Tomado de

www.elespectador.com

El presidente
señaló que la norma que daba garantías laborales a las madres comunitarias es
inconstitucional y genera un impacto fiscal de altas proporciones.

La ley que
buscaba garantías laborales para las madres comunitarias del país, encargadas
de los cuidados de casi 750 mil niños de escasos recursos y en situación de
vulnerabilidad, no será una realidad. El presidente Juan Manuel Santos objetó
esta iniciativa al considerar que era inconveniente en su totalidad porque
resulta contraria a la Constitución y porque “genera un impacto fiscal de
enormes proporciones”.

Según explica
el concepto de la presidencia, la posibilidad de dar subsidio a la vejez y
educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad
de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio
constitucional de sostenibilidad fiscal”. Es decir, no hay plata con qué
cumplir con esa promesa.

La polémica
explicación de la presidencia también se refiere a la posibilidad de que las
más de 50.000 madres comunitarias tuvieran un contrato a término indefinido con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al respecto señala que se
ampliaría la planta laboral de 6.000 personas a 61.000.

En síntesis,
los beneficios que se buscaban para las madres comunitarias quedaron en letra
muerta y una de las justificaciones que plantea el Gobierno es que, desde 2014,
las madres comunitarias gozan de protección laboral mediante su vinculación con
las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar.
Es decir, continuarán bajo la figura de la tercerización laboral. (Lea: El
calvario de las madres comunitarias)

Hace casi un
año, las madres comunitarias del país se ubicaron frente de la sede del ICBF en
Bogotá durante 11 días, precisamente para protestar por las precarias
condiciones laborales. En ese momento, hubo un duro debate en el Congreso,
realizado por el senador del Polo Democrático Alexander López contra la
directora del ICBF, Cristina Plazas, en el que desnudó irregularidades como la
informalidad de las madres comunitarias, la pésima y mal balanceada
alimentación de los menores y los contratos millonarios a entidades que eran,
finalmente, las encargadas de subcontratar el cuidado de los niños.

Por ese motivo,
el mismo senador López inicio el trámite de esta ley que fue objetada de un
plumazo. En su articulado planteaba que entre otros temas: vinculación laboral
formal con trato preferencial a madres cabeza de hogar; capacitación y
vinculación educativa; para quienes hayan trabajado durante más de 10 años
tendrán acceso a pensión, siempre y cuando tengan más de 57 años. Además,
planteaba que la alimentación de los menores fuera entregada con contenidos
nutricionales adecuados y acorde a las costumbres gastronómicas de la región.

Así las cosas,
con la objeción de la ley, más de 50.000 madres comunitarias seguirán
pendientes de la contratación que se realice a través de terceros, que
establecen convenios interinstitucionales con el ICBF. Lo que podría ir en
contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que dejó claro que las
madres comunitarias tienen derecho a todas las garantías laborales.

No obstante,
según el concepto de la objeción presidencial, el Programa Hogares Comunitarios
de Bienestar, a través de contratos laborales, genera las garantías mínimas
previstas en la legislación laboral colombiana, contenidas de manera especial
en el Código Sustantivo del Trabajo.

El Espectador
habló con el senador Alexander López, autor de la ley que objetó el presidente
Santos y fue radicalmente crítico “El gobierno no puede ser miserable con las
madres comunitarias. ¿A quién le dieron el premio Nobel de Paz? Al que tiene la
mano tendida para los violentos a los que les van a dar salarios y seguridad
social y hace lo contrario con más de 50.000 señoras que cuidan a niños en
condición de vulnerabilidad”.