Por Jorge Dueñas Romo
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“Los platos que rompe el gobierno, los paga mi pueblo trabajando bajo el sol. No tienen ni solar ni techo. Porque su trabajo no tiene valor”, así reza un verso de una composición vallenata que da el título a esta columna y que resulta pertinente traer a colación debido a la agitación que ha surgido en la ciudadanía con el anunció de una nueva reforma tributaria, al parecer, más tirana que las anteriores y que se suma a la ya larga lista de reformas tributarias que se han dado en el país en lo transcurrido del siglo XXI; dicen los expertos que tal cantidad de reformas advierten improvisación o falta de planificación en materia tributaria, para el suscrito las razones obedecen más bien a otros factores.

Empezando, es de todos sabido, las inmensas perdidas que le representa a Colombia todos los actos de corrupción que se dan a diario a lo largo y ancho del territorio, y es que resulta difícil determinar cuál ha sido el peor si el último supera al anterior, valga destacar ejemplos como los de Reficar, la Ruta del Sol, el carrusel de la contratación en Bogotá, por nombrar unos recientes; los escándalos de Colpuertos o las Upac por mencionar unos de más vieja data, no se alcanza a dimensionar los recursos que se fueron a manos de los corruptos y que bien pudieron aliviar la situación del país.

Por otro lado, tampoco es desconocida la constante tendencia de los gobiernos que han promulgado estas reformas de centrarlas principalmente en la clase media, dejando exentas de tributación las grandes fortunas con el argumento ya obsoleto de “generar empleo y dinamizar la economía” cuando la realidad es que no se puede perjudicar a los principales financiadores de las campañas políticas.

Buscan justificar tal medida, al igual que se ve en administraciones de todo nivel, con las dificultades que trajo consigo la pandemia de covid-19, aún de ser verdad, surge las siguientes preguntas ¿Por qué otros países no se han abocado a tomar medidas similares? ¿No los afectó acaso la pandemia? ¿O simplemente contaron con gobiernos más diligentes o al menos no tan malevos?

A pesar de que a todas luces de materializarse la reforma tributaria, cuya simple presentación ya representa una afrenta al ciudadano, resultaría perjudicando gravemente el bolsillo de los colombianos, se niega el gobierno a avizorar otras opciones de tributación, simplemente por poner sobre el tablero algunas podemos mencionar alternativas como son el adelgazamiento de la burocracia estatal; reducción del Congreso y sus salarios; impuesto a la renta a las iglesias; impuesto a ganancias del sector financiero; impuesto a las bebidas azucaradas.

Sin mencionar, la falta de voluntad en tomar medidas para evitar la evasión del pago de impuestos de las personas pudientes del país (que tal vez por esa razón lo son), valga recordar el renombrado caso de los Papeles de Panamá (Panamá Pappers). Una investigación periodística reveló que miles de ciudadanos de más de más de 70 países tenían empresas (y, por supuesto, grandes cifras de capital) en el estado de Panamá con las que ocultaban al fisco de sus respectivos países sus verdaderas fortunas. Entre los implicados había 1191 colombianos, que al ser rastreadas sus cuentas por las autoridades colombianas “le permite al país visualizar 772.000 millones de pesos en activos que eran omitidos y en pasivos que reportaban para bajarse impuestos, pero eran inexistentes en Colombia y en el exterior”. Y ni se diga de las perdidas relacionadas con el contrabando ilegal de mercancías. Existen opciones, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Bajo ese panorama, es natural sentir preocupación por la incertidumbre económica del futuro en un país que no ha empezado a recuperarse de las secuelas económicas y emocionales que trajo consigo la actual crisis sanitaria. Habrá que esperar en qué termina esta historia, lo que no cabe duda es que la reforma será finalmente aprobada, porque lo que más sorprende de toda la situación es la capacidad negativa del colombiano de mantenerse incólume ante estas vulneraciones flagrantes de sus derechos y de su dignidad. Así las cosas, los contratistas van a terminar pagando por trabajar; días enteros de esfuerzo del trabajador se irán a las arcas del estado; la vida se encarecerá y ni pensar en morirse porque los servicios funerarios también pretenden ser gravados.

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