Visión de mujer
Elsy Melo Maya
elsy.ya@hotmail.com

“Se estima que en Nariño el conflicto armado es creciente dadas las características topográficas y localización geográfica, que propicia el surgimiento de estructuras rebeldes y delincuenciales que afectan los sectores socio-económicos, administrativos de lo público y ambientales, materializados en el incremento de cultivos ilícitos y altos índices de inseguridad, lógicas provenientes de la insuficiente atención del estado”. 

Es una de las razones por las cuales la academia, se adentra en el proceso de construcción de paz y el respeto por los derechos humanos, mediante la investigación y la capacitación, actividades que permiten un acercamiento objetivo a la incidencia de los diferentes acuerdos y fin del conflicto armado, tal como nos lo comenta el Profesional de la ESAP David Villarreal, Economista, Especialista en Gestión para la Planificación Urbana Territorial y Especialista en Gerencia de Proyectos.

“Durante 2020, al menos 18 municipios han sido afectados por acciones de violencia armada en Nariño, incluyendo enfrentamientos entre grupos armados, combates con la fuerza pública, homicidios, masacres, amenazas, minas antipersonales, entre otros flagelos. Al menos 31.834 personas (Barbacoas 8.270, Ricaurte 13.625 y Tumaco 9.939) pertenecientes al pueblo indígena Awá están en riesgo por diferentes amenazas que se han registrado en sus resguardos.

Frente a las emergencias por desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad, diferentes entidades brindan acompañamiento y fortalecimiento a los municipios de la Costa Pacífica, incluyendo asistencia técnica con un enfoque de protección de derechos y prevención, que dé respuesta a las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

En este emprendimiento por contribuir a la construcción de paz,  la ESAP adelanta eventos de capacitación ( Diplomados, Cursos y Seminarios) aportando conocimientos que fortalecen las competencias de funcionarios públicos y líderes sociales, quienes participan   en espacios de formación  en  derechos humanos, control social a la gestión pública y veeduría ciudadana, analizando el estado actual del proceso de paz, pero teniendo como punto de   partida, el análisis del conflicto armado que ha enfrentado el país por más de seis décadas.

Es inevitable concluir que para mitigar los efectos del conflicto armado e impedir que se repita, se deben cambiar de manera radical las condiciones sociales, educativas y económicas que influyan en una nueva cultura de convivencia y tolerancia ciudadana que apunte a la construcción de la paz; objetivo a cumplir con la participación y articulación de  instituciones educativas y comunidad, con quienes se pueden establecer mecanismos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de paz en cada territorio.”

Octubre 4 de 2021

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