Tomado de www.3colibris.com

Es posible rastrear históricamente la existencia de conflictos por el dominio de recursos naturales, sin embargo, en Colombia desde hace 50 años han surgido conflictos a raíz de la mercantilización y privatización del agua (Marulanda y García, 2013). Estos conflictos se han agudizado con la línea aperturista que han seguido las administraciones nacionales en los últimos treinta años, especialmente con la locomotora minera ejecutada por el actual gabinete de gobierno.

En esta ocasión exponemos una de las tantas disputas que existen en la actualidad por la privatización de aguas de uso comunitario, protagonizada por instituciones estatales locales y comunidades campesinas las veredas de Chapacual y La Guaca que corresponden al municipio de Yacuanquer, ubicado en el departamento de Nariño.

El departamento de Nariño se ubica en la parte suroccidental de Colombia, por el sur es fronterizo con Ecuador, en el occidente se encuentra con el océano pacífico, por el norte limita con el diverso departamento del Cauca y hacia el occidente se tropieza con la porción colombiana de la amazonia perteneciente al departamento del Putumayo. La principal actividad económica de Nariño es la agricultura desarrollada en minifundios, en promedio los predios de los pobladores rurales no alcanzan a superar la hectárea. Se trata entonces, de uno de los departamentos con mayor pobreza rural y desigualdad del territorio colombiano.

El municipio de Yacuanquer se localiza en el centro del departamento de Nariño, es un territorio mayoritariamente rural y sus pobladores viven de la economía campesina, es decir, garantizan su soberanía alimentaria a partir de la producción obtenida en la finca familiar y los excedentes son vendidos en el mercado.

Desde 2014, las comunidades de las veredas La Guaca y Chapacual han manifestado su inconformidad ante la aprobación y ejecución de un proyecto de uso de aguas comunitarias con fines industriales. A pesar de que Colombia es reconocido como país pionero en legislación ambiental, no existen garantías para hacer cumplir esta legislación y se termina por favorecer a la gran empresa. (Marulanda y García, 2013). A pesar de esto, la ausencia de sanciones de las autoridades ambientales en Colombia estimula el incumplimiento la corresponsabilidad que tiene el sector privado de proteger el ambiente.

El Plan Nacional de Desarrollo vigente se concentra en la identificación y priorización de proyectos de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía llamados de “interés nacional y estratégicos”. De modo que las comunidades que habitan espacios geográficos ricos en recursos naturales se convierten en objetivo de los proyectos extractivistas y están en alto riesgo de desplazamiento forzado por ausencia de recursos políticos para garantizar la continuidad de sus actividades productivas, sin mencionar los daños ambientales irreparables que estos que estos proyectos dejan en las regiones.

En Chapacual la comunidad se ha organizado para solicitar a las instituciones locales una consulta sobre el proyecto que desde 2014 se viene adelantando en un lote ubicado a diez kilómetros de la fuente de riego Riveros. En los registros existentes la solicitud de explotación fue realizada por una persona natural ajena a la comunidad para utilizar el caudal aledaño con fines industriales, la empresa que está detrás de este proyecto en la embotelladora Clara, un empresa local.

Desde 2013, se asignó una concesión para explotación de tipo industrial en el territorio e iniciaron labores de adecuación del terreno, desde ese entonces la comunidad se ha organizado y movilizado dando a conocer esta situación y se solicitó a Corponariño una comisión para verificar el caudal proveniente de la fuente de agua. En la verificación de caudal se encontró que el cauce total existente es de 14 litros por segundo, el distrito de riego de Chapacual tiene una concesión de 25 litros por segundo de caudal y 10 litros por segundo para La Guaca, no obstante, de modo que la comunidad está pagando 21 litros por segundo más de los que recibe y además se quiere recortar el acceso al caudal a pesar de no ser suficiente para solventar las necesidades de locales.

La comunidad no se explica cómo se adjudican este tipo de proyectos en un territorio en el que escasea el agua durante verano, causando dificultades para proveer el mínimo vital y la soberanía y seguridad alimentaria de las familias campesinas de La Guaca y Chapacual. Los gestores del proyecto argumentan que con su ejecución llegará desarrollo y recursos para la comunidad, sin embargo, la comunidad ha manifestado que no quiere compensaciones económica, que quiere acceder al derecho de consulta previa, que se respete el derecho a acceder al agua que se utiliza para la agricultura y las actividades domésticas de las familias campesinas.

La alcaldía local ha visitado la zona para conocer la situación, sin embargo no ha implementado medidas concretas para prevenir la privatización de las aguas comunitarias. Desde la implementación del Plan de Desarrollo Municipal en 2012 la administración municipal ya venía alertando que la población rural de Yacuanquer no tiene acceso a agua potable, no existe alcantarillado, ni plantas de tratamiento de aguas y que el territorio se encuentra en un posición de vulnerabilidad para “proteger y conservar la biodiversidad y espacialmente el recurso hídrico en las diferentes zonas del municipio” (Alcaldía Municipal de Yacuanquer, 2012, p. 28) debido a la ausencia de políticas estatales.

Para Maritza Guancha, líder comunitaria de Chapacual, es un problema que el proyecto no hay sido sometido a consulta previa con participación de la comunidad. Para Guancha “no hubo consulta previa porque para nosotros (los campesinos) no aplica, aplica para indígenas y afrodescendientes nosotros como campesinos no tenemos una figura que nos ampare para esto de consulta previa porque fue algo inconsulto, si el campesino tuviera estatus social y político podríamos reclamar el derecho a consulta previa.”

Actualmente la comunidad está organizada y aboga por los derechos de los campesinos y campesinas. Chapacual y La Guaca están creciendo demográficamente y necesitarán ampliar su infraestructura, incluyendo la cobertura de agua.

Para Guancha las guerras en pocos años serán por el agua y las comunidades no pueden permitir que alguien que no es de la región se apodere del agua que es un recurso vital y no una mercancía.

Por ahora el escenario luce bastante lúgubre para la comunidad de La Guaca y Chapacual, los pobladores han acudido a vías de derecho y piensan acudir a vías de hecho en caso de ser necesario para frenar este proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YACUANQUER (2012) “Plan de acción de Yacuanquer.” [Fecha de consulta: Febrero 1 de 2015] Disponible en: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/apc-aa-files/32303561666361646534366430373964/plan_de_accion_y_compras_2014.pdf

MARULANDA GARCÍA, Natalia y GARCÍA GONZÁLEZ, Jenny Paola. (2013). “Los derechos ambientales frente a ‘otras prioridades’. Estudio de un caso emblemático”. JURÍDICAS. No. 1, Vol. 10, pp. 181-196. Manizales: Universidad de Caldas.

MOVIMIENTO RÍOS VIVOS. (2014). “Conflictos ambientales y territoriales en Colombia Hidroeléctricas y conflictos socioambientales.” Febrero 2, 2015, de Grupo Semillas Sitio web: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=e1a1–&x=20158982

Ubicación del municipio de Yacuanquer:

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