No cabe duda que las negociaciones de paz
entre el gobierno nacional y el grupo insurgente de las FARC E.P., es el
proceso que acapara mayor atención en todo el territorio colombiano; siendo una
de las razones fundamentales la urgencia que tiene esta nación en buscar una
salida negociada al conflicto armado que yace sesenta años atrás, dejando a su
paso miles de muertos, lisiados y otro tanto psicosiados por la zozobra e
incertidumbre que genera la guerra.

Existe mucha expectativa por parte de la
población, sin embargo las opiniones están encontradas; mientras unos son
escépticos a los resultados que se puedan lograr, otros mantienen viva la
esperanza de que esta controversia armada llegue a un buen término, empezando
con la dejación de las armas y la concertación para la implementación de
verdaderos programas sociales. Lógicamente que después de tantos años y cinco
oportunidades de intentos en busca de soluciones pacíficas a la confrontación,
las opiniones al respecto seguirán siendo controvertidas.

La formalización de las negociaciones en la
ciudad de Oslo, sirvió para aterrizar imprecisiones, fortalecer posiciones y
enfocar la intención por un sendero real, responsable, maduro y objetivo, donde
este proceso sea diferente a los anteriores que aprovechando las malas
experiencias, hoy las actuaciones sean argumentadas y ajustadas a la necesidad
de una sociedad ambiciosa de tranquilidad y optimista por una mejor patria.

La ciudadanía de bien se ha manifestado en
diferentes escenarios en pro de respaldar tan importante acercamiento de los
actores responsables de la lucha armada, solo algunos mal intencionados añoran
que el objeto no se cumpla, por el contrario, son partidarios de continuar en
esta actividad equivoca que a la vista se nota les ha arrojado positivos
resultados de poder y económicos.

No obstante, los discursos de inicio son
bastantes divididos, mientras los negociadores del gobierno son claros en
afirmar que el propósito es que las FARC E.P. se reintegren a la sociedad civil
y puedan participar del proceder político electoral,  la delegación de la guerrilla en cambio ha
manifestado el propósito de que esta es la oportunidad para reformar
estructuralmente el sistema gubernamental en el país.

Desde ya se observan contradicciones y
actitudes no muy claras por parte del jefe negociador del gobierno, donde
textualmente expresó: “…esta es la oportunidad para la transformación de la
sociedad”, mientras en el mismo discurso más adelante manifiesta:”…no hemos venido
a discutir sobre el modelo económico, político o inversión extranjera, solo a
buscar una negociación para la deposición de las armas”, lo que no sucedió con
la contraparte siendo directos y concisos, actitud que incomodó a una parte de
los colombianos. No se puede desconocer que una de las causas que dio origen a
la conformación de agrupaciones armadas ha sido el sistema político y económico
del país; una estructura neoliberal patentada por un capitalismo irresponsable,
produciendo resultados antisociales, como aumento de la pobreza, desempleo,
violencia y escasas oportunidades de participación y equidad.

Es claro que la paz debe discutirse sobre
hechos reales, teniendo como referencia la existencia de la gran problemática
de desigualdad, injusticia, corrupción, desplazamiento y por supuesto un modelo
económico y político apático al pueblo. El tiempo ha demostrado que el actual
sistema de gobierno no es el más conveniente para hacerle frente a la ingente
necesidad de cambio que la población espera. En este sentido, se nota que el
discurso del comandante guerrillero estuvo dentro de los términos inevitables
en un proceso serio de paz, de lo contrario, no tendría objetividad y el
esfuerzo y sueño de millones de colombianos se iría al traste.

Los diálogos continuarán el próximo quince de
noviembre, y desde ya se mira la susceptibilidad del proceso, debido a temas
álgidos y embarazosos para el gobierno como la tenencia de la tierra y la
implementación de una verdadera reforma agraria. Aunque en el momento se hable
de la política de restitución de tierras, esta no es suficiente porque es una
Ley incompleta, conllevando a las víctimas a comprometer lo que les reintegran
con la empresa privada que siempre poseerán los recursos económicos para su
explotación.

Domingo, octubre 21 de 2012

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