Por: Nilza María Pantoja Agreda
Facebook: Pantojanilza
Dos documentos de entidades de renombre han sido publicados en los últimos días: el Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch (HRW) y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, cada uno de ellos dan un panorama complicado para Colombia:
El Informe Mundial 2024 de HRW, en su 35ª edición, publicado en enero del 2025 indica que Colombia es el país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos, uno de los peores para la libertad de prensa y sobre desplazamiento forzado menciona que en 2024 hubo un aumento del 39% respecto al 2023, solo entre enero y julio del 2024 se desplazaron según la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU 121.000 personas. Además, muestra una clara expansión de grupos armados, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aumentó su presencia en 55%, las disidencias de las FARC en 23% y el Clan del Golfo en 30%, estos grupos siguen siendo protagonistas de abusos atroces, donde las comunidades más vulnerables son indígenas, afrodescendientes y campesinas.
El otro informe, el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, publicado también en enero del 2025, subraya la desconfianza generalizada hacia las instituciones públicas. Colombia mantiene una calificación de 39 sobre 100, y ocupa el puesto 92 entre 180 países, descendiendo 5 puestos en el ranking global. Una señal que la corrupción sigue siendo un cáncer que carcome los recursos destinados a la paz, la justicia y el desarrollo. Los escándalos recientes de corrupción empeoran la percepción y muestran nuestra absoluta debilidad.
Adicional a lo anterior, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU resalta tras su visita entre el 21 de noviembre al 5 de diciembre del 2024, deficiencias sistémicas como la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas. Se habla de una cifra entre 98.000 a 200.000, con una impunidad que bordea el 99,86%, según un estudio publicado por la ONG Human Rights Everywhere. Al parecer, tienen demasiada duplicidad de funciones, mucha burocracia y paquidermia institucional.
El comité finaliza su anuncio con una frase contundente: “Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son solo un crimen del pasado, siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias”.
La verdad es que más allá de las cifras escandalosas, cada una de ellas tiene una historia de vidas truncadas, comunidades desplazadas y generaciones atrapadas en la incertidumbre. El desafío no solo para el gobierno, sino para la sociedad y se requiere voluntad política y un compromiso serio que combata la corrupción sistémica, la violencia crónica y las desigualdades económicas con acciones reales, pues si no hacemos algo, vendrán peores cifras que entierren la esperanza del cambio entre las sombras del abandono.
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