Por Giovanny Gómez Palomino
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Esta semana, como muchos padres y madres que luchamos por cumplir con nuestras rutinas, llevaba a mi hija al colegio. Encendí la radio. En la voz de la periodista Vanesa de la Torre se deslizaba una de esas noticias que uno quisiera no tener que oír nunca: la madre de una niña de cuatro años, víctima de abuso sexual en un jardín público de Bogotá, daba su testimonio. No era una entrevista, era un grito.
El llanto desgarrador de esa madre aún resuena en mi mente, y ojalá también en la conciencia de este país que, mientras firma tratados de derechos humanos y celebra días del niño, sigue siendo sordo al clamor real de nuestras infancias.
Lo que más duele no es solo el acto atroz en sí, sino la cadena de omisiones que lo hizo posible. La madre había advertido. Había señalado riesgos. Había intentado proteger. Pero el jardín omitió, ignoró, desatendió. ¿Cuántas veces más tendremos que escuchar que “nadie sabía”, que “fue una falla humana”, que “no hubo intención”? No basta con la indignación de un día ni con comunicados de prensa llenos de eufemismos. Aquí falló el sistema educativo, fallaron los filtros de selección de personal, fallaron los protocolos de atención y, sobre todo, falló el Estado en su deber supremo: proteger a los más vulnerables.
El artículo 44 de nuestra Constitución es claro: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Pero esta frase ha terminado convertida en una fórmula retórica vacía. En la práctica, los niños siguen siendo los últimos en la fila de las prioridades. ¿Cuántos centros educativos en Colombia hacen una verdadera verificación de antecedentes de su personal? ¿Cuántos capacitan a sus docentes en la responsabilidad penal que les asiste como individuos y como miembros de una institución que responde jurídicamente?
No necesitamos más escándalos para actuar. Necesitamos una reforma estructural que obligue a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a garantizar entornos seguros con mecanismos de prevención, vigilancia efectiva y canales de denuncia protegidos. No puede seguir siendo opcional capacitar al personal en derechos de infancia, ni puede dejarse a la buena voluntad el control del acceso a quienes cuidan y forman a nuestros hijos.
Hoy, la justicia tiene que actuar. Pero mañana, la sociedad civil, los medios, los padres, los gobiernos locales y nacionales deben levantarse en una sola voz: ¡nunca más una niña o niño silenciado por la negligencia institucional! Si no convertimos este dolor en acción, entonces como país habremos fallado irremediablemente.
Corchazo: Un país que no escucha el llanto de una madre, tampoco merece el canto de sus hijos.
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