Tomado de bluradio.com
Ante la decisión unilateral del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de expulsar a 1.500 colombianos condenados y otros sindicados en las cárceles del vecino país, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, encendió las alarmas sobre la llegada de los connacionales. Advierte que se deben revisar los antecedentes penales para evitar que delincan en Colombia.
Aunque no se conoce la hora y fecha exacta en que comenzará la expulsión de los presos colombianos, el mandatario nariñense pidió al Gobierno de Gustavo Petro verificar los antecedentes penales de los presos en Ecuador. Esto evitaría que, si no tienen deudas con la justicia colombiana, queden en libertad y se integren a bandas delictivas en el puente internacional de Rumichaca, frontera sur entre ambos países.
“Hemos pedido al Ejército y a la Policía controlar los pasos ilegales, creemos que en principio no habrá tránsito por estos pasos ilegales, pero eventualmente una persona que ha estado en la cárcel y no tiene problemas con la justicia en Colombia puede entrar al territorio nacional, lo que esperamos que haya control”, aseguró Escobar.
En ese sentido, Escobar manifestó que ha planteado a la Cancillería y Migración Colombia “revisar los antecedentes penales en Colombia de estas personas antes de llevarlos a la zona de frontera, eso nos asegura con anticipación saber quiénes entrarán y quiénes tienen problemas con la justicia”.
El gobernador también señaló que no se conoce cómo será el traslado de estos connacionales, ya sea vía aérea o terrestre.
Tras la firma del decreto presidencial en Ecuador que autoriza la devolución de presos extranjeros a su país natal, existe preocupación en la zona de frontera donde operan grupos armados ilegales. Han creado temor entre los habitantes de Carchi, al norte de Ecuador, e Ipiales, al sur de Colombia.
En la zona de frontera se han detectado más de 48 pasos ilegales, y es necesario que ambos países incrementen los operativos para evitar que estas áreas sigan siendo utilizadas para cometer delitos, insistió Escobar.
Aseguró que comerciantes y habitantes de la zona de frontera han expresado su temor por el aumento de casos de extorsiones y secuestros exprés que podrían presentarse tras la repatriación masiva de presos hacia Colombia. Pidió un control riguroso de quienes serán repatriados por el gobierno de Ecuador.
El jefe de la administración seccional indicó que el gobierno nacional debe tener en cuenta la propuesta porque considera que un buen número de personas detenidas en las 37 cárceles de Ecuador pueden tener nexos con grupos armados ilegales en Colombia. Por eso, es necesario cerrar el paso a la delincuencia.
Nariño es uno de los departamentos más azotados por las organizaciones transnacionales del crimen. En estos momentos de cambio, se espera el respaldo del gobierno nacional para recuperar la tranquilidad, especialmente en la zona de frontera con Ecuador, concluyó Escobar.
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