorios, pero muy nociva en la práctica, motivo que su
estructura es diseñada técnicamente en beneficio capitalista a gran escala.

No se puede entender que un país bañado por
dos océanos, recorrido por varios ríos aptos para la navegación y un inmenso
espacio para desarrollar propuestas productivas, no se faciliten las
condiciones aptas para corregir y suplir estas sentidas necesidades de la
mayoría de las personas vulneradas. Se ha considerado que más del 90% de los
campesinos que emigran a la ciudad, van en busca de mejores oportunidades
laborales. Esto como producto de las limitadas garantías para explotar
técnicamente sus fincas, sumado otras circunstancias, tales como la presión de
grupos armados, terratenientes e intereses de particulares.

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