Por Pablo Emilio Obando Acosta
peobando@gmail.com
A esta hora en Colombia son miles los colombianos con un panorama laboral oscuro. Su condición de contratistas los ha convertido en una especie de parias en su propia tierra. En cada departamento y municipio, de acuerdo a los resultados electorales, se prepara una masacre laboral. Para unos es el inicio de una oportunidad por cuanto su candidato fue favorecido en las urnas, para otros, los perdedores, es el inicio de un periplo burocrático en busca de una nueva y esquiva oportunidad laboral.
Llámese como se llame, es una verdadera masacre laboral la que se avecina en Colombia. Los contratistas deben sufrir esa precariedad laboral que los condena a una permanente zozobra en la continuidad de su labor. Nada importa su desempeño o el conocimiento de sus funciones, prima y se impone el respaldo político de un gobernante o de uno de los elegidos. La función pública “convertida moneda de estanco para todos los trágicos más bajos” .
Se debe ponerle coto a una ilegalidad amparada en las leyes y en las normas vigentes. Los criterios para la continuidad o terminación de un contrato por parte de un departamento o municipio se deben sustentar en criterios más éticos y legales. De no ser así continuamos en las mismas, en el manoseo de la institucionalidad para perpetuarse en el manejo de nuestras instituciones.
Puede sonar iluso, pero sería sensato que los contratistas demanden al Estado en caso de terminación injustificada de su contrato en una entidad estatal. Pero no, la realidad es que si la necesidad existe, esta debe sustentarse en aspectos tan básicos como el conocimiento de las funciones y la experiencia en el desarrollo de las mismas. Ocurre que por esas cosas electorales se les termina el contrato a unos para otorgárselo a otros. Simplemente por criterios tan estultos como el pertenecer o no a un grupo político o ser parte de una corriente electoral.
La función pública va más allá. Se basa en la capacidad, el conocimiento, la experiencia y el correcto desempeño de unas funciones. Si se reemplaza a un contratista con estas características y condiciones para contratar a otro profesional que no reúne las mínimas exigencias del cargo, se afecta y de manera profunda la función pública y eso es corrupción
Por eso no es iluso llamar a estos colombianos, afectados por los resultados electorales, para que protesten y sienten un precedente en cada uno de los departamentos y municipios de Colombia. Son colombianos con necesidades y compromisos que contribuyeron con su labor a hacer patria y no es sensato ni justo que las normas laborales de su país no los protejan. Se debería evaluar su labor en el primer trimestre de cada gobierno y luego sí, posterior a ello, determinar su continuidad o no en las funciones de su contrato.
Si las cosas continúan así de lamentables y precarias podemos afirmar que lo nuestro no es una democracia sí no una simple disputa electoral. Hoy, reitero, cientos y miles de colombianos viven una navidad negra por cuanto su contrato finaliza por causas ajenas a su desempeño profesional.
Un gobernante justo tiene la obligación de velar por todos sin discriminación alguna, propender por la creación de políticas de empleo y proteger la vida, honra y tranquilidad de sus gobernados. Muchos aducen que deben gobernar con los suyos, con su gente, con su grupo, con sus electores. Verdad triste, deplorable y dolorosa por la sencilla razón que su misión no es afectar el correcto funcionamiento de las instituciones si no velar por la paz y tranquilidad de todos.
Cremos en la buena fe de nuestros gobernantes, en su sensatez en su sapiencia y sabiduría. No podemos continuar con un esquema laboral en el cual la mitad de los combianos deben quedarse sin trabajo mientras otra mitad celebra su ingreso al mundo laboral, así sea con un contrato.
Miles de colombianos quedan sin empleo, sin opción, sin esperanza alguna de encontrar una nueva oportunidad. Colombianos que ante el modelo burocrático y clientelista que los acecha y que unas veces los afecta y otras los favorece deben sentarse a esperar una nueva batalla electoral para vengar la afrenta de su pérfido salteador.
Debe cesar esa horrible noche para la mitad de colombianos. Esa no es una verdadera democracia, es una tiranía maquillada de simples sufragios que deciden el destino de una colectividad. Los contratistas salen sin prestación alguna, sin ahorros, sin una cesantia o tan solo con un capital que les permita asumir los grandes retos de la vida. De sus ingresos deben pagar su salud, riesgos profesionales, estampillas y todo un cúmulo de obligaciones legales. “El contratista debe pagar toda su seguridad social completa, la empresa contratante no le paga nada, como es el caso de otros tipos de contratos como el indefinido o el contrato por obra o labor. En estos el empleado solo debe pagar el 4% en salud y 4% en pensión para un total de un 8%, mientras que un contratista debe pagar el valor pleno que equivale al 12,5% en salud y al 16% en pensión, para un total de un 28,5%, con una diferencia porcentual de 20,5% adicionales. Esto es algo absurdo, es claro que debería ser equitativo, si a igualdad nos referimos de acuerdo a la carta magna colombiana”.
Si esto es lo que concebimos como democracia estamos frente a una mentira tan grande que su propio peso y tamaño termina por aplastarnos.
De esa manera tan ruin proceden las izquierdas y las derechas, los mamertos y los doctores que aprendieron en sus universidades a multiplicar geometricamente las necesidades de sus pueblos para mantenerlos siempre sedientos de sus dadivas y favores.
Los contratistas son colombianos que merecen respeto y toda nuestra solidaridad. Y la justicia de una función pública puesta al servicio del derecho y no de las conveniencias políticas o electorales. Debemos sentar un precedente como patria justa y democrática, tomarnos las calles, municipios y departamentos con la voz firme y serena de colombianos afectados por una democracia que paga o cobra los favores en las urnas.
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