Por Parmenio Cuéllar Bastidas

Exsenador de la República

Twitter @ParmenioCuellar

Sólo una muestra del abandono ancestral:
Pasto-Popayán: 240 kilómetros y hasta ahora no se ha construido la carretera
panamericana, salvo en 80, entre Mojarras (Cauca) y Chachagüí, a 32 kilómetros
de Pasto; el resto es la vieja trocha construida en la década del treinta del
siglo pasado, cuando el conflicto con el Perú, y que por intereses del
notablato payanés se trazó –contrariando la opinión de la ingeniería regional-
por Rosas y El Bordo, donde una falla geológica hace permanentes los
deslizamientos de la banca, determinando 8 a 10 trancones, con paso
restringido.

Desde hace más de veinte años la dirigencia
nariñense viene exigiendo el mejoramiento de la carretera, buscando superar el
aislamiento agravado por un aeropuerto (“Antonio Nariño”) de los más peligrosos
del continente, con tarifas costosísimas: Bogotá-Pasto tiene un precio mayor
que Bogotá–Miami. En 2006 se logró que Inco (hoy Ani), por fin contratara la
obra: desgraciadamente escogió al consorcio Devinar, despreciando a firmas de
reconocida solvencia y trayectoria. La maña de siempre: la más barata, para
luego reajustarle el precio con “obras adicionales”. Se trata de un contrato de
concesión de la vía aeropuerto Antonio Nariño- Rumichaca (frontera Ecuador).
Objeto: construcción de doble calzada Aeropuerto -Alto de Daza- Catambuco (con
accesos a Pasto); rectificación, repavimentación y mejoramiento entre Catambuco
y Rumichaca, y perimetral de Pasto. Valor: 277.900 millones de diciembre de
2004. Término de construcción: 4 años, y de operación 19.

El incumplimiento del contratista fue casi que
inmediato, lo que obligó a prorrogar el término de construcción en 18 meses,
que vencieron hace 2 años, y la obra en el tramo más urgente: Pasto- Chachagüí-
Aeropuerto (32 kilómetros) apenas lleva 4 kilómetros explanados. Obra
adicional: un túnel de 1630 metros, entre Daza y Aranda, pactado en 12.40
metros de ancho, que se pagó en la suma de 92.000 millones. Sin embargo, el
túnel sólo mide 10 metros de ancho. La variante Aranda – Catambuco (perimetral
de Pasto), con 22 kilómetros, debe ser reconstruida, a un costo de 35.000
millones, porque en menos de 2 años está totalmente destruida por indebida
conformación de la base y sub-base, ya que se utilizaron materiales granulares
inadecuados, incluyendo roca fosfórica, obtenida de manera ilegal. Entre el
puente del Rio Guaitara y Rumichaca (60 Kilómetros) no se han construído bermas
ni cunetas y muchos cabezotes de alcantarillas están ubicados incorrectamente.

Desde hace más de dos años la dirigencia
nariñense viene exigiendo la caducidad del contrato por el incumplimiento de
Devinar, pero la Ani se niega a hacerlo, sin razón diferente a que tiene temor
de aplicar el artículo 18 de la ley 80 /92. Esta norma ha sido derogada en la
práctica por los últimos gobiernos nacionales, que se han negado a declarar la
caducidad de los cientos de obras inconclusas e incumplidas, sin saberse la
razón (temor o complicidad?). El Vicepresidente Vargas Lleras, haciendo honor a
su estirpe, prometió mano dura para los contratistas incumplidos; los
nariñenses estamos expectantes.

Pero lo más grave, es lo que viene: en la
llamada segunda ola de las vías 4G, Nariño, con su gobernador, alcaldes y
dirigencia política, han logrado la asignación de 2.5 billones de pesos para la
doble calzada Catambuco- Rumichaca; pero como el corredor hace parte de la
concesión de Devinar, esta oportunidad excepcional se puede perder por culpa de
Ani, que se niega a declarar la caducidad porque está empeñada en una
terminación de mutuo acuerdo, reconociéndole al contratista incumplido 150.000
millones de pesos más, por concepto de supuestas inversiones, que un laudo
arbitral ya negó porque no tenían soporte técnico, la ministra de transporte,en el debate del 19 de noviembre en el Senado, prometió una solución definitiva
en ocho días, sobre la base de la inmediata terminación del contrato: por mutuo
acuerdo o por caducidad.

Nariño está expectante. La protesta cívica que
paralizó a Pasto e Ipiales el pasado 19 se suspendió para el jueves 27, cuando
vencerá el plazo señalado por el poder central. La hora cero ha llegado. El
gobierno nacional no puede ignorar más a Nariño porque sería provocar el
desbordamiento de la indignación popular.