Tomado de radionacional.co
Nariño será uno de los departamentos donde la Embajada de EE. UU., en Colombia, y la Procuraduría implementarán acciones para contrarrestar el uso de mercurio en la minería ilegal.
La estrategia busca la articulación institucional para identificar, monitorear y controlar la contaminación por mercurio en los territorios donde se ha denunciado la presencia de minería ilegal, pero también la capacitación a los pequeños mineros informales.
Hakim Hasan, jefe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de los EE.UU., en Colombia, indicó que en Nariño el 76% de las actividades mineras son ilícitas.
“Estamos trabajando con la Procuraduría en organizar mesas territoriales que buscan el control de mercurio, que es un metal prohibido, pero se usa en la extracción de oro y hemos visto que las organizaciones criminales utilizan este material en el tráfico de drogas. Para nosotros el principal enfoque es combatir las drogas y por eso es importante coordinar esas actividades con el Gobierno de Colombia, porque cada vez está siendo mucho más alarmante”.
Los municipios de la subregión del Telembí son, según el representante de la Embajada americana, uno de los territorios donde se presenta mayor afectación por presencia de grupos armados ilegales quienes estarían detrás de la minería ilegal.
Por su parte, Laura Marcela Martínez, procuradora judicial delegada para asuntos ambientales, mineros y energéticos, agregó que a través de la circular 03 de 2024, se exhortó a todas las entidades competentes para que aúnen esfuerzos para combatir la minería ilegal.
“En el departamento hay una problemática bien fuerte de minería ilegal y hay también evidencia de que hay mercurio en las fuentes hídricas y cianuro, que pueden afectar la salud de los habitantes del departamento de Nariño”.
Agregó que “por eso se decidió hacer esta mesa territorial en la cual están entidades del Gobierno nacional como Ministerio de Ambiente, Minas, la misma Presidencia de la República y también otras entidades para establecer una hoja de ruta con un enfoque diferencial, con protección de los derechos humanos de las personas que están derivando su sustento de esta actividad y que quieren legalizarse, pero también con acciones contundentes para combatir la minería ilegal, que está siendo objeto de acciones por parte del grupo criminales”.
La funcionaria resaltó que una vez tengan el diagnóstico establecerán unas mesas específicas que son: una ambiental, minera, de seguridad y de derechos humanos, para concretar esas acciones coordinadas con compromisos, fechas, responsables y la Procuraduría General de la Nación le hará un seguimiento estricto y riguroso a todos esos compromisos que se acuerden.
Nota original:
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