Tomado de www.elespectador.com
Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en los últimos 100 años en Colombia se han registrado más de 11.800 eventos asociados con movimientos en masa. Y como consecuencia de estos, aproximadamente 7.590 personas han perdido la vida y 239.740 familias se han visto afectadas.
Colombia tiene un relieve topográfico abrupto, resultado de una actividad tectónica relativamente reciente y aún en continua evolución. Se caracteriza por la presencia de tres cadenas montañosas y una región con geomorfologías más planas hacia el oriente del territorio nacional.
Las cadenas montañosas del país -cordilleras Occidental, Oriental y Central-, junto con otras áreas montañosas menos extensas, son el principal factor natural del territorio para que se desarrollen movimientos en masa. Además, en el país las lluvias intensas y prolongadas son el principal detonante de estos eventos, pero también están influenciados por varios de los factores antrópicos que mencionamos anteriormente.
Desde el 2019, el presupuesto para atención de desastres en Colombia ha aumentado de $43 mil millones a cerca de $286 mil millones, casi seis veces, lo que evidencia la importancia de tomar medidas que se acerquen más a la prevención y propendan por evitar, en la medida de lo posible, fatalidades y pérdida de infraestructura. Según la Ungrd, en 2021 se presentaron 126 víctimas fatales asociadas a desastres de origen natural, y en lo que va corrido de 2022 se registran 33 muertes.
El Servicio Geológico Colombiano, entidad nacional encargada de evaluar y monitorear las amenazas de origen geológico, dentro de las que están incluidas los movimientos en masa, en el año 2015 elaboró el Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa. Este estudio permitió categorizar diferentes niveles de amenaza por movimientos en masa en el país, definiendo que el 50 % del territorio nacional está categorizado en amenaza baja, el 22 % en amenaza media, el 20 % amenaza alta y el 4 % en amenaza muy alta.
Y cuando los datos obtenidos del Mapa de amenaza relativa por Movimientos en Masa se cruzan con el Censo Nacional de población (año 2018) se identifica que más del 80% de la población colombiana se encuentra en zona de amenaza media, alta y muy alta por movimientos en masa.
De acuerdo a la Ungrd, el departamento de Antioquia tiene el mayor número de registros de movimientos en masa (1.393), seguido por Cundinamarca (1.068), Nariño (1.046), Tolima (957), Boyacá (800), Santander (785), Valle del Cauca (781) y Cauca (736). Los departamentos con mayor número de personas y familias afectadas han sido Nariño, Risaralda, Valle del Cauca, Santander, Cauca, Tolima y Boyacá. Estas cifras y el registro de movimientos en masa ocurridos en el país evidencian la necesidad a escala local de conocer, caracterizar y analizar estas amenazas para implementar medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la población colombiana frente a las mismas.
En virtud de lo anterior, profesionalizar los territorios con conocimiento científico y sus aplicaciones es fundamental para aportar al crecimiento y desarrollo sostenible de los mismos. El ordenamiento territorial debería ser política de Estado, no de cada gobierno de turno, y el conocimiento geológico es fundamental para esto. Si lo observamos desde la óptica del desarrollo sostenible, la única manera de lograr el cumplimiento de los tres ejes necesarios (social, ambiental y económico) se fundamenta en conocer muy bien nuestros territorios: si cuentan o no con recursos hídricos, si hay potencial o no de recursos minerales o energéticos no renovables, identificar los riesgos y las amenazas de origen natural que existan en los territorios y la posibilidad de que la actividad humana las detone.
Colombia es un país rico geológicamente, tenemos cordilleras que nos han entregado minerales, útiles especialmente ante los retos de desarrollar las energías renovables, cuyos materiales requieren sílice, por ejemplo. Contamos con cuencas sedimentarias en donde históricamente, en el tiempo geológico, se depositaron rocas ricas en materia orgánica, y hoy nos entregan hidrocarburos, especialmente gas, llamado el recurso de la transición energética, pero que ha venido sosteniendo las termoeléctricas de nuestro país, para no utilizar más carbón. El petróleo también ha venido aportando de manera significativa a que nuestro país cuente con recursos de inversión importantes, que han permitido avanzar en el desarrollo de infraestructura vial de nuestro país, por ejemplo.
Y todos estos casos que se mencionan son posibles porque el conocimiento geológico obtenido, interpretado, analizado y evaluado por nuestros profesionales permitió identificar zonas potenciales para cada uno de estos recursos. Pero necesitamos más, las cifras hablan por sí solas: todos los municipios de Colombia necesitan a un geólogo, y la propuesta de “Un geólogo por municipio” busca fortalecer el desarrollo social y la construcción de relaciones responsables con el medio ambiente a partir de tres ejes fundamentales: geoamenazas, recursos no renovables y agua subterránea.
Cifras del Banco Mundial señalan que el 86 % de la población colombiana y el 44 % del territorio se ubican en zonas de amenaza sísmica media y alta, el 28 % de las viviendas corren peligro de inundación y cerca de 700 municipios están en zonas amenazadas por deslizamientos. Y por otro lado, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de primera generación no incluyeron criterios para gestionar el riesgo de desastres. El 97 % de los POT no tienen estudios de amenaza y riesgo urbano, cifras que son realmente preocupantes para un país como el nuestro. El conocimiento geológico debe ser democratizado, y estar en las manos de todos los habitantes del país, para que disfruten de los hermosos paisajes que tenemos y quizá reconozcan que fue por algún fenómeno geológico que se formaron, pero para que también tomen decisiones fundamentales para sus vidas con el conocimiento geológico adecuado como insumo.
* Clemencia Gómez (Presidenta junta directiva ACGGP) / **Flover Rodríguez-Portillo (Director ejecutivo ACGGP)
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