El departamento de Nariño se ha convertido en el epicentro de una transformación histórica en la atención migratoria del país. Gracias a un proceso participativo que nace desde los municipios, se impulsa la creación de la primera Política Pública de Refugio en Colombia, una iniciativa liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores que prioriza las voces de las comunidades fronterizas.

Esta acción busca dar una respuesta técnica y humana a las complejas dinámicas de movilidad en el sur de Colombia, asegurando soluciones reales para aproximadamente 41.500 personas refugiadas y migrantes con vocación de permanencia en el territorio nariñense.

Municipios clave y cumplimiento legal Localidades como Ipiales, Pasto y Tumaco, que registran la mayor concentración de población en tránsito y desplazamiento, encabezan la implementación de este modelo. Además, este avance responde al cumplimiento de la Sentencia SU-543 de 2023, la cual ordena al Estado colombiano robustecer el sistema de atención para quienes solicitan refugio.

“Nariño es fundamental en la estrategia del sistema de refugio en Colombia, porque aquí convergen dinámicas migratorias complejas”, explicó Leonardo González, coordinador del Grupo Interno de Trabajo para la Atención a los Refugiados de la Cancillería. Por su parte, el Secretario de Gobierno Departamental, Fredy Andrés Gámez Castrillón, destacó la unión de esfuerzos entre la Defensoría, Procuraduría y personerías para que esta política sea inclusiva y responda a la realidad de las zonas con alta presión humanitaria.

Fortalecimiento institucional Desde lo local, funcionarios y organizaciones sociales celebran estas herramientas. Andrés Erazo, personero de Taminango, señaló que estos espacios brindan capacidades para atender casos diarios en el corredor Panamericano, mientras que Evelin Palma, de la corporación ALABA, resaltó la importancia de generar confianza para orientar mejor a la población migrante.

Con este liderazgo regional, Nariño asegura que la nueva gobernanza migratoria de Colombia tenga un enfoque territorial y humano, garantizando la protección de los derechos fundamentales en la frontera sur.