Por Iván Antonio Jurado Cortés

El pasado domingo en Colombia se llevó a cabo
la elección de los nuevos dignatarios de las juntas de acción comunal para el
período 2012 – 2016, acto coordinado por los entes territoriales locales y
supervisado por las secretarias de Desarrollo Comunitario de los departamentos
o distritos. Este es un proceso que se efectúa cada cuatro años, convirtiéndose
en el eslabón más importante que tienen las comunidades para conectarse ante la
demás estructura del Estado. Lastimosamente este ejercicio democrático ha ido
perdiendo espacio, especialmente en la importancia que tienen frente a los
devenires de la sociedad.

Sin embargo, es uno de los pocos sucesos
constitucionales que goza de credibilidad y aceptación de la ciudadanía si los
comparamos con otras formas organizativas, como las que de alguna manera son
motivadas con recursos económicos directos de gobierno; hablamos de concejos,
asambleas y mucho más el congreso. No cabe duda que la raíz principal del cual
se nutre y levanta el Estado son las juntas de acción comunal; esta figura es
la digna representante del sentir de un pueblo, es la fuente receptora de las necesidades
y esperanza de las poblaciones. Este sistema organizativo sirve entre otras
cosas para identificar la vocación de asistir a una comunidad sin interés
lucrativo.

La Ley 743 de junio 5 de 2002 dictamina la
promoción al tiempo que facilita, estructura y fortalece la organización
democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de
acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende
establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los
particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. La junta
de acción comunal es una organización comunitaria, civil y de sentido solidario
que permite a los ciudadanos canalizar legal y jurídicamente derechos
colectivos en beneficio de sus territorios. A pesar de la baja capacitación
recibida por parte de los gobiernos de turno en todos los niveles, los
directivos y representantes de las juntas se mantienen en la idea de que estos
organismos son diseñados para el servicio de sus representados.

Las políticas gubernamentales deben ceñirse y
estructurarse de acuerdo a las propuestas emanadas por las organizaciones
sociales y de interés comunitario. Se necesita realizar mayor inversión en el
campo de la capacitación política, social, cultural y por supuesto económica.
Hace ocho días fue todo un acontecimiento para las veredas y barrios del país,
sin embargo, ningún medio masivo de información ‘mojo prensa’ sobre la
importancia de estas elecciones comunales que por el contrario para sus electores
son de gran trascendencia.

La estructura orgánica de una junta está
compuesta de cinco componentes esenciales como son los órganos de dirección,
convivencia, control, trabajo y de representación, suficientes para dar forma a
una asociación integral de desarrollo social. Lastimosamente, no se ha brindado
las oportunidades y espacios necesarios para que estos órganos cumplan al
máximo sus funciones.

Queda demostrado que las juntas de acción
comunal prácticamente son las únicas estructuras del Estado que pueden cumplir
con la sana intención de trabajar democrática y participativamente con la
sociedad, sin entrar en contrachoque a causa de intereses clientelistas como en
la actualidad poseen otros entes de elección popular. Ahora solo queda que la
institucionalidad gubernamental brinde todo el respaldo a estas rescatables
figuras de la real democracia y participación. Son un ejemplo de servicio
comunitario para el resto de organizaciones resquebrajadas por actitudes
clientelistas y corruptas