Tras más de dos décadas de limitaciones al desarrollo territorial, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, firmó el decreto que adopta el Nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras, un paso jurídico clave que habilita al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a evaluar el retorno a la normalidad en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA), decretada en 2005 en los municipios de Pasto, La Florida y Nariño.

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La decisión fue presentada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Florida, durante la audiencia de seguimiento a la Sentencia T-269 de 2015 de la Corte Constitucional, que supervisa el cumplimiento de las órdenes relacionadas con estos territorios ubicados en las faldas del volcán Galeras.

Un nuevo marco técnico y jurídico

Con la firma del decreto departamental se sustituye el instrumento técnico vigente desde 2005, se actualizan los estudios de amenaza volcánica y se activa la ruta nacional para que el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo evalúe la posibilidad de retornar a la normalidad. La decisión final deberá adoptarse mediante decreto presidencial, con el respectivo soporte presupuestal.

El acto administrativo no levanta por sí mismo la declaratoria de desastre, sino que constituye el respaldo técnico y jurídico, basado en estudios actualizados, para escalar la decisión al nivel nacional, junto con la definición de los recursos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda.

“Lo que viene ahora es la convocatoria al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo para que el señor presidente Gustavo Petro derogue el decreto expedido en 2005. Esta ruta es producto del consenso con las comunidades y de estudios técnicos actualizados sobre el riesgo real”, explicó Carlos Carrillo Arenas, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

#AEstaHora | Desde Pasto, el director de la UNGRD, @CarlosCarrilloA, participa en la audiencia de seguimiento a la sentencia T-269 de 2015 sobre el volcán Galeras, convocada por la @CConstitucional.

En cumplimiento de la orden judicial, la UNGRD lideró la construcción y… pic.twitter.com/9cDC8PoUK7

— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 20, 2026

Impacto social y económico

La declaratoria de 2005 afectó amplias zonas urbanas y rurales de los tres municipios, restringiendo la inversión pública, la ejecución de obras estratégicas y la valorización del suelo, lo que frenó el desarrollo económico y social de comunidades campesinas e indígenas.

“Esta es una decisión política responsable que acompaña una lucha de más de 21 años de nuestras comunidades. Hoy estamos dando un paso para devolver la esperanza a los territorios apostados en las faldas del Galeras. No se trata solo de un decreto, se trata de restituir el derecho a vivir, producir y crecer en su propia tierra”, afirmó el gobernador Luis Alfonso Escobar.

Desde el corregimiento de Genoy, en la zona rural de Pasto, las comunidades indígenas han enfrentado severas limitaciones en vivienda, infraestructura educativa, vías y equipamientos públicos. “Han sido 21 años de atraso. No hubo inversión en vivienda ni en infraestructura básica. Esperamos que este paso permita reparar esos daños y activar el desarrollo para indígenas y campesinos que resistieron en el territorio”, señaló José Henry Criollo, gobernador del Cabildo Indígena de Jenoy.

En La Florida, la medida impactó cerca de la mitad del casco urbano y restringió durante años las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales, además de la inversión en infraestructura vial y social. La falta de oportunidades obligó a más de 10 mil habitantes a migrar, generando una profunda crisis económica y social. “Fue una lucha social, jurídica y administrativa de más de 20 años. Este plan debe cerrarse con inversión real que reivindique al territorio y permita recuperar las oportunidades perdidas”, manifestó el alcalde Andrés Felipe Díaz Muñoz.

Un punto de inflexión para el territorio

El proceso marca un hito institucional en el cumplimiento de la Sentencia T-269 de 2015 y abre la posibilidad de redefinir el ordenamiento territorial y el futuro económico de la región, bajo criterios técnicos actualizados y una estrecha articulación con el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar desarrollo, seguridad y bienestar para miles de familias nariñenses.

Fuente y foto: Gobernación de Nariño