Por Iván Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

Muchos de los problemas sociales que afronta
hoy nuestro país proceden del sistema gubernamental que equivocadamente se ha
implantado desde tiempos remotos. Hoy nos lamentamos que el libertador Simón
Bolívar haya truncado su proyecto político, lastimosamente solo se dieron
algunos indicios insuficientes para emprender un desarrollo ideológico acorde
al sentir popular de la época y el futuro. Es por esta razón que después del
temprano fallecimiento del libertador, se cambia el rumbo de la política
colombiana.

Empiezan gobiernos inspirados en base a
intereses capitalistas, que desde su inicio blindaron las maquiavélicas
intenciones de engendrar un paradigma de poder económico a costa de lo que
fuese. Años más tarde, todo se fortalece con las famosas luchas partidistas,
donde liberales y conservadores aglutinan el poder económico y político para
beneficiar sus huestes, permitiendo el asentamiento de dos bandos que pierden
el verdadero horizonte social y se transforman en maquinarias clientelistas y
arrogantes, vulnerando los principios éticos de una sana gobernabilidad.

Este proceso se profundiza con el denominado
“Frente Nacional”, que no fue más que una coalición político-electoral, con el
fin de beneficiar a los dirigentes de los partidos políticos tradicionales de
nuestro país. Este pacto clientelista, se caracterizó por repartirse en partes
iguales la burocracia regional y nacional por el espacio de diez y seis años
consecutivos; empezando con la presidencia del liberal Alberto Lleras Camargo
(1958), hasta la del conservador Misael Pastrana Borrero (1974). Fue tan fuerte
esta actividad, que sus reflejos aún se sintieron hasta la presidencia de
Virgilio Barco Vargas. Es verdad, que esta alianza en algún momento tuvo
justificación por la violencia desatada en 1948; pero también fue la gran
oportunidad para equiparse y enraizarse como partidos, desconociendo el
pensamiento de muchísimos compatriotas que nunca han compartido los ideales y
procederes de estos grupos políticos; ya que en la mayoría de tiempo han estado
a merced de la élite y oligarquía del país.

Aunque muchos dirán que tiene que ver esto con
la crisis socioeconómica de nuestra nación, pues la verdad, si son argumentos
sólidos para que hoy vivamos esta debacle, azotando sectores fundamentales del
desarrollo humano, tales como educación, salud, cultura y saneamiento básico.
Las malas proyecciones gubernamentales han perjudicado enormemente al 80% de la
población colombiana. El favorecimiento político solo ha sido para la clase
empresarial y poderosa del país, aumentando cada vez el apetito devorador y
ampliando la brecha entre pobres y ricos sin ninguna contemplación.

La crisis en salud que afronta Colombia en la
actualidad, es resultado de una formula pensada solo financieramente, más no
social, afectando drásticamente a todo el pueblo. Con la Ley 100 de 1993,
empieza la tortura de millones de colombianos; favoreciendo la incubación y
creación de “comerciantes de la salud” a través de las Empresas Prestadoras del
Servicio –EPS, y con esto privatizando una obligación estatal; transfiriéndole
facultades y por ende jugosas ganancias a la empresa privada, hasta el punto
que primero se habla “cuanto se gana” y luego el padecimiento del paciente.

A punto de cumplir dos décadas de la
mencionada Ley, hoy Colombia necesita un cambio estructural en salud y porque
no en educación. Se comprobó que el actual sistema de salud no funcionó, solo
sirvió para el enriquecimiento de mercaderes del ‘dolor ajeno’ y la quiebra de
la red hospitalaria del país.

Es aberrante saber que en Colombia cada día se
cierra un hospital o clínica estatal, caso contrario, se compran acciones en
empresas aseguradoras, equipos de futbol, campos de golf y cadena de hoteles,
gracias a la millonaria ganancia de EPSs particulares. Es demasiado preocupante
cuando el presidente Santos manifiesta que se hará una intervención de estas y
que solo quedaran habilitadas las que reúnan ciertos requisitos; sabiendo que
se debe corregir de fondo esta ‘patología’, con la implementación de un
equilibrado sistema en salud, donde se elimine por completo la intermediación y
el manejo sea exclusivamente estatal. Necesariamente hay que legislar en favor
del pueblo, generando el espacio idóneo y concertado con los implicados, para
determinar de una vez por todas una Ley en salud diferente a la actual, donde
el paciente sea la prioridad y el capital pase a un segundo plano.