El cañón del río Guáitara es una cicatriz imponente que durante siglos aisló las voluntades de quienes habitaban sus orillas. Los indígenas abades, en su afán de comerciar con los pueblos vecinos, desafiaban el abismo utilizando una rudimentaria «tarabita» —un cajón de madera suspendido por cables— para cruzar entre los territorios que hoy conocemos como Ancuya y Sandoná. Pero la tarabita era un juego mortal contra el viento y la gravedad, y los primeros intentos de levantar puentes de madera provisionales terminaban devorados rápidamente por la humedad y la fuerza del río.

En la segunda mitad del siglo XIX, los hermanos Luvino y Primitivo Caicedo Astorquiza, terratenientes y dueños de vastas extensiones de tierra en ambas márgenes del río, decidieron domesticar el cañón de una vez por todas. En un principio, obligaron a sus esclavos a perforar las rocas del cañón para asegurar los maderos de un puente provisional. Sin embargo, ante el inminente peligro de muerte que corrían sus siervos en las escarpadas paredes de piedra, los Caicedo cambiaron de estrategia y decidieron realizar una colosal inversión financiera familiar.

En 1878, tras contratar a un ingeniero experto, ordenaron la importación de cables de acero desde Alemania, los cuales llegaron por mar hasta el puerto de Barbacoas y luego fueron transportados a lomo de mula por la cordillera andina. El resultado fue una imponente estructura colgante de 38 metros de largo y 4 de ancho, sostenida por torrecillas de piedra y calicanto, cuyo techo —inicialmente de paja y luego de zinc— protegía a los viajeros y mercancías.

Pero la audacia de los Caicedo Astoquiza tenía un precio. Al haber financiado la obra con su capital privado, se autoproclamaron dueños absolutos del paso y erigieron una casa-caseta que bloqueaba el camino. Nadie podía cruzar el río Guáitara sin pasar literalmente por el interior de la casa del «Puentero», el vigilante encargado de cobrar el impuesto de paso. El primer hombre en ocupar ese cargo fue Felipe Martínez, un habitante de La Unión que custodiaba el abismo y cobraba las tarifas oficiales de la época: dos centavos por persona, cinco por caballería y diez si se llevaba carga. Nacía así lo que la memoria popular de Nariño registra como el primer peaje en la historia de Colombia.

Las reglas del Puente San Antonio eran estrictas y no daban margen a la negociación: el paso se cerraba rigurosamente a las seis de la tarde, y solo los comerciantes con salvoconductos especiales otorgados por las alcaldías de Sandoná, Ancuya y Linares tenían permitido romper el toque de queda nocturno. Con el paso de las décadas, el desgaste de la estructura obligó a los Caicedo a contratar en 1928 al ingeniero portugués Julio Souza Alves para su reconstrucción. El 20 de septiembre de 1929 el puente fue reinaugurado, pero el monopolio del peaje privado continuó inalterado.

El destino del peaje cambió para siempre en 1936. Una devastadora epidemia de Bartonelosis comenzó a diezmar a los habitantes de Ancuya. Alarmado por la emergencia de salud pública, el presidente de la República, Eduardo Santos (1938 – 1942), despachó una comisión médica de emergencia provista de tratamientos terapéuticos. Sin embargo, al llegar al Puente San Antonio, los médicos se toparon con la implacable figura del puentero, quien les bloqueó el paso debido a que la delegación no disponía del dinero en efectivo para pagar el impuesto de tránsito. La burocracia del peaje privado ponía en jaque la vida de un pueblo entero.

Aquella afrenta colmó la paciencia de los líderes locales. Nabor Acosta Portilla, alcalde de Ancuya, lideró una movilización junto con los mandatarios de Sandoná, Linares y Samaniego para exigirle al Gobierno Nacional la nacionalización del puente. Tras intensas gestiones, el Estado compró la estructura a la familia Caicedo y abolió el cobro para siempre. En julio de 1939, el presidente Eduardo Santos declaró la obra como «Puente Nacional» de uso público y gratuito, instalando una placa conmemorativa y cambiando su nombre original por el de Puente Eduardo Santos.

Durante más de medio siglo, el puente colgante siguió balanceándose sobre el río Guáitara, mantenido con esmero por la administración municipal de Ancuya. Su misión concluyó silenciosamente el 18 de marzo de 1994, cuando un puente moderno de concreto reforzado fue habilitado a pocos metros de distancia. Hoy, las ruinas de piedra y calicanto del Puente Eduardo Santos permanecen en el fondo del cañón como centinelas mudos de una época en que la voluntad humana y el cobro de dos centavos abrieron la primera gran puerta sobre el indomable río Guáitara.

Investigación realizada con Gemini

Fuente: Informativo del Guaico

Foto retocada con Canva