Un juez de la República ordenó al alcalde de Pasto, Nicolás Toro, iniciar el proceso de recuperación del espacio público ocupado por vendedores ambulantes en distintos sectores de la ciudad. La sentencia fija un plazo cercano a un año para que la Administración Municipal cumpla con esta orden.

El fallo no solo exige la liberación de andenes y vías para mejorar la movilidad, el orden urbano y la seguridad, sino que también obliga al municipio a garantizar alternativas laborales dignas para las personas que dependen del comercio informal. La decisión se fundamenta en el principio constitucional de confianza legítima y en la protección del derecho al mínimo vital.

Según la providencia judicial, cualquier acción de desalojo debe estar precedida por una caracterización técnica y social de los vendedores, y acompañada de programas de reconversión económica, reubicación o formalización. Esto representa un desafío estructural para la administración local, en medio de limitaciones presupuestales y administrativas.

La decisión ha generado debate en la ciudad. Mientras algunos sectores respaldan la recuperación del espacio público, otros advierten que la medida no puede desconocer el derecho al trabajo y al sustento de cientos de familias. Aunque varios vendedores ya dialogan con la Alcaldía para procesos de readaptación laboral, otros manifiestan que el comercio callejero resulta más rentable que un empleo formal o un puesto en plazas de mercado.

El fallo reabre la discusión en Pasto sobre la urgencia de políticas públicas integrales que permitan equilibrar el ordenamiento urbano con soluciones sociales sostenibles para la población dedicada al comercio informal.

Con información de Alerta Nariño, Nariño Noticias y La Voz del Pueblo Noticias