Una hoja de ruta para enfrentar la coyuntura comercial que afecta la frontera entre Colombia y Ecuador fue definida tras una reunión liderada por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa María Villavicencio, con participación de entidades del Gobierno Nacional, las gobernaciones de Nariño y Putumayo, alcaldes de municipios fronterizos y representantes de gremios económicos.

Entre las principales medidas acordadas se encuentran el fortalecimiento de las gestiones diplomáticas para avanzar hacia un acuerdo que permita restablecer la normalidad del comercio binacional, la realización de una reunión de seguridad en la zona de frontera para revisar la situación del corredor fronterizo y coordinar acciones institucionales, así como la evaluación de la declaratoria de una Zona Especial de Intervención Fronteriza, conforme a la Ley de Fronteras.

Durante el encuentro, autoridades territoriales, gremios económicos y representantes del sector transportador expusieron las afectaciones económicas y sociales derivadas de las medidas arancelarias adoptadas por Ecuador, que han impactado especialmente el transporte de carga, el comercio formal y las actividades logísticas vinculadas al intercambio entre ambos países.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, señaló que este espacio da continuidad al trabajo adelantado desde el territorio para hacer frente a la situación. “Nos sentimos representados por el Gobierno Nacional en los esfuerzos que se están haciendo para restablecer las condiciones económicas y avanzar hacia una solución que normalice el comercio entre Colombia y Ecuador”, afirmó.

Por su parte, la canciller Rosa María Villavicencio reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de trabajar de manera coordinada con las regiones y los actores económicos de la frontera, con el fin de avanzar en soluciones que permitan recuperar la dinámica comercial.

Las autoridades coincidieron en que el restablecimiento de la normalidad en la frontera requiere mantener abiertos los canales diplomáticos y fortalecer las acciones institucionales conjuntas, con el objetivo de proteger el empleo, el comercio legal y la estabilidad económica en los territorios fronterizos.

Fuente y foto: Gobernación de Nariño