Por: Iván Antonio Jurado Cortes

iajurado@yahoo.com

Después de siete días de fuertes protestas
como consecuencia del abandono estatal a la que han sido sometidos varios
sectores de la producción nacional, hoy la incertidumbre por parte de los
manifestantes es cada vez mayor, mas cuando los ministerios responsables de la
política agropecuaria y social no han mostrado ni el mínimo interés en proponer
soluciones coherentes a la realidad del país.

Es irónico que todas las organizaciones que se
han volcado a las calles para exigir al gobierno resolución a sus peticiones,
no tengan respaldo por las mal llamadas federaciones.

Arroceros, paperos, lecheros, cacaoteros,
cafeteros, paneleros, mineros artesanales, entre otros, gozan de una figura
burocrática denominada federación, cuyo objeto es velar por la organización y
bienestar de sus representados. Sin embargo, desde que colapsaron los gremios
productivos, los directivos de las federaciones guardan un silencio sepulcral,
demostrando nulo interés por la verdadera problemática de los afectados. Con
los paros escalonados que han paralizado a la nación, se ha determinado que
estas figuras asociativas sobran.

En estos momentos de crisis es cuando los
presidentes o gerentes gremiales debieran estar al frente de todo el proceso de
acercamiento y concertación con el gobierno, acciones que no se han visto- y
razones no faltan. Actualmente ninguno de los supuestos federados cree en sus
representantes. Y no es para menos, con los últimos sucesos se ha concluido que
los llamados indignados son los verdaderos afectados, que erróneamente han
venido contribuyendo en el sostenimiento de la burocracia gremial.

El paro nacional agrario avanza en medio de la
improvisación gubernamental, conllevando aceleradamente a una calamidad social
y económica, que al final terminará en una profunda crisis humanitaria
afectando obviamente a los más débiles. Claro está, que para negociar en medio
de las protestas, el gobierno nacional debe tener dos propuestas claras: por
una lado los recursos económicos necesarios para corregir el déficit financiero
que representa la actividad comercial agraria y por el otro, la disponibilidad
para establecer una política subsidiaria a mediano y largo plazo, dirigida a
los sectores golpeados por las importaciones a causa de los devastadores TLC.

El huérfano estado de este justificado paro es
lamentable; por ningún lado se observa la voluntad y compromiso político del
Congreso de la República, quienes están en la obligación ética y legislativa de
participar en búsqueda de soluciones positivas en favor de los vulnerables, que
cada vez aumentan en proporciones preocupantes. En regiones como el altiplano
cundiboyacense y Nariño, se viene sintiendo con mayor fuerza la crisis
económica derivada de la degradación de la política agropecuaria, motivo para
que sean las principales comunidades en levantar la voz.

Se debe aclarar que los ‘padres de la patria’
no pueden entenderse de esta exigencia popular, ya que por estos días no es
conveniente ‘pintarse’ o mejor dicho ponerse en contra del gobierno central.
Para estos personajes, primero está asegurar su reelección que enfrentar una
situación muy comprometedora a sus intereses seudopatrióticas. “Que los
campesinos se las arreglen solos,… estos votos no son significantes” manifestó
un sinvergüenza senador oriundo de uno de los departamentos más golpeados por
esta problemática.

Productores de todas las ramas se encuentran
‘con el agua al cuello’, esperando que una política estructural agraria
resuelva esta discriminación histórica del campesinado por parte del Estado
colombiano. Domingo, agosto 25 de 2013