El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el gobernador Luis Alfonso Escobar abrió una nueva discusión sobre el manejo del orden público, los diálogos con grupos armados y el papel de las regiones en la construcción de paz.
La reciente Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, dejó expuestas las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración departamental de Nariño sobre la manera de enfrentar a las estructuras armadas ilegales.
El presidente Abelardo de la Espriella aprovechó su intervención ante los mandatarios regionales para advertir que la conducción del orden público corresponde al Gobierno nacional y que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones o acuerdos con grupos armados por fuera de los canales establecidos por el Estado.
En un mensaje dirigido al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, el presidente manifestó: “Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño: está advertido”.
La declaración fue interpretada como un cuestionamiento directo a la política de paz territorial que ha promovido la Gobernación de Nariño y a los acercamientos que se han desarrollado en el departamento con algunas estructuras armadas.
Dos visiones frente al conflicto
El Gobierno nacional sostiene que la lucha contra las organizaciones armadas ilegales debe estar bajo una conducción unificada y que cualquier proceso de negociación debe contar con la autorización correspondiente del Ejecutivo.
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En entrevista realizada este lunes en la noche con el periodista Daniel Coronell, el gobernador Escobar, por su parte, sostiene que su administración no ha adelantado negociaciones clandestinas ni por fuera del marco institucional. Según explicó, los procesos desarrollados en Nariño se originaron durante el Gobierno anterior y estuvieron amparados en el marco jurídico de la denominada Ley de Paz Total.
Para Escobar, la experiencia de Nariño demuestra que las estrategias frente a la violencia no pueden ser idénticas en todos los territorios. Su propuesta de “paz territorial” combina, según ha planteado, acciones de seguridad, inversión social, infraestructura, educación y diálogo con las comunidades.
El mandatario regional considera que la llamada Paz Total tuvo dificultades al intentar aplicar una política homogénea en territorios con realidades diferentes, pero sostiene que algunos de los procesos desarrollados en Nariño han permitido reducir los niveles de violencia y fortalecer la presencia institucional.
Las cifras que presenta la Gobernación
Uno de los principales argumentos de Escobar para defender su estrategia son los resultados que atribuye a su administración y a la acción conjunta de las instituciones.
Entre ellos menciona la reducción de la tasa de homicidios en Tumaco, que, según las cifras presentadas por el gobernador, habría pasado de 77 a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes.
También señala que la tasa departamental habría descendido de 35 a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En materia social, Escobar destaca igualmente los datos de pobreza multidimensional. De acuerdo con las cifras que cita de manera oficial, mientras el indicador nacional disminuyó 1,6 % entre 2024 y 2025, en Nariño la reducción habría sido de 4,9 %, y de 7,6 % en las zonas rurales.
Otro de los resultados mencionados es el regreso de 246 docentes que habían sido desplazados por hechos relacionados con la violencia y que retornaron a instituciones educativas rurales.
Estas cifras son utilizadas por el gobernador como evidencia de que la seguridad, a su juicio, no depende exclusivamente de las operaciones militares, sino también de la recuperación de las condiciones sociales y económicas de las comunidades.
Una agenda de infraestructura de $12 billones
La estrategia de la Gobernación también contempla un ambicioso programa de inversión denominado Pacto por la Transformación Territorial para la Vida y para la Paz.
De acuerdo con Escobar, esta hoja de ruta a diez años contempla 255 proyectos con una inversión aproximada de 12 billones de pesos.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentran proyectos de agua potable para municipios de la costa Pacífica, obras de conectividad como el puente sobre el río Telembí y avances en infraestructura aeroportuaria en Magüí Payán.
La administración departamental también destaca la descentralización de la educación superior mediante el fortalecimiento de la Universidad de Nariño en territorios periféricos.
Según el gobernador, 100 jóvenes del denominado triángulo del Telembí y otros 47 de El Charco tienen la posibilidad de acceder a educación superior sin trasladarse a ciudades como Pasto, Cali o Bogotá.
Para el gobernador, este tipo de inversiones hace parte de una estrategia de prevención de la violencia al ofrecer alternativas educativas y económicas a las comunidades, particularmente a los jóvenes.
Seguridad y diálogo no necesariamente excluyentes
El gobernador también rechaza la idea de que su propuesta de paz territorial implique abandonar la acción de la Fuerza Pública.
Como ejemplo menciona la Operación Cordillera, desarrollada en zonas estratégicas de Nariño y que, según su versión, permitió modificar el equilibrio militar en favor de la institucionalidad.
Su argumento es que las acciones militares y policiales pueden coexistir con programas sociales y procesos de diálogo, siempre dentro del marco institucional.
El Gobierno nacional, en cambio, ha puesto el énfasis en fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública y mantener bajo su conducción cualquier eventual proceso de negociación con grupos armados.
La diferencia, por tanto, no parece estar únicamente en si debe existir presencia militar, sino en el peso que deben tener el diálogo, la inversión social y las iniciativas regionales dentro de la estrategia general de seguridad.
El riesgo de quienes están en tránsito hacia la desmovilización
Uno de los puntos que más preocupa al gobernador Escobar es el destino de personas vinculadas a estructuras armadas que, según afirma, estaban dispuestas a abandonar las armas.
El mandatario calcula en alrededor de 2.000 los combatientes que, de acuerdo con los procesos adelantados previamente, estaban en condiciones de avanzar hacia una desmovilización en Nariño.
Como ejemplo de las dificultades actuales, menciona el caso de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano en el vecino departamento del Putumayo, quienes habrían entregado sus armas bajo un proceso anterior.
Escobar sostiene que las armas permanecen bajo custodia internacional, mientras que las personas quedaron en una situación jurídica y política incierta tras el cambio de Gobierno y la suspensión de los procesos de diálogo.
“Están como en el ascensor entre los dos pisos”, expresó el gobernador para describir la situación: la administración departamental no tendría facultades constitucionales para negociar directamente y el Gobierno nacional, según su versión, no estaría dispuesto actualmente a asumir esa interlocución.
El mandatario advierte que la falta de una salida jurídica podría incrementar el riesgo de que algunos de estos excombatientes regresen a las estructuras armadas.
La dimensión política del enfrentamiento
El choque también tiene una evidente dimensión política.
Escobar es el único gobernador del país elegido por una colectividad vinculada al Pacto Histórico, mientras que el Gobierno de De la Espriella representa una orientación política sustancialmente diferente frente al manejo de la seguridad y el conflicto armado.
Sin embargo, reducir la controversia a una confrontación entre sectores políticos podría dejar por fuera una discusión institucional de fondo: ¿hasta dónde pueden llegar los gobiernos territoriales en iniciativas de paz y seguridad y dónde comienza la competencia exclusiva del Gobierno nacional?
La Constitución establece que el Presidente es la autoridad encargada de conservar el orden público en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, gobernadores y alcaldes tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad y convivencia en sus respectivas jurisdicciones.
El desafío está en determinar cómo se articulan esas competencias cuando una estrategia regional incluye contactos con comunidades o actores armados.
“No hay chaleco antibalas ante los señalamientos”
El gobernador Escobar también expresó preocupación por las consecuencias personales de la confrontación política.
Recordó que en el pasado fue objeto de un señalamiento que, según su relato, se originó en una denuncia anónima y posteriormente fue mencionado públicamente por el expresidente Álvaro Uribe en relación con el asesinato de Miguel Uribe.
Escobar afirmó que aquella situación tuvo consecuencias concretas, entre ellas un episodio en el que un ciudadano lo increpó durante un vuelo y lo llamó “asesino”.
Por ello, considera que los señalamientos provenientes de altos dirigentes políticos pueden tener consecuencias que trascienden el debate institucional.
“De la difamación uno se recupera emocionalmente, pero no hay chaleco antibalas ante los señalamientos de un líder nacional”, afirmó.
Un debate que apenas comienza
El episodio de Mompox deja planteada una discusión que va más allá de las diferencias personales entre el Presidente y el gobernador de Nariño.
Por un lado, el Gobierno nacional defiende una política de seguridad centralizada, con una conducción presidencial clara frente a los grupos armados y una mayor prioridad para las operaciones de la Fuerza Pública.
Por otro, la Gobernación de Nariño defiende una estrategia que combina seguridad, inversión social, infraestructura y diálogo territorial, y sostiene que los resultados obtenidos en algunos indicadores respaldan ese camino.
El punto de encuentro podría estar en la necesidad de coordinar ambas dimensiones. La seguridad requiere capacidad operativa del Estado, pero la experiencia de regiones como Nariño también plantea el interrogante de si las condiciones sociales y económicas de los territorios pueden ser ignoradas en una estrategia de largo plazo.
El gobernador Escobar asegura que, pese al enfrentamiento político, mantendrá una actitud institucional y pidió al Gobierno nacional abrir canales de diálogo para articular su política de seguridad con los programas sociales y de infraestructura que desarrolla el departamento.
“El miedo hay que superarlo por la esperanza”, concluyó.
La discusión, sin embargo, apenas comienza y tendrá que resolverse no solo en el terreno político, sino también en el jurídico e institucional: quién puede dialogar, bajo qué condiciones, con qué autorización y, sobre todo, cuál es la estrategia más efectiva para reducir la violencia sin perder el control territorial ni la legitimidad del Estado.
Investigación realizada con Gemini NotebookLM
Redacción realizada con ChatGPT
Fuente: Entrevista realizada por Daniel Coronell https://www.youtube.com/watch?v=eSq1ICrk1bc
Foto: El Espectador
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