El Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2027 no nació como una ley de la República, sino como un decreto del Ejecutivo. Tras una maratónica y accidentada jornada legislativa que culminó en la madrugada del pasado 21 de octubre, una descoordinación procedimental en torno a un solo artículo —el 65— impidió la conciliación bicameral y obligó al Gobierno nacional a expedir el presupuesto mediante el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026.

Aunque el monto total se mantiene intacto en $634,95 billones de pesos ($634.952.040.871.099), la aplicación del artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto borró de un plumazo las modificaciones, traslados y conquistas territoriales logradas durante el segundo debate en las plenarias del Senado y de la Cámara. Entre los damnificados directos de este desenlace figura el departamento de Nariño, cuyos congresistas habían logrado incorporar más de $431.000 millones de pesos adicionales para obras de infraestructura terciaria, agua potable, educación y subsidios de energía, recursos que hoy se encuentran en la incertidumbre jurídica y administrativa.

La génesis de la fractura: ¿Qué pasó con el artículo 65?

El artículo 65 del proyecto de presupuesto reglamenta las operaciones de cobertura fiscal que mitigan las variaciones en las cotizaciones internacionales del petróleo crudo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio. Lo que parecía un tecnicismo financiero terminó desatando el colapso del trámite parlamentario.

El lunes 20 de octubre, a pocas horas de que expirara el plazo fatal de la medianoche para aprobar el presupuesto, las mesas directivas del Congreso implementaron una sesión paralela o “estrategia espejo” para votar rápidamente el mismo texto en ambas cámaras y evitar diferencias que obligaran a una conciliación:

1. La jugada en el Senado: Hacia las 11:00 p. m. del lunes, el senador Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático) presentó una proposición modificatoria con dos parágrafos adicionales al artículo 65. Sin embargo, al percatarse de los riesgos de tiempo, Caicedo retiró formalmente su propuesta y la radicó como una simple constancia. Por ende, la plenaria del Senado aprobó el artículo 65 en su versión original de ponencia, cerrando su sesión antes de medianoche.
2. El error en la Cámara: En la Cámara de Representantes la votación se extendió hasta las 3:47 a. m. del martes 21 de octubre. Al momento de someter a votación los bloques de artículos con enmiendas avaladas, el coordinador ponente Jhon Édgar Pérez (Cambio Radical) incluyó la proposición del artículo 65. Dicho texto contaba con la firma y el aval oficial del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pues el equipo técnico de la cartera no había actualizado el retiro de la proposición que ya se había consumado horas antes en el Senado. La Cámara votó y aprobó el artículo modificado.

Al salir textos divergentes de ambas corporaciones, el artículo 161 de la Constitución y la Ley 5 de 1992 ordenaban conformar una comisión accidental de conciliación. Como el plazo límite constitucional venció sin que se integrara dicha comisión ni se votara un texto unificado, el trámite quedó formalmente incompleto y herido de muerte por vicio de procedimiento.

El laberinto legal: la activación del Estatuto Orgánico

Ante la imposibilidad de sancionar una ley incompleta, el Ejecutivo recurrió al artículo 348 de la Constitución Política y al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996).

Dicho marco normativo establece que, si el Congreso no expide oportunamente el presupuesto, regirá el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones aprobadas únicamente en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas (Terceras y Cuartas de Senado y Cámara).

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda aclararon que el presupuesto no fue negado ni hundido, sino adoptado mediante el Decreto 1599 bajo las condiciones del primer debate, una salida excepcional que en la historia democrática reciente solo se había aplicado en 1991 (César Gaviria) y en 2024 (para el presupuesto de 2025).

Presupuesto por Decreto vs. Presupuesto del Congreso: ¿Qué cambió?

Aunque el monto global de $634,95 billones no sufrió variaciones cuantitativas, la composición interna del gasto y la distribución sectorial tuvieron cambios drásticos al desaparecer todos los acuerdos y traslados sellados durante el segundo debate en las plenarias:

Sector o Rubro	Aprobado en Plenarias (2º Debate)	Expedido por Decreto 1599 (1.er Debate)	Impacto Real del Cambio
Salud y Protección Social	$84,56 billones (se adicionaron $3 billones recortados a la deuda)	$81,56 billones (solo rige adición inicial de $2 billones de 1er debate)	Se pierden $3 billones que iban dirigidos a solventar deudas acumuladas con las EPS.
Atención de Emergencias / Terremoto	Inclusión de $6,2 billones adicionales para el plan de reconstrucción	Queda por fuera la autorización de traslado directo del segundo debate	Se borra la apropiación específica pactada en plenaria para la reconstrucción del suroccidente.
Servicio de la Deuda Pública	Había cedido $3 billones en plenaria para fortalecer la red de salud	Se mantiene blindado en $155,43 billones (crece 54,7% frente a 2026)	Los recursos retornan al servicio de deuda, priorizando el compromiso financiero sobre la inversión.
Congreso de la República	Se aprobó un incremento burocrático de $100.000 millones ($50.000 M por cámara)	Totalmente excluido	El Legislativo no recibe la partida presupuestal adicional que se había autoasignado.
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	Recorte extendido a $181.400 millones	Se mantiene únicamente el recorte base de $170.000 millones	La JEP evita el tijeretazo complementario de $11.400 millones del segundo debate.
Infraestructura Regional (Santander y Córdoba)	$100.000 M para variante de San Gil y Art. 90 para peajes en Córdoba	Suprimidos de los anexos del decreto	Quedan sin financiación estas obras viales estratégicas del orden territorial.

La factura para Nariño: $431.000 millones en el limbo

La consecuencia más lesiva para el suroccidente colombiano recae sobre los presupuestos regionalizados. En el caso del departamento de Nariño, el proyecto inicial presentado por el Ministerio de Hacienda en julio contemplaba un drástico recorte de $182.000 millones para el territorio.

Tras semanas de presión técnica y concertación en el Congreso, la bancada parlamentaria nariñense —liderada por la senadora Liliana Benavides Solarte (presidenta de la Comisión Cuarta de Presupuesto) — logró revertir el recorte y asegurar una adición histórica de $431.000 millones en el segundo debate:

• Minas y Energía: Más de $136.000 millones para subsidios al gas licuado de petróleo (GLP) y redes eléctricas rurales.
• Transporte: $128.000 millones focalizados en mejoramiento de vías terciarias y placas huellas.
• Vivienda y Agua Potable: $46.000 millones destinados a proyectos de saneamiento y acueductos veredales.
• Educación: $32.000 millones para dotación e infraestructura escolar.

El problema actual: Al expedirse el presupuesto mediante el Decreto 1599, todas las adiciones negociadas e introducidas en las plenarias pierden su fuerza legal de apropiación directa en los anexos de inversión, quedando desprovistas de exigibilidad inmediata a menos que el Ejecutivo las reconozca vía decreto de liquidación o adición presupuestal.

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Congresistas exigen respuestas y miran a la ‘Ley de Rescate Fiscal’

El coletazo político no se hizo esperar en el sur del país:

• Derecho de petición al Ejecutivo: La representante a la Cámara Rosita Guevara Rosero radicó un derecho de petición formal ante el ministro de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) exigiendo certidumbre: “El pueblo nariñense no puede pagar las consecuencias de los errores en el trámite del presupuesto. Exigiré claridad sobre su continuidad y defenderé que Nariño no pierda lo que gestionó en el debate presupuestal”.
• El llamado de la Comisión Cuarta: Por su parte, la senadora Liliana Benavides Solarte emitió un comunicado oficial en el que recalcó que el presupuesto no puede ser presa de disputas partidistas. La congresista anunció que buscará articular acciones con el presidente de la República para que los $431.000 millones de Nariño y los recursos de Cauca y Putumayo sean blindados a través de la próxima Ley de Rescate Fiscal, proyecto anunciado por el Gobierno con un recorte de gasto público de $22 billones y la revisión de transferencias.

La expedición del Presupuesto 2027 por decreto evitó el apagón financiero de la Nación, pero dejó una factura costosa para las regiones. Hoy, la ejecución de las vías veredales, los subsidios energéticos y el agua potable en Nariño no dependen de la soberanía del Congreso, sino de la voluntad política del Ministerio de Hacienda a la hora de desembolsar cada partida en el decreto de liquidación presupuestal.

Investigación realizada con Gemini

Con información de La República, El Colombiano, la FM, El País y otros medios de comunicación

Foto: La Voz de Cinaruco