Por Aníbal Arévalo Rosero
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Hacer una evaluación del Gobierno de Gustavo Petro requiere abandonar la narrativa de la polarización partidista y centrarse en los datos de manera directa, las reformas estructurales y los hitos legislativos.

Si bien su gestión enfrenta desafíos complejos en seguridad y gobernabilidad, es posible identificar varios éxitos significativos que marcan su legado político y económico.

Sin duda, el logro social y legislativo más palpable de su gobierno fue la aprobación de la Reforma Pensional. Este cambio estructural reemplazó el modelo de competencia entre los fondos públicos y privados por un sistema de pilares.

Amplía significativamente la cobertura para millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad que no lograban pensionarse, otorgándoles un subsidio solidario básico.

Demostró la capacidad del gobierno para negociar y destrabar proyectos de gran envergadura en el Congreso, a pesar de no contar con una coalición de gobierno consolidada.

La justicia social en el campo ha sido el núcleo ideológico de Petro. A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el gobierno aceleró la compra y titulación de tierras productivas para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Al alejarse de la expropiación violenta y optar por la compra concertada (por ejemplo, el acuerdo histórico con Fedegán), el gobierno dotó de legitimidad institucional al proceso, buscando saldar una deuda histórica vinculada directamente al origen del conflicto armado colombiano.

Petro consolidó a Colombia como un referente global en la lucha contra el cambio climático bajo el lema de “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”.

La organización y ejecución de la COP16 sobre Biodiversidad en Cali (finales de 2024) fue un éxito rotundo de diplomacia y movilización. Posicionó la agenda de protección de la Amazonía, la transición energética justa y el canje de deuda por acción climática en los principales foros multilaterales.

Al inicio de su mandato, el gobierno logró aprobar una Reforma Tributaria progresiva enfocada en los sectores de mayores ingresos y en las industrias extractivas. A pesar de los temores iniciales de los mercados sobre la “Petronomía”, ciertos indicadores clave mostraron resiliencia.

Tras los choques pospandemia, se logró encauzar la inflación a la baja y mantener la tasa de desempleo nacional en dígitos simples.

Se registró un crecimiento histórico en la llegada de turistas extranjeros, alineado con la meta gubernamental de sustituir paulatinamente las divisas del petróleo y el carbón por la “economía de la vida” y los servicios.

En el plano de la economía del hogar, el gobierno implementó de manera consecutiva incrementos del salario mínimo nominal por encima de la inflación. Esta estrategia buscó proteger el bolsillo de las clases trabajadoras más vulnerables frente a la carestía de los alimentos, cumpliendo con una de sus principales promesas de campaña de dignificar el trabajo.

El presidente Gustavo Petro logró mover el eje del debate público en Colombia. Temas que antes eran marginales o prerrogativa de la tecnocracia tradicional —como la desigualdad pensional, el cambio de matriz energética o la redistribución de la tierra— hoy están en el centro de la agenda nacional. Su mayor acierto ha sido demostrar que un proyecto de izquierda puede ejecutar reformas estructurales profundas dentro de los márgenes de la institucionalidad y la democracia colombiana.

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