Varios integrantes del sindicato de maestros – Simana, de los Colectivos Rebelarte y Colibrí y el movimiento estudiantil participaron en la marcha por las calles de Sandoná para rechazar la muerte de líderes sociales, la corrupción, el fracking y la reforma Tributaria.

La movilización social se desarrolló este martes entre la Sede 2 de la Institución educativa Santo Tomás de Aquino, barrio Meléndez y el parque principal.

La profesora Deima Betancourt Romo que mediante “el cacerolazo” rechazaron las políticas neoliberales que atentan con los derechos del pueblo colombiano, entre ellas la privatización de entidades como el Banco Agrario, Finagro, Findeter, ICETEX y Colpensiones, entre otras; la reforma tributaria; los asesinatos sistemáticos de cientos de líderes sociales defensores de los derechos humanos; los altos índices de corrupción e impunidad que nos dejan en el primer lugar entre los países más corruptos del mundo; el fracking, que utiliza técnicas y sustancias que son  muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Al final los participantes en la jornada de protesta enviaron un manifiesto a los medios de comunicación:

No al Holding Financiero: entidades como Banco Agrario, Finagro, Findeter serán congregadas en un solo grupo financiero, perdiendo su autonomía con reglas de juego que no serán favorables al afiliado o beneficiario dado su carácter privado. Las bajas tasas de interés, flexibilidad en pagos, condonación de deudas a campesinos afectados por pérdida en sus cultivos serán cosa del pasado. En cuanto a Icetex, los créditos a estudiantes tendrán una tasa superior a la acostumbrada y las condiciones de préstamo serán aún más complejas de las actuales, esto sin mencionar el tema de salud con entidades como la nueva EPS que también hará parte de este conglomerado. Esto porque luego de privatizarse, el estado no podrá incidir en estas entidades en favor del pueblo ya que su carácter privado las hace independientes. A pesar de que el gobierno lo ha negado, Colpensiones estaría en la lista de estas entidades, afectando a quienes tienen una pensión en la actualidad y negando la posibilidad de una pensión digna a futuro.

El Holding es entonces una medida que responde a intereses del capitalismo sin ningún interés de apoyo social y económico a las clases menos favorecidas del país.

No a la reforma tributaria: según la revista Semana, es tan penoso lo de la reforma tributaria que ni siquiera algunos senadores tienen claro de que se trata y menos sus implicaciones negativas ya que cuando hablan al respecto lo hacen de manera confusa.

La reforma es regresiva, mantiene la inequidad y genera mayor miseria, consolida los privilegios a los ricos del país porque les exonera del pago de impuestos y les da garantías y privilegios que los ciudadanos de a pie no tienen mientras a los pequeños comerciantes y productores les grava con un impuesto del 16% que termina por volver insostenible su pequeño negocio y menos, poder competir con los monopolios que controlan el país. Las medidas de la reforma obligarán a los pequeños productores y microempresas al alza de precios y perder viabilidad compitiendo con precios más bajos de grandes empresas tanto nacionales como multinacionales, situación que traerá desempleo, más informalidad, crisis social y mayor pobreza. La reforma implica el alza de impuestos en servicios básicos como luz, agua y gas, pérdida de apoyo a programas sociales como familias en acción y adulto mayor, afectando a las comunidades más vulnerables del país.

Apoyo a la JEP: creada para ejercer verdad, justicia, reparación y no repetición, la Jep ha tenido enemigos que ven en la guerra su único argumento político, su negocio criminal sin importarles que el país siga recrudecido en violencia con cientos de líderes sociales y militares que son asesinados de manera vil e irracional.

La jurisdicción especial para la paz es uno de los grandes logros dentro del proceso de paz firmado entre el gobierno Santos y las FARC, posibilitando el fin de un conflicto armado que dejó miles de víctimas. Sin embargo, las objeciones que presenta el presidente Duque a esta ley, exigiendo modificaciones, pone en riesgo el proceso generando desconfianzas entre los actores del conflicto, motivando su retorno a la subversión como una salida. “Es preferible una paz imperfecta a una perfecta guerra”.

Los asesinatos sistemáticos de cientos de líderes sociales que en el gobierno del presidente Duque deja un número de 620, defensores de los derechos humanos, de la sustitución de cultivos ilícitos, de restitución de tierras, docentes, líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y excombatientes de las Farc, todos bajo el manto de la impunidad, los altos índices de corrupción que nos dejan en el primer lugar entre los países más corruptos del mundo, chuzadas con interceptación ilegal a periodistas, jueces y dirigentes políticos, son apenas algunas de las razones para salir a marchar y participar del cacerolazo, exigiendo al gobierno celeridad en las investigaciones, negociación y participación de los líderes de las organizaciones sociales y centrales obreras para debatir estos temas cruciales entre otros.

Video: Cortesía Javier Hernández

Foto: profesor Nicolas Villarreal