Desde Nod

Por Alejandro
García Gómez

pakahuay@gmail.com

Desde fines de
septiembre de 1973 y por un tiempo largo, el helicóptero militar Puma, del
ejército chileno, partía desde Santiago, la capital, y se posaba en diferentes
ciudades del país. En él volaba el general Sergio Arellano –con su comitiva- en
funciones de Oficial Delegado de Pinochet. Era su alter ego en cualquier sitio
de Chile donde cumpliera su “misión”. Que era… ¿Cuál? Muchos años más tarde,
según declaración de Arellano a la Comisión Nacional de la Verdad y
Reconciliación de Chile (conocida como Comisión Rettig): “…uniformar políticas
y criterios institucionales, [emanadas del] gobierno interior y revisar el
estado de los procesos, con el objeto de acelerarlos, por una parte y velar que
los acusados tuvieran una adecuada defensa, por otra”.

Largo carretazo que la
gente la bautizó como “La caravana de la muerte” y así se la conoce hasta hoy;
La Comisión Rettig la denominó más blandamente “El endurecimiento de octubre”.
Su intención: aterrorizar a la población desde esos primeros días del golpe del
11 de septiembre. Método: masacres de prisioneros encausados después del golpe
–sin juicio aún, ni menos fallo- en cada ciudad donde se posó. 

Esto lo narra
de manera prolija, y con la debida sustentación, la periodista y escritora
chilena Patricia Verdugo (1947-2008) en el libro que da título a esta reseña.
En los primeros tres meses (1989) alcanzó la cifra de más de cien mil copias;
ha tenido otras ediciones y también cuenta con una en internet. El “héroe”
criminal del reportaje, el general Arellano, demandó a la autora ante los
estrados judiciales. “[en 1991] La Corte Suprema [de Chile], por unanimidad, no
encontró razón alguna para someterme a proceso”, dice ella. El juez con
funciones de ministro para esta causa particular de Derechos Humanos de Chile [Juan
Guzmán], tuvo este libro como herramienta de trabajo, “con párrafos marcados en
cada página”, agrega la autora, qepd.

¿Cómo era el
“modus operandi” de la Caravana de la muerte? Llegaba con el general Arellano a
la cabeza y cada comandante de Plaza lo recibía en el aeropuerto. Arellano le
enseñaba la orden-comisión de Pinochet y en él se plegaba el poder total de esa
comandancia. Solicitaba las listas de los detenidos y el informe de los
Consejos de Guerra. “Chuliaba” unos nombres con lápiz rojo. Su Estado Mayor
(formado sólo por oficiales de alto nivel) ya conocía el lenguaje de esa señal:
debían ser eliminados sin fórmula de juicio. Cumplida la orden –casi siempre en
las tinieblas de la noche-, las actas de los asesinatos los firmaba antes o
después o entre el desayuno del día siguiente. Todos se produjeron en personas
que saldrían libres en pocos días o que se encontraban en etapa de juicio. Las
ciudades fueron Talca, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama.
¿Cuál, el crimen? Terrorismo, pero el hilo común que los unía era ser
militantes de izquierda o librepensadores o rebeldepensadores.

Por el estado
de descuartizamiento, a los familiares ni siquiera se les permitía el derecho a
sepultar sus víctimas. El Estado Mayor los inhumaba anónimamente en cualquier
arenero del desierto chileno. Aún hoy –según Verdugo-, de 75 víctimas
identificadas, sólo se han entregado a sus familiares los restos de apenas 57.
18 figuran como desparecidas y los criminales –irónicamente- no han podido
disfrutar del beneficio de la Ley de Amnistía porque éstos –ante la ley- se
encuentran en calidad de secuestrados, y ésta no cobija a los secuestradores
hasta que no devuelvan a sus víctimas o sus restos.

Son cosas que
deberíamos aprender en nuestro país, por el proceso similar que llevamos, con
los desaparecidos o secuestrados que no han tenido retorno de las personas o de
sus osamentas, causados por la  extrema
izquierda o extrema derecha. ¿O las leyes internacionales admiten otra cosa?
02.II.17

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