Por Sergio López Arias
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Actualmente, uno de los grandes problemas sociales que enfrenta el país es el relacionado con el hacinamiento carcelario. Este problema ha alcanzado tal magnitud que nuestra Corte Constitucional, ante la infinidad de acciones de tutela en búsqueda de las garantías fundamentales de los internos y ante las graves violaciones de derechos humanos en los diferentes centros carcelarios del país, lo declaró como un “Estado de Cosas Inconstitucionales”.
Para el Estado colombiano, el costo mensual de un interno con medida privativa de la libertad en alguno de los 128 establecimientos carcelarios del país, bajo la supervisión del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), es de aproximadamente dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) moneda corriente (mcte) mensuales. Esta suma incluye la alimentación, los servicios de salud y la vigilancia, es decir, el gasto en un interno es superior al salario mínimo mensual vigente para los trabajadores en Colombia.
Actualmente, se reportan en Colombia cerca de 98 mil ciudadanos que están cumpliendo penas privativas de la libertad. Los gastos de cada uno de ellos le cuestan mensualmente al Estado más de 254 mil millones de pesos, lo que representa un monto superior a los 3,02 billones de pesos anuales. Este cálculo no incluye el costo generado por las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran con medidas preventivas mientras se adelantan los procesos penales respectivos en los centros de detención transitoria, los cuales están a cargo de los respectivos municipios y bajo la vigilancia de la Policía Nacional.
Los procesos de resocialización de la pena que deben cumplir los establecimientos carcelarios son casi nulos en el país. Según información de la Corporación Excelencia en la Justicia, a diciembre de 2023 la tasa de reincidencia en delitos fue del 21,8%, siendo los delitos de mayor reincidencia el hurto, seguido del tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. No obstante, nuestros Congresistas consideran que en Colombia los problemas de seguridad se deben solucionar, tipificando como delitos más conductas y limitando a la justicia en muchos casos la posibilidad de aplicar medidas privativas de la libertad extramurales.
Si para muchos de estos internos, que hoy le cuestan al país dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) mcte mensuales, se facilitaran medidas de resocialización como trabajos comunitarios bajo la vigilancia del INPEC, en labores de mantenimiento de bienes y escenarios públicos, como escuelas, parques, calles, descontaminación de ríos y quebradas, además de educarse en un arte o actividad laboral con el SENA, podrían garantizar un mínimo vital a sus familias y aportar al sistema de seguridad social integral. Todo esto con la única condición de pernoctar en las instalaciones de los establecimientos carcelarios y mantener una buena conducta.
De esta manera, se estaría resolviendo el hacinamiento carcelario, generando procesos de resocialización efectiva, garantizando el mínimo vital a las familias de los internos, educándolos en un arte o actividad laboral para que no reincidan en el futuro, aportando al sistema de salud y pensiones, y apoyando en tantas labores de obra y servicios en bienes de uso público que presupuestalmente no pueden cubrir los respectivos municipios. El dinero que el Estado debe gastar sería el mismo cada año, pero es momento de reinvertirlo en una verdadera resocialización de la pena.
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