
Por Pablo Emilio Obando Acosta
peobando@gmail.com
La decisión del Gobierno nacional de reducir en 500 pesos el precio de la gasolina a partir del 1 de febrero marca un giro simbólico y económico en la política de combustibles del país. Tras meses de incrementos sostenidos que impactaron de manera directa el bolsillo ciudadano y las economías regionales, la noticia ha sido recibida con expectativa, cautela y no pocas preguntas, especialmente en territorios históricamente sensibles a los costos del transporte y la logística, como el departamento de Nariño.
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Desde una perspectiva regional, la reducción del precio de la gasolina tiene un efecto inmediato en uno de los principales factores que encarecen la vida económica del sur del país: el transporte. Nariño, por su condición geográfica, su distancia de los grandes centros de consumo y su compleja topografía, ha sufrido tradicionalmente un sobrecosto en la movilización de bienes, insumos agrícolas y productos de primera necesidad. Cada peso que se reduce en el combustible abre una ventana, por pequeña que parezca, para aliviar esa pesada carga estructural.
En el corto plazo, la rebaja puede incidir positivamente en los costos del transporte intermunicipal y de carga, especialmente en el traslado de productos agropecuarios desde las zonas rurales hacia los centros urbanos. Sectores como el caficultor, el lechero, el papero y el comercio minorista podrían experimentar un leve respiro en sus estructuras de costos. No se trata de una transformación radical, pero sí de un mensaje económico que, bien canalizado, puede contribuir a frenar la espiral inflacionaria regional.
Ahora bien, sería ingenuo pensar que esta medida, por sí sola, se traducirá automáticamente en una reducción generalizada de precios. La experiencia indica que los incrementos se trasladan con rapidez al consumidor, mientras que las rebajas suelen quedarse atrapadas en la cadena intermedia. Aquí surge un reto clave: la necesidad de vigilancia institucional y compromiso del sector transportador y comercial para que el beneficio llegue efectivamente a la ciudadanía.
¿Existen afectaciones económicas negativas derivadas de esta decisión? Desde el plano fiscal nacional, el Gobierno asegura que la medida no tendrá impactos adversos gracias al saneamiento del Fondo de Estabilización de los Combustibles. En lo regional, el riesgo no está tanto en la rebaja misma, sino en que se genere una falsa expectativa de solución estructural. Nariño necesita más que alivios coyunturales: requiere una política continua y diferenciada de combustibles, infraestructura vial eficiente y apoyo decidido a sus economías locales.
Sin embargo, no puede desconocerse el potencial dinamizador de esta decisión. Una reducción sostenida del precio de los combustibles puede estimular el comercio local, mejorar la competividad de los productos nariñenses frente a otros mercados y fortalecer el consumo interno. Para un departamento fronterizo, agrícola y comercial como Nariño, cada incentivo que reduzca costos logísticos es una oportunidad para crecer, integrarse y resistir.
La rebaja de la gasolina es una buena noticia, pero no un punto de llegada. Es un gesto económico que, leído desde las regiones, debe convertirse en punto de partida para una discusión más profunda sobre justicia territorial, equidad económica y desarrollo regional. En Nariño, donde la economía se mueve a pulso y con sacrificio, cualquier alivio cuenta… siempre que no se quede solo en el titular.
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