Por Germán Ayala Osorio

http://laotratribuna1.blogspot.com/

Twitter: @germanayalaosor

Poner fin a la guerra interna que afecta al
país desde hace más 50 años ha sido el propósito de varios gobiernos que
intentaron en disímiles momentos de nuestra historia política, negociar con las
guerrillas de las Farc y el ELN, fuerzas subversivas que hoy se mantienen en
pie de guerra contra el Estado colombiano.

Varios procesos de paz adelantados resultaron
fallidos. Otros, por el contrario, resultaron exitosos. Pero lo cierto es que
el conflicto armado continúa porque aún permanecen en armas estas dos
agrupaciones.

La urgente necesidad de buscar la pacificación
del país por la vía del diálogo y la negociación, nuevamente puso en la agenda
mediática y pública el tema de la paz, a través de la instalación de un nuevo
proceso de negociación, esta vez entre el Gobierno de Santos Calderón y las
Farc-EP.

Después del fracaso del proceso de paz que
adelantaron las Farc y el Gobierno de Pastrana Arango (1998-2002), el síndrome
del Caguán se instaló en los imaginarios colectivos y dio vida a reducidas y
equívocas Representaciones Sociales (RS) en torno a la paz y el conflicto. La ejecución de la Política
Pública de Defensa y Seguridad Democrática y su discurso antiterrorista sirvió
para que dicho síndrome coadyuvara a que la opinión pública proscribiera la
búsqueda de la paz, a pesar de los ocultos acercamientos que el Gobierno de
Uribe mantuvo con las Farc y el ELN, justamente para buscar ponerle fin al
conflicto armado interno.

Después de ocho años de un fuerte y sostenido
escalamiento del conflicto, con sus efectos claros en el desplazamiento forzado
de millones de colombianos, llega a la Presidencia Juan Manuel Santos Calderón.
No advertía el país, ni Uribe y sus seguidores, que los tiempos de la seguridad
democrática quedarían atrás. El giro conceptual y político de Santos permitió
reconocer la existencia del conflicto armado interno y de millones de víctimas
de las acciones de los actores armados involucrados en las hostilidades: el
Estado, las guerrillas y los paramilitares.

El país, entonces, volvería a hablar de paz.
Pero el síndrome del Caguán seguía presente. De allí que Santos y Farc
acordaran negociar el fin del conflicto por fuera del territorio colombiano.
Previa presentación en Oslo, Noruega, del marco de negociación que daría vida al
proceso de paz, Cuba fue el lugar elegido por las partes para instalar allí la
mesa de negociación, esta vez con una Hoja de Ruta compuesta por seis puntos.

Dos años han pasado ya desde que dicha mesa se
instaló en La Habana y el país cuenta hoy con un proceso de paz que camina en
medio de la pugnacidad ideológica y política entre Uribe y Santos y por
supuesto, en medio de la decisión de las partes de hablar de paz en medio de
las hostilidades. A pesar de todo, hay avances importantes en tres de los seis
puntos acordados: cuestión agraria, participación política y cultivos de uso
ilícito (narcotráfico). Se trata de acuerdos preliminares dado que nada está
acordado, hasta que todo esté acordado. El reconocimiento de las víctimas y de
sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición (re
victimización) es un punto álgido que ha coadyuvado a polarizar más al país y a
la opinión. Las dicotomías Paz vs Guerra, o Santos vs Uribe han servido de
pararrayos a las fuertes controversias que la prensa ha recogido y ayudado a
azuzar, alrededor  de lo que realmente se
está negociando en La Habana entre las Farc y el Gobierno de Santos. Son
varias, pues, las coyunturas político- mediáticas que el proceso de paz ha
soportado en estos dos años.

A mediados de octubre de 2014, el Gobierno de
Santos y líderes del ELN confirman que hay acercamientos para acordar un
proceso de paz paralelo al que se desarrolla con las Farc en territorio cubano.
La paz, entonces, nuevamente ocupa un lugar importante en las agendas pública y
mediática. Los colombianos lentamente confían en que es posible que se
ponga fin al largo y degradado conflicto
armado interno.

A pesar de las voces contrarias, y de otras
variables político-electorales, el país votó por la paz el 15 de junio de 2014.
Ese día resultó reelecto el presidente Santos, quien no sólo reconoció la
existencia del conflicto armado interno, contrariando a quien fuera su mentor y
hoy máximo líder opositor del proceso de paz, sino que se aventuró a conversar
y negociar con una guerrilla que, golpeada militarmente durante ocho años (2002-2010), parece entender,
como lo entiende el Gobierno, que esta es la última oportunidad para la paz.
Parece haber cansancio y el natural envejecimiento de sus líderes, ayuda a
consolidar esa idea.

Mientras el proceso de paz gana en legitimidad
y confianza, el país empieza a hablar de posconflicto. Una categoría difícil de
asir y que muchos muy seguramente jamás oyeron mentar en estos 50 años de
guerra interna.

Resulta difícil imaginar un país sin guerra,
sin conflicto armado interno. De allí que para muchos hablar de posconflicto,
como concepto, se agota en el cese de hostilidades, la desmovilización y la
dejación de armas por parte de las guerrillas. Finalmente, en la firma de un
armisticio y de un documento con el que se pone fin a la confrontación armada
entre insurgentes y Estado. Pero no. Esas circunstancias darían vida si acaso,
a categorías como posguerra y posacuerdos. Pero el posconflicto es mucho más
que eso.

Implica reconstrucción de todo aquello que el
conflicto armado debilitó, afectó o dañó. Desde la infraestructura económica,
pasando por asuntos que atraviesan la vida social, económica, cultural y
política de un país que ha vivido 50 años en una guerra fratricida. Entonces,
el posconflicto, como óptimo y deseable escenario en donde la paz se
consolidará, demanda la transformación del Estado y de la sociedad. Conlleva un
profundo cambio cultural, pero especialmente, deberá en buena medida,
transformar las circunstancias contextuales que legitimaron en los años 60 el
levantamiento armado. Es decir, la concentración de la tierra y de la propiedad
en pocas manos, igualmente, la concentración de la riqueza. También, exige
cambios profundos en un excluyente sistema político, que devino en una
democracia restringida.

Se trata, entonces, de unos escenarios que
demandarán sacrificios de todos, en especial de aquellos que por largo tiempo
han ostentado el poder económico y político. Y es posible que el país se demore
por lo menos 25 a 30 años en consolidar esos escenarios de posconflicto, en
donde la paz brille y se haga, ojalá, perenne. Pero para ello, el Estado debe
hacerse a las condiciones modernas y cumplir con las obligaciones que como
Estado Social de Derecho le impone la Constitución Política de Colombia. 

Esperemos que el proceso de paz con las Farc
avance y llegue a feliz término. Firmado el fin del conflicto, ahora sí podemos
todos sentarnos a pensar, diseñar y poner en marcha los cambios que el
posconflicto demanda. De esta forma, queda claro que la paz está lejos, aunque
el fin del conflicto armado esté cerca.